El lunes el Ministerio francés de Justicia reconoció la existencia de un fichero nominativo de las personas detenidas durante las movilizaciones contra los recortes de las pensiones en Lille.

En los países de larga trayeectoria fascista, como España, este tipo de ficheros están normalizados y, además, de las fichas, la policía toma las huellas dactilares de los detenidos, e incluso muestras para secuenciar su ADN. Se abren ficheros que no se cierran nunca. En España decir de alguien que está “fichado” por la policía es una mancha negra en el crédito público de una persona que los medios de comunicación suelen airear a veces.

En los países que aún mantienen algunos residuos de los derechos y libertades, como Francia, este tipo de prácticas escandalizan a los juristas porque no están acostumbrados. Pero, poco a poco, en Europa los países cada vez se parecen más a España.

Un tribunal administrativo de la ciudad está examinando dos solicitudes de medidas provisionales presentadas por la Asociación para la Defensa de las Libertades Constitucionales (Adelico) y el Sindicato de Abogados Franceses, así como por la Liga de Derechos Humanos (LDH), después de que la prensa denunciara la existencia del fichero.

Se trata de “una simple herramienta de gestión”, ha dicho el Ministerio. Es una hoja de cálculo Excel, llamada “Seguimiento de los procedimientos penales – movimiento de reforma de las pensiones”, en la que se detallan los nombres, apellidos y fechas de nacimiento de las personas detenidas durante las manifestaciones, así como las consecuencias penales.

Según el ministerio, el fichero está autorizado por el decreto que regula una base de datos, llamada Casiopea, que reúne los datos de los inculpados, víctimas o testigos en procedimientos judiciales de los últimos diez años.

La hoja de cálculo “se limita a reunir los procedimientos vinculados a un mismo hecho, lo que Casiopea no permite en tiempo real”, y no contiene “ninguna otra información” que la autorizada en ella, explicó en el juicio un representante del Ministerio. Se trata de una “herramienta de gestión local”, aseguró, que permite administrar “un evento concreto” con un alto “volumen de custodia policial”, explicó otro representante, refiriéndose a la existencia de otros ficheros de este tipo en otras ciudades francesas.

Al reunir la información nominativa, los fiscales se tomaron la libertad de añadir un dato importante: “una opinión política”, al haber protestado todas estas personas contra la reforma, objetó Jean-Baptiste Soufron, abogado de Adelico y del SAF. “Esto no está autorizado” y “equivale a fichar a los opositores políticos”, denunció.

“Si el objetivo es puramente estadístico, ¿por qué conservar datos identificativos, y no sólo un número de investigación?”, se preguntó Marion Ogier, abogada de la LDH. “Para este tipo de ficheros sensibles, normalmente se necesita un decreto o una orden que establezca un marco jurídico”. Sin embargo, en este caso concreto se trata de “un fichero clandestino que nunca ha sido autorizado. No hay marco legal ni garantías”, afirmó.

Se han registrado potencialmente unas decenas de personas, y se han producido entre 50 y 100 detenciones en la región de Lille desde el 17 de marzo, fecha en la que se creó el fichero tras el endurecimiento de la movilización contra los recortes en las pensiones.

El juez se pronunciará mañana sobre la legalidad del fichero.