Ni palabra sobre el derecho del pueblo saharaui al referéndum de autodeterminación, defensa que el PSOE históricamente llevó en sus programas electorales, menos en las últimas elecciones generales, y que el propio Pedro Sánchez apoyó como presidente del Gobierno en septiembre de 2018 ante la Asamblea General de las Naciones Unidas.

En una escueta carta, Iván Redondo, Director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno y secretario del Consejo de Seguridad Nacional, responde a los parlamentaros y parlamentarias en nombre de Pedro Sánchez sin referirse al derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui, que fue acordado bajo los auspicios de la ONU por Marruecos y el Frente Polisario en el alto el fuego que alcanzaron en septiembre de 1991, consulta a la que se niega el régimen marroquí.

Pero esa defensa no se mantuvo y el Gobierno de Sánchez cambió la expresión de sus planteamientos adoptando otros amplios y menos concretos. En septiembre de 2019 , otra vez ante la Asamblea General de la ONU, el derecho del pueblo saharaui a decidir su futuro desapareció de la intervención de Pedro Sánchez: “Defendemos la centralidad de Naciones Unidas y deseamos contribuir a los esfuerzos del Secretario General para alcanzar, como establece las resoluciones del Consejo de Seguridad, una solución política justa, duradera y mutuamente aceptable en el marco de los principios y los propósitos de la Carta de Naciones Unidas.

La falta de alusión al derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui por parte del Gobierno de España en respuesta a integrantes del Parlamento Europeo, se ha producido precisamente poco después de dos pronunciamientos de la Unión Europea a favor del derecho a del pueblo saharaui a decidir su destino.

En respuestas a dos preguntas europarlamentarias, el Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Políticos y de Seguridad, Josep Borrell, dijo que la UE apoya a las Naciones Unidas para encontrar una solución política justa y duradera que contemple y garantice el derecho a la libre determinación del pueblo saharaui, precisamente lo que no dijo mientras fue ministro de Asuntos Exteriores de España.

En la carta al presidente del Gobierno se pidió, además, protección para la población saharaui de los territorios ocupado por Marruecos, para la que permanece en los campamentos de refugiados en territorio argelino y para la que vive en España, así como una intervención urgente ante la grave situación en la que se encuentra los presos políticos saharauis en cárceles marroquíes, lugares propicios para la propagación del Covid-19 por hacinamiento y total falta de higiene.

Ante la reciente sentencia del Tribunal Supremo que establece que haber nacido en el Sáhara Occidental durante la ocupación de España o ser descendiente de quienes lo hicieron no supone la obtener la nacionalidad española de origen, el Gobierno dice que no le corresponde valorarlos.

Añade que España mantiene entre sus principios básicos de política Exterior la defensa de los derechos humanos y el compromiso de la Cooperación Española con la población saharaui refugiada en los campamentos de Tinduf (Argelia), a la que apoya en momentos como los de la pandemia.

Enviaron la carta el presidente Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL–Anticapitalistas), Fernando Barrena Arza (GUE/NGL–EH BILDU), lzaskun Bilbao Barandica (Renew- PNV), Diana Riba i Giner (Greens/EFA–ERC), María Eugenia Rodríguez Palop (GUE/NGL-Podemos), Ernest Urtasun (Greens/EFA–Catalunya en Comú), ldoia Villanueva Ruiz (GUE/NGL–Podemos) y Ana Miranda (portavoz BNG Europa).