El debate sobre los impuestos ha vuelto de nuevo. Ocurre periódicamente y casi siempre con argumentos parecidos de una y otra parte. Pero en esta ocasión añade rasgos novedosos. A las falacias frecuentemente utilizadas por la derecha o los dirigentes empresariales, como que la inversión va a decaer si se suben los impuestos a los ricos, el PP de Núñez Feijóo ha decidido emplear al máximo otra arma: las mentiras burdas y descaradas sobre la fiscalidad en España. Pese a su bajo nivel demostrado como líder de la derecha, no parece que lo haga por torpeza, sino por la seguridad de que va a contar con un aliado para engañar a los ciudadanos, la mayoría de los medios de comunicación, especialmente las televisiones, que dan por buenas sus mentiras, como que en España se paga mucho en impuestos.

No es verdad. La presión fiscal en España es más baja que la media de la Unión Europea: los impuestos y las cotizaciones a la seguridad social suponen el 37 por ciento de PIB frente a más del 40 por ciento en el conjunto de Europa. También es falso que las clases medias sean más castigadas fiscalmente aquí. Las familias, situadas en la mediana de rentas, tributan en el IRPF el 11,4 por ciento de sus ingresos. Menos que España sólo tributan Irlanda, Luxemburgo y Chipre. Mayor mentira, si cabe, es esa de que el Gobierno de Sánchez se está forrando con nuestros impuestos. Más de la mitad del dinero de los impuestos va a parar a las comunidades autónomas o a los ayuntamientos.

Los impuestos y las cotizaciones a la seguridad social suponen el 37 por ciento de PIB frente a más del 40 por ciento en el conjunto de Europa

Todas esas mentiras no hacen sino tratar de convencer a la gente de que hay que bajar los impuestos, en línea con lo que hacen sus comunidades autónomas tomadas por bandera para el asalto al poder del Estado: Madrid y Andalucía. Estas reclaman al Gobierno de España más dinero, al tiempo que deciden bajar los impuestos, preferentemente a los que tienen más renta, a los ricos.

Los impuestos son imprescindibles para que el Estado pueda disponer de servicios públicos, como la educación, la sanidad o la protección social, y que sean de calidad suficiente. Pero no solo eso, son necesarios para la realización de infraestructuras sin las cuales un país no puede funcionar ni crecer. También para impulsar la economía y su  transformación. Incluso favorecen a las propias empresas, algunos de cuyos representantes se muestran contrarios a los impuestos: reciben innumerables ayudas, que no dudan en pedir. Aparte de ayudas sectoriales, las empresas tienen beneficios fiscales, por vía de exenciones o bonificaciones en los Presupuestos Generales del Estado, que este año se acercan a los 6.000 millones de euros.

Ni el IRPF, ni el impuesto de sociedades, ni el IVA llegan en España al nivel de recaudación de los más desarrollados de la UE

Pero la principal consecuencia de un sistema progresivo de impuestos, en el que se paga en mayor proporción cuanto más se gana o más patrimonio se tiene, es que contribuye a redistribuir la riqueza. La muestra es que la renta media es mayor con las transferencias sociales que sin ellas, especialmente en los menores y en los jubilados.

Y en España, la recaudación es baja, menor que la media de la Unión Europea. Ni el IRPF, ni el impuesto de sociedades, ni el IVA llegan en nuestro país al nivel de recaudación de los más desarrollados de la Unión. Salvo la excepción de Irlanda, todas las naciones desarrolladas tienen unos ingresos fiscales más altos en relación con el PIB, con el tamaño de su economía.

El Gobierno tiene pendiente una reforma fiscal en profundidad, prometida en su programa de investidura. Como avance a la misma, acaba de acordar el establecimiento de un impuesto a las grandes fortunas. Su principal propósito es que no se queden sin pagar los ricos con residencia fiscal en Andalucía o en Madrid, donde precisamente se encuentran las principales fortunas de España. Entre otras cosas es una forma de evitar la desigualdad fiscal por vivir en los bastiones del PP y Vox.

También ha acordado limitar las exenciones de las grandes empresas que los llevaban a pagar una cantidad exigua de impuestos. Las 23 mayores multinacionales españolas pagaron en todo el mundo un 2,5 por ciento en el impuesto con unos beneficios superiores a 15.000 millones de euros.

Además, el Gobierno ha bajado el impuesto a los sectores más vulnerables. Entre ellos a los trabajadores que menos ganan, de tal manera que se amplía el número de los que no tendrán que pagar el IRPF hasta los que ganan 14.500 euros al año.

Instituciones supranacionales han pedido a los estados que suban los impuestos, especialmente a los ricos y a las eléctricas

Europa se desarrolló y logró altos estándares de vida gracias en gran medida a los impuestos. También Estados Unidos. Fue desde los años 50 hasta los 70 del siglo pasado. Se alcanzó una calidad de vida, un crecimiento económico y un nivel de igualdad social nunca vistos. Entonces sus tipos máximos del IRPF eran al menos del 60 por ciento y en algún caso superaron el 80. Claro, solo para los muy ricos.

Las instituciones supranacionales más relevantes en materia económica han pedido a los estados que suban los impuestos y especialmente a los ricos y a las compañías eléctricas. Eso a pesar de que mantienen un discurso neoliberal conservador. Lo han hecho el FMI, el Banco Central Europeo, la OCDE y la Comisión Europea por la necesidad de que los países hagan frente a la crisis energética y paliar sus efectos sobre los ciudadanos y la economía. Por su parte la primera ministra británica, Liz Truss, conservadora, ha tenido que retirar su plan en el que eliminaba el impuesto máximo a las rentas más altas por la rebelión en su partido. Mientras, el PP juega a la contra en lo que parece puro oportunismo, plagado de engaños, que es otra forma de fraude, en este caso fiscal. Debe creer que su mensaje atrae a la gente, aunque gran parte de ella no vaya a ser beneficiada por las bajadas de impuestos.

Cuando los jubilados reclamen pensiones dignas, los profesores, sanitarios, bomberos u otros empleados públicos pidan sueldos mejores o los ciudadanos exijan centros de salud adecuados que piensen en todo esto.