Con 12 millones de dólares Google financiará una red mundial de inquisidores a través del Instituto Poynter Media. Los nuevos Torquemada están encuadrados en 135 chiringuuitos que operan en 65 países y en más de 80 idiomas.

Es un mordisco de los 13,5 millones de dólares concedido por los grandes monopolios tecnológicos a la IFCN (International Fact-Checking Network), una división del Instituto Poynter que, sin embargo, asegura que no tiene ánimo de lucro.

En España forman parte de la IFCN los censores de Newtral y Maldita.

El dinero se utilizará para ampliar las actuales operaciones de la IFCN, así como para estrechar el control del flujo informativo sobre lo que consideran como “desinformación”, que es todo aquello que desmiente las versiones oficiales de los gobiernos y las grandes empresas.

La IFCN fue creada en 2015 por el Instituto Poynter para reunir los inquisidores de todo el mundo en una red unificada. En la actualidad colabora con más de 100 tinglados de todo el mundo que adiestran a los nuevos Torquemada y demás aficionados a quemar libros.

A pesar de que no tiene ánimo de lucro, los ingresos de Poynter han aumentado un 150 por cien desde 2017. Este año sus ingresos superaron los 15 millones de dólares. Entre sus principales financiadores se encuentran Facebook, TikTok y Google.

La privatización de la censura

El objetivo de Google no es ayudar a encontrar información, sino a controlarla y crear un nuevo “Index”, una lista negra de fuentes independientes y alternativas, como mpr21.info, enterrándolas entre los resultados de su buscador.

La distinción entre lo que constituye “información” y lo que constituye “desinformación” es arbitraria y depende de si se alinea con la versión oficial que suministran quienes detentan el gobierno, la industria, la universidad, las instituciones o los colegios profesionales.

En Estados Unidos, en un reciente pleito, Facebook ha reconocido que la llamada “verificación de hechos” que encubre la censura, son opiniones y, como tales, están protegidas por la libertad de expresión. No son declaraciones objetivas, por lo que unas opiniones, las dominantes, sirven para censurar otras, las independientes.

La transferencia de la censura de los organismos públicos a los privados es característico de los nuevos tiempos. Permite que el Estado, los fiscales, los jueces, los policía y demás aparatos de represión queden al margen y se mantenga la imagen de la defensa de los derechos fundamentales. Son las empresas tecnológicas las censuran, no el Estado, que no puede inmiscuirse en una cuestión que parece “comercial” más que política.

Sin embargo, en Twitter se ha demostrado que no es así, que las nuevas empresas tecnológicas actúan por encargo o en connivencia con los gobiernos y que la Unión Europea ha exigido a Twitter que imponga un censura más estricta a las opiniones.

Así se refuerzan los aparatos represivos del Estado, mientras que su responsabilidad pública desaparece. El cierre gubernamental de un periódico se puede recurrir ante el juez; el cierre de una cuenta de Facebook no.

Las redes sociales aumentan la capacidad del Estado para vigilar, controlar, censurar y despersonalizar a los “bichos raros” que suministran informaciones fuera de los circuitos oficiales de las grandes cadenas.

El siguiente paso ya está en marcha. Se trata de controlar la información por medio de inteligencia artificial, que es más barato que tener a un Torquemada visitando las páginas de los “bichos raros” a tiempo completo.