La decisión emitida el martes por la Junta Presidencial de Emergencia (JPE) contra los ferroviarios representa una declaración de guerra contra la clase obrera por parte del Gobierno de Biden.

Los trabajadores ferroviarios no han tenido un contrato por casi tres años. La junta nombrada por la Casa Blanca recomendó un nuevo acuerdo que impondría alzas salariales por debajo de la inflación, eliminaría un techo para las contribuciones individuales para el seguro médico y mantendría el control unilateral de la patronal sobre las políticas de asistencia.

Este veredicto provocó una respuesta furiosa de los ferroviarios, cuyos horarios brutales y el estancamiento salarial los han llevado al límite. Las condiciones intolerables han reducido aproximadamente el 20 por ciento de la fuerza laboral de los ferrocarriles de clase I, lo que a su vez ha permitido recortar los gastos y aumentar los márgenes de ganancias para las empresas de la industria más lucrativa en el país.

Ante la declaración provocativa de la patronal a la JPE de que los trabajadores “no deberían tener una participación en las ganancias” porque las ganancias récord no provienen de su trabajo, los trabajadores respondieron apropiadamente que entonces la gerencia no tiene por qué oponerse a una huelga de los trabajadores para defender sus propios intereses, dado que no se verían afectadas las ganancias según su ridícula teoría.

La decisión de la JPE ofrece una lección objetiva del carácter de clase del Estado, el Partido Demócrata y, detrás de ellos, los sindicatos proempresariales.

Los sindicatos ferroviarios avanzaron una campaña por meses para que se nombrara una JPE, diciéndoles a los trabajadores de que Biden intervendría como un árbitro neutral para resolver la disputa y que el “interés nacional” incluso lo haría tomar una decisión favorable para los trabajadores. En cambio, la JPE se alineó con las empresas en prácticamente todos los puntos.

Por casi dos días, los sindicatos guardaron silencio sobre el reporte. La tarde del jueves, el sindicato SMART-TD emitió finalmente una declaración deshonesta diciendo estar “desilusionado” con la JPE y “compartir la frustración” de los trabajadores. Eso es absurdo. Por más que les mientan a los trabajadores, a los ejecutivos sindicales no les pudo haber sorprendido el resultado porque esta JPE no actuó de forma distinta a ninguna de las otras juntas del pasado. De hecho, el presidente de la junta fue el mismo que intervino durante el contrato nacional ferroviario de 2011, después del cual los sindicatos también dijeron estar “desilusionados”.

Al mismo tiempo, la declaración del SMART-TD repitió las mismas mentiras de la gerencia de que el aumento salarial de 22 por ciento a lo largo de cinco años —que es aproximadamente la mitad de la inflación anual— es el alza salarial más alta en décadas. Esta declaración tan solo busca proteger a los ejecutivos sindicales de cualquier responsabilidad mientras buscan imponer este contrato traicionero según lo propuesto por la junta.

Hace casi dos siglos en El manifiesto comunista, Karl Marx y Friedrich Engels no definieron el Estado como una entidad neutral que se encuentra encima de toda la sociedad, sino como un instrumento político de dominio de clases, “un comité para administrar los asuntos comunes de toda la burguesía”. El fallo del martes ofrece una nueva prueba de que en todo el mundo hay pocos “comités administrativos” que son tan brutales en su persecución de los intereses de la oligarquía empresarial como el que tiene su sede en Washington D.C.

El poder presidencial para nombrar una JPE proviene de la Ley Laboral Ferroviaria, que efectivamente prohibió las huelgas en los ferrocarriles sofocando a los trabajadores con procesos judiciales interminables, arbitración obligatoria y “periodos de tregua”. Desde su promulgación en 1926, han pasado 17 Gobiernos sucesivos en estos 96 años, tanto demócratas como republicanos, que dejaron la ley intacta y la utilizaron regularmente en contra de los ferroviarios.

La ley fue una respuesta directa a las poderosas huelgas ferroviarias en el medio siglo que precedió su adopción. El Congreso no solo estaba interesado en poner un corral alrededor del enorme poder económico de los trabajadores ferroviarios, sino que, en la década que siguió a la Revolución rusa, buscaba suprimir este foco del radicalismo obrero en EE.UU.

Muchas de las huelgas anteriores, incluyendo la Gran Huelga Ferroviaria de 1877 y la Huelga Pullman de 1894, fueron lideradas por socialistas. El trabajador ferroviario y líder de la Huelga Pullman, Eugene Debs, descubrió los escritos de Marx en la prisión, después de que el Gobierno aplastara la huelga. Debs procedió a convertirse en el orador socialista y líder político más popular de la época.

El fallo de la JPE está íntimamente conectado con las provocaciones militares temerarias del imperialismo estadounidense contra Rusia y China. La misma semana del reporte de la JPE, varias explosiones masivas sacudieron el territorio de Crimea reclamado por Rusia, un producto de las operaciones ucranianas que sin duda involucraron una importante asistencia técnica estadounidense.

Al día siguiente de la decisión de la JPE, Washington anunció la apertura de negociaciones comerciales con Taiwán, que China considera una provincia rebelde y ha dicho que iría a la guerra para impedir su independencia formal. En un intento desesperado por apuntalar su hegemonía mundial frente a sus rivales, la clase dominante estadounidense se precipita temerariamente hacia la Tercera Guerra Mundial.

