Marc WellsEl gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, ha iniciado una amplia redada por todo el condado de Los Ángeles para desarraigar a las personas sin hogar, tras la orden ejecutiva que emitió el 25 de julio ‘para actuar urgentemente ante los peligrosos campamentos de personas sin hogar’.

En California, un estado con un producto interior bruto de 3,23 billones de dólares, más de 181.000 personas sufren diariamente la falta de vivienda, según datos de la Alianza Nacional para Acabar con la Falta de Vivienda. Sólo en Los Ángeles, más de 75.000 personas carecen de hogar, el 70% de ellas sin techo.

Según el informe 2024 State of Homeless, publicado recientemente por la Universidad californiana de San Francisco, en California vive el 12% de la población nacional, el 30% de la población sin hogar y la mitad de la población sin techo del país.

Relacionando claramente la falta de vivienda con el aumento vertiginoso del coste de la vida, el informe señala que nueve de cada diez participantes perdieron su última vivienda en California, mientras que el 82% declararon haber pasado por un periodo de su vida en el que padecieron un trastorno mental grave. Además, la razón más común para abandonar la última vivienda fue económica para los arrendatarios (pérdida de ingresos) y social para los no arrendatarios (crisis sociales y de salud).

Un bombardeo mediático ha acompañado las brutales acciones de orden público de Newsom, publicando imágenes y filmaciones del Gobernador mientras participaba en el desmantelamiento de las tiendas de campaña y amontonando las posesiones abandonadas. Con arrogancia, Newsom se jactó de que ‘la gente está acabada. Si no nos ocupamos de esto, no merecemos estar en el cargo’.

Habla en nombre de una clase media alta que considera que los sin techo son un inconveniente para su nivel de vida. Para esta capa, la visión de personas sin hogar entra en conflicto con las cenas en restaurantes lujosos y las clases de yoga caras. La verdad es que ni demócratas ni republicanos merecen estar en el poder, pues son los únicos responsables de las políticas que han producido una catástrofe social que ha arrojado a decenas de miles de personas a la calle.

A la luz de este trágico balance, para desviar aún más la responsabilidad, Newsom elevó su tono reaccionario amenazando con penalizar a los condados que no reduzcan el número de personas sin hogar, mientras se prepara para detraer dinero estatal de los programas sociales, transfiriendo así la carga a las administraciones locales y municipales, cuyos dirigentes han apoyado supinamente su arrollador ataque contra los sin techo.

Newsom apoya sin reservas las criminales políticas de guerra de la administración Biden. Prometió su apoyo a la candidata demócrata Kamala Harris, actual vicepresidenta y ex fiscal general de California, que ha prometido continuar las políticas belicistas y genocidas que han producido una explosión de oposición entre la clase trabajadora y la juventud.

El mensaje es claro: el estado no tiene ninguna intención de resolver un grave problema social como la falta de vivienda porque el dinero debe dirigirse a la defensa de los intereses de la clase dominante y, lo que es más importante, a la preservación del sistema de beneficios que ha creado los niveles más graves de desigualdad social desde los años 30, a pesar de la riqueza sin precedentes producida por los trabajadores.

Se han destinado importantes fondos para una solución capitalista de la falta de vivienda, es decir, para que desaparezca de la vista del público. Newsom ha destinado más de 24.000 millones de dólares durante su gobierno a limpiar campamentos, sacar a los sin techo de las calles y aceras y convertir hoteles y moteles en refugios temporales. Sin embargo, estas medidas no son más que una aspirina para un enfermo de cáncer, ya que no abordan la raíz de la desigualdad social, el sistema capitalista.

Una sentencia de la Corte Suprema por 6-3 dictada el 28 de junio en el caso Ciudad de Grants Pass, Oregón contra Johnson ha despejado el camino para que los gobernadores y las administraciones locales desmantelen y prohíban los campamentos. La decisión, de extrema derecha, estableció cínicamente que las prohibiciones de dormir al aire libre no violan la prohibición de castigos crueles e inusuales de la Octava Enmienda.

La sentencia fue muy bien acogida por Newsom, que no perdió tiempo en criminalizar a las propias víctimas de las políticas dictadas por los dos grandes partidos empresariales. Convirtiendo el problema de los sin techo en un problema de seguridad, celebró la decisión, ya que otorga a las administraciones la autoridad para desalojar ‘campamentos inseguros’ y declaró que ‘esta decisión elimina las ambigüedades legales que han atado las manos de los funcionarios locales durante años’.

