06/09/25
En un documento oficial difundido por el Ministerio de Capital Humano, el Gobierno admitió que nunca se realizó la auditoría con la que se había justificado previamente la suspensión del envío de alimentos a comedores comunitarios. La información fue revelada por el periodista Ari Lijalad en El Destape Web, el 5 de septiembre de 2025 . Por ANRed.
La diputada Natalia Zaracho había solicitado, el 16 de mayo de 2024, copia del supuesto “informe de auditoría” al que aludió el entonces jefe de Gabinete Nicolás Posse en el Congreso, cuando afirmó que casi el 50 % de los comedores no existían. Dicha presentación, según consta en la versión taquigráfica, sostuvo: “Se hizo una auditoría… casi el 50 por ciento de los comedores no existían…” El Destape. Según datos oficiales, existen más de 45 mil comedores y merenderos en todo el país, mientras que el Gobierno había señalado que solo “auditaron” alrededor de 10 mil, de los cuales aseguraban que la mitad no funcionaba. Sin embargo, el propio Ministerio terminó reconociendo que tal auditoría jamás se realizó.
Tras judicializar el pedido por vía del acceso a la información pública, Zaracho recibió finalmente una respuesta oficial del Ministerio: “la referencia genérica a ‘auditoría’ comporta una interpretación… no a un informe de auditoría con los alcances previstos en la Ley N° 24.156”. En esos términos se reconoce que “la misma [la auditoría] resulta ser inexistente”.
La gestión del Ministerio de Capital Humano bajo conducción de Sandra Pettovello enfrentó una cascada de escándalos que dejaron al descubierto una profunda crisis institucional y una política sistemática de desatención a los sectores más pobres.
Mujeres que trabajan en comedores comunitarios protestan en Buenos Aires, el 5 de enero de 2024. Imagen: Natacha Pisarenko (AP).
Entre algunos episodios
Se constató que el Ministerio acumulaba más de 5 mil toneladas de alimentos en depósitos, sin distribuirlos entre comedores populares pese al riesgo de vencimiento. Esta retención provocó una protesta contundente de la UTEP, FOL, Polo Obrero y otras organizaciones sociales, visibilizada frente a los galpones estatales. La Justicia, liderada por el juez Casanello, ordenó su entrega en plazos estrictos, lo que desató una confrontación abierta entre el Poder Judicial y la cartera responsable.
La crisis escaló cuando curas franciscanos iniciaron una huelga de hambre, convocando a una celebración ecuménica frente al depósito de Villa Martelli: «Si nuestro pueblo no come, nosotros tampoco vamos a comer», proclamaron.
En julio de 2025, el Gobierno eliminó el Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios (RENACOM), creado en 2020 como herramienta de transparencia y fiscalización de los espacios de asistencia alimentaria. La resolución 393/2025 adujo fallas en el control interno y defendió un nuevo método de verificación presencial y tecnológica. Leer: anred.org
Sin embargo, sectores comunitarios denunciaron que la medida busca “borrarlos del mapa”, invalidando mecanismos de control que permitían visibilizar su existencia y su función socia. Leer: PAGINA12
Mientras los comedores continuaban vacíos, la Justicia avanzó con fallos condenatorios contra militantes del Polo Obrero, a quienes se acusó de coacción y extorsión. Desde organizaciones populares interpretan estas decisiones como una represalia estatal: “un golpe contra la libertad de organización”, dijeron. Leer: anred.org /po.org.ar.
La sacudida se extendió al interior del Ministerio. Se documentaron sobresueldos, compras cuestionadas y renuncias masivas: altos funcionarios dejaron sus cargos en conflicto con la gestión. (Leer aquí)