Fiscalía turca exige penas de 4.596 años para Netanyahu y miembros de dirigencia israelí

11/04/26

Se trata de la intervención armada llevada a cabo por elementos de seguridad israelíes contra la Flotilla Sumud que transportaban ayuda humanitaria a la Franja de Gaza.
Fiscalía turca exige penas de hasta 4.596 años para Netanyahu y otros miembros de la dirigencia israelí

La Fiscalía General de Estambul, en Turquía, pidió cadena perpetua para el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y 34 altos funcionarios israelíes acusados de genocidio y de una serie de otros delitos en un caso que gira en torno al impedimento del paso a la Flotilla Sumud el año pasado para llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, informó este sábado el diario local Hürriyet.

La acusación fue remitida al 10.º Tribunal Penal Grave de Estambul, preparada contra 35 sospechosos de Israel, como el primer ministro, Benjamín Netanyahu; el ministro de Defensa, Israel Katz; el exministro de Defensa Yoav Gallant; el ministro de Patrimonio, Amichai Eliyahu; el ministro de Seguridad Pública, Itamar Ben Gvir; el jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir; y el comandante de la Armada, David Saar Salama, entre otros, detalló el medio.

Según el periódico, se solicitó que los sospechosos fueran condenados, cada uno por separado, por crímenes de lesa humanidad, genocidio, privación de la libertad, tortura, daños a la propiedad, saqueo agravado e impedimento del movimiento, secuestro o retención de vehículos de transporte, a cadena perpetua agravada y a penas de prisión de entre 1.102 años y 9 meses y 4.596 años.

El caso se centra en la intervención armada llevada a cabo por elementos de seguridad israelíes en aguas internacionales contra los barcos de la organización marítima civil Flotilla Sumud que transportaba en octubre pasado ayuda humanitaria a la Franja de Gaza.

En la acusación se expresó que los ataques contra civiles, la destrucción de medios de subsistencia, la obstrucción de la ayuda humanitaria y la condena a la población al hambre, la sed y la falta de tratamiento no pueden ser evaluados únicamente como una medida de seguridad, sino que están directamente vinculados con actos que constituyen genocidio y crímenes contra la humanidad desde el punto de vista del derecho penal internacional.