El Gobierno de Ferdinand Marcos Jr. es uno de los regímenes más letales contra los defensores del medio ambiente, con 107 asesinatos en menos de 42 meses, según reveló una organización.

La Red Popular Kalikasan para el Medio Ambiente afirmó que Filipinas continúa hundiéndose en la destrucción ecológica y las crisis de derechos humanos bajo el Gobierno de Marcos Jr.

“Desde que Marcos Jr. asumió el cargo en julio de 2022, se han producido al menos 107 ejecuciones extrajudiciales de defensores del medio ambiente, 87 de ellos campesinos, 16 indígenas y 14 mujeres y niños”, informó la organización.

Casi el noventa por ciento de estos asesinatos se han atribuido a las fuerzas estatales, principalmente militares, lo que revela el brutal papel de las Fuerzas Armadas de Filipinas en la explotación de los recursos, añadió.

Existe una represión intensificada, estrechamente vinculada a los intereses políticos y económicos del Gobierno, que se centra en la extracción de recursos y la liberalización de la inversión, al tiempo que emplea la militarización y la contrainsurgencia como herramientas para silenciar la disidencia y frustrar la defensa del medio ambiente por parte del pueblo, afirmó Kalikasan.

“Estos asesinatos siguen patrones claros: las víctimas son atacadas en comunidades rurales e indígenas, a menudo mientras trabajan en sus granjas o buscan alimentos; muchos casos involucran enfrentamientos armados inventados; han aparecido marcas de tortura en varias víctimas; y en numerosos incidentes, soldados exhibieron los cuerpos para infundir miedo entre los residentes”, añadió el grupo.

La provincia de Negros Occidental, ya marcada por el conflicto agrario y los monopolios de tierras, registró el mayor número de asesinatos, con 29 muertes, desde julio de 2022, cuando Marcos Jr. asumió el poder.

Saqueo ambiental y militarización

La militarización se profundizó aún más en los territorios ricos en recursos bajo el Gobierno de Marcos Jr., junto con la intensificación de los despliegues contrainsurgentes, revela el informe del grupo.

Los despliegues militares en comunidades civiles se ven agravados por la expansión de los emplazamientos del EDCA (Acuerdo de Cooperación de Defensa Reforzada con Estados Unidos), lo que transforma bosques, dominios ancestrales y tierras altas en zonas militarizadas, añadió.

“Las comunidades que se resisten a la minería, las presas o el acaparamiento de tierras son sometidas a vigilancia, entregas forzadas, operaciones coercitivas de ’apoyo comunitario’ y una constante clasificación de defensores del medio ambiente”, declaró Kalikasan.

En estas comunidades se producen asesinatos de defensores del medio ambiente.

En 2023, la organización estadounidense Human Rights Watch calificó a Filipinas como el país más peligroso de Asia para los ambientalistas.

Solo ese año, 17 ambientalistas fueron asesinados, la mayoría a manos de presuntos agentes estatales.

Defensa ecológica como crimen e insurgencia

Kalikasan culpa