Ninguna potencia imperialista puede librar una guerra en el extranjero sin librar también una guerra contra la clase obrera en casa. Como parte de los preparativos de todas las grandes guerras de la historia moderna, la primera prioridad de los planificadores militares ha sido siempre asegurar el “frente nacional”, bloqueando las huelgas e imponiendo la disciplina laboral.

Para ello, los oficiales sindicales, basándose en la colaboración de clases, se alinean con “su propia” clase gobernante en nombre de la “unidad nacional”. Como señaló León Trotsky, “En tiempos de guerra o revolución, cuando la burguesía se ve sumida en dificultades excepcionales, los dirigentes sindicales suelen convertirse en ministros burgueses”.

Incluso antes de su elección, Biden prometió ser el “presidente más prosindical de la historia de Estados Unidos”. Al hacerlo, se dirigía a dos públicos. Por un lado, quería hacer creer a los trabajadores que su Administración favorecería sus intereses, basándose en la falsa premisa de que el aparato sindical, controlado por burocracias acaudaladas que cuentan con decenas de miles de millones de dólares en activos y que funcionan como poco más que una policía industrial, representa los intereses de los trabajadores, aunque fuera de forma limitada. Pero para la burocracia sindical, esta afirmación de Biden es una señal de que busca cerrar filas con ellos para suprimir el crecimiento explosivo de la oposición social tras dos años de una catástrofe social desatada por la pandemia y sus consecuencias políticas.

Biden persigue conscientemente una política de corporativismo, es decir, de integración del aparato sindical, la patronal y el Estado. En una industria crítica tras otra, desde los muelles del Pacífico hasta las refinerías y los ferrocarriles, Biden está confabulando con la burocracia sindical para bloquear las huelgas, obligar a los trabajadores a trabajar sin contrato o imponer nuevos contratos con aumentos salariales muy por debajo de la tasa de inflación. Mientras tanto, Biden permite que siga la especulación sin límites, alimentando el alza desbocada de los precios. Esto por no hablar de la gestión de la pandemia de coronavirus, en la que han permitido que mueran más de un millón de estadounidenses por el bien de la “economía”.

Cuanto más se precipita la clase dominante hacia la guerra para defender sus intereses, más se ve obligada a llevar al límite a la clase obrera estadounidense, y viceversa. Ven necesario obligar a los trabajadores estadounidenses a “sacrificarse” por conflictos que no les competen, no entienden y no apoyarían si lo hicieran. Mientras tanto, la ira social reprimida debe ser redirigida contra adversarios extranjeros oficialmente designados, acelerando el impulso hacia la guerra.

Se está preparando un colosal enfrentamiento, no solo en la industria ferroviaria sino en todo el país. El apoyo a hacer huelga, independientemente de lo que diga la Ley Laboral Ferroviaria o la Casa Blanca, es abrumador. Los trabajadores sienten que ya no tienen otra opción.

Si los trabajadores votan en contra del contrato propuesto por la JPE, como parece que lo harán, entonces solo el Congreso, por ahora controlado por los demócratas, puede intervenir para evitar que se produzca una huelga. Esto ocurriría justo antes de las elecciones de mitad de término, preparando el escenario para una crisis política cada vez más profunda y con el estallido de la lucha de clases en primer plano.

Incluso en sus etapas iniciales, este movimiento está emergiendo como una fuerza global. Los trabajadores de todo el mundo han emprendido luchas masivas, incluso afectando infraestructuras críticas de transporte como las huelgas nacionales de los ferroviarios británicos y las huelgas inminentes en los muelles británicos. Ha habido huelgas de estibadores en Alemania y Grecia, huelgas de los trabajadores de las aerolíneas en Ryanair, huelgas de los camioneros en Corea del Sur y protestas masivas en Sri Lanka por el coste de la vida, que obligaron al presidente a huir del país.

Este enorme poder potencial debe encontrar una salida independiente. Los trabajadores deben encontrar los medios para romper las camisas de fuerza que representan el Partido Demócrata, las leyes antiobreras como la Ley Laboral Ferroviaria y la burocracia sindical. En primer lugar, esto significa la formación de nuevas organizaciones, comités de base, que movilicen a los trabajadores de forma independiente.

Un elemento central de esta lucha es la campaña de Will Lehman para presidente del sindicato automotor UAW, con una plataforma para abolir la burocracia corrupta y establecer el poder de los trabajadores. En una declaración publicada el miércoles, Lehman hizo un llamado a los trabajadores del UAW, todo Estados Unidos y a nivel internacional a que apoyen la lucha de los trabajadores ferroviarios. Instó, además, a los ferroviarios a que establezcan sus propias organizaciones como parte de la Alianza Internacional Obrera de Comités de Base.

Pero, sobre todo, los trabajadores deben reconocer que están inmersos en una lucha política de vida o muerte. La cuestión va mucho más allá de que los trabajadores reciban su “parte justa”. ¿Quién toma estas decisiones? ¿Quién controla la sociedad? El afán de lucro capitalista no solo es incompatible con las necesidades de la sociedad moderna, sino incluso con la vida y dignidad humanas. Los trabajadores deben reemplazarlo luchando por el socialismo, la organización democrática de la sociedad bajo el control de la propia clase trabajadora, en pro de las necesidades humanas, no las ganancias privadas.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 18 de agosto de 2022)