El gobierno del PSOE y SUMAR ha anunciado un acuerdo con la patronal y con los sindicatos que conlleva entre otros pactos «la compatibilidad de la pensión con el trabajo». Se trata de la apertura de una pasarela directa para pensionistas pobres a puestos que les permita tener ingresos extra, a pesar de la edad.

La jubilación parcial ya existe en el actual régimen de Seguridad Social, pero estaba limitado a aquellas personas que habrían llegado a una edad y, en el mismo puesto de trabajo, podrían reducir su jornada cobrando dos tipos de salario: uno abonado por la empresa y otro abonado por la entidad gestora de su pensión. Se trataba de una pensión muy vinculada a los llamados «contratos de relevo».

Pero el acuerdo anunciado amplía los supuestos, y entre ellos se incluye la eliminación de barreras burocráticas para pensionistas que tengan que volver a trabajar, con la mira puesta en colectivos muy específicos.

En primer lugar involucra a las mujeres que a lo largo de su vida laboral, por dedicarse a la crianza fundamentalmente, tienen pocos años cotizados, y necesitan de un segundo trabajo para complementar la pensión.

Se trataba ésta de una figura muy demandada en empresas de servicios y en el sector sociosanitario, donde es habitual ver a mujeres próximas a la edad de jubilación intentando juntar días trabajados para llegar a los 65 con algo de pensión. Con esta reforma, si bien su pensión se reducirá proporcionalmente, esto no las impedirá seguir trabajando para juntar algunos años más que las permita incrementarla en los años venideros.

El otro colectivo afectado es el de los autónomos, que también acumulan años de trabajo pero con muy baja pensión, o simplemente trabajadores que sus pensiones están por debajo del salario mínimo y donde viene a ser necesario volver al trabajo para que las pensiones no sean tan magras.

Se trata de una medida de corte liberal no tan distanciada de la que ha acordado el gobierno griego de la derecha de Nueva Democracia y de la que hemos hablado aquí.

La similitud es notable porque la hipótesis que han manejado los negociadores tanto del gobierno como de la patronal y los sindicatos es que en efecto las pensiones son cada vez más insuficientes en comparación con el coste de vida, pero en vez de incrementarlas, se ha optado por crear una pasarela administrativa para que pensionistas de todas las condiciones puedan regresar al trabajo si quieren mejorar sus ingresos, tras una media de entre 35 y 40 años trabajando y cotizando.

La idea que se maneja desde el gobierno es que quien tenga pensiones bajas debe trabajar para mejorarlas, a pesar de la edad. Esto repercute de manera directa en aquellos sectores que no han tenido oportunidad de mejorar su cotización.

Se trata de un golpe bajo, anunciado a las puertas de agosto, que introduce a los pensionistas más pobres en el drama del pluriempleo y la ampliación encubierta de la edad de jubilación, y con el aval de las principales organizaciones sindicales, CCOO y UGT, como siempre.