Tan flagrante es el ataque de la derecha a los sin techo de la mano de los demócratas de California que algunos de sus funcionarios se lanzaron al modo de control de daños. La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, tuvo la osadía de intentar distanciarse de la medida de Newsom, afirmando que ‘las estrategias que se limitan a trasladar a la gente de un barrio a otro o a dar citaciones en lugar de alojamiento no funcionan’.

El pasado mes de marzo, Bass y Newsom forjaron ‘una nueva alianza para ayudar a mantener limpias y seguras las zonas cercanas a las autopistas, mientras tanto el estado como la ciudad continúan sus esfuerzos por llevar a las personas sin vivienda a sus casas’. Partidarios de la expedición a Sacramento fueron también dos de los tres Socialistas Democráticos de Estados Unidos (DSA) del Ayuntamiento.

En aquella ocasión, Bass dio las gracias ‘al gobernador Newsom por estrechar lazos con nosotros para cumplir con la gente de Los Ángeles’. A lo que Newsom añadió: ‘Este acuerdo entre la ciudad de Los Ángeles y el Estado subraya nuestro compromiso compartido de hacer frente a los campamentos y garantizar espacios públicos limpios y seguros para todos los californianos’. Ahora sabemos lo que querían decir.

A Bass sólo le preocupa que la carga recaiga ahora sobre los municipios, al no tener solución para un problema que en los últimos cinco años pandémicos ha cambiado significativamente la fisonomía de la población de la Ciudad de los Ángeles. Bajo la administración de Bass se han llevado a cabo múltiples redadas policiales contra los sin techo, además de una serie de medidas del Ayuntamiento aplicadas para prohibir selectivamente los campamentos.

Por otra parte, aunque Bass proporcionó mayores fondos para la policía (138 millones de dólares adicionales), el pasado mes de abril anunció un drástico recorte a su ya inadecuado programa para personas sin hogar ‘Inside Safe’, reduciendo los fondos de 250 a 185 millones de dólares. Estas son las acciones que obtienen el apoyo del DSA, que ha respaldado a Bass y a su Ayuntamiento desde el principio.

California tampoco es el único estado que ha adoptado el despiadado enfoque de la sentencia de la Corte Suprema. El ataque a la población sin hogar es un esfuerzo nacional encabezado por los demócratas. En Oregón, otro estado controlado por los demócratas, el miércoles pasado el Ayuntamiento de Grants Pass prohibió por unanimidad acampar en propiedad pública y creó una zona designada donde se confinará a los sin techo.

El pasado mes de octubre, la gobernadora demócrata de Nueva York, Kathy Hochul, apoyó la acción legal de la ciudad de Nueva York para suspender las medidas que proporcionan alojamiento de emergencia a las personas sin hogar. En los últimos meses, se culpó a la gran afluencia de inmigrantes del fracaso del sistema de albergues de la ciudad, totalmente iadecuado.

Esto dio pie a ataques antiinmigrantes y xenófobos contra una población ya de por sí vulnerable. La propia Hochul dejó claro que nadie es bienvenido a menos que traiga dinero a Wall Street, declarando: ‘No sé cómo el derecho al refugio… puede o debe interpretarse como una invitación abierta a 8.000 millones de personas que viven en este planeta, de que si apareces en las calles de Nueva York, que la ciudad de Nueva York tiene la obligación de proporcionarte una habitación de hotel o refugio’.

Una medida del fracaso absoluto de Hochul a la hora de abordar el problema de los sin techo la dio su propio Programa de Apoyo a las Opciones Seguras, según el cual apenas 450 personas recibieron algún tipo de alojamiento permanente o de larga duración en los dos últimos años. Esto en una ciudad con más de 100.000 personas sin hogar, uno de cada 83 neoyorquinos.

La falta de vivienda, como todos los problemas sociales a los que se enfrenta la clase trabajadora, sólo puede abordarse no desmantelando los campamentos, sino todo el andamiaje del sistema de lucro que proporciona fondos ilimitados a las guerras más horribles en el extranjero y a los ataques contra los derechos democráticos y el nivel de vida en casa, al tiempo que facilita la creciente polarización social. Sólo una sociedad socialista, que garantice niveles de vida civilizados para todos, puede abordar estas cuestiones dando prioridad a las necesidades humanas, no al lucro.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 9 de julio de 2024)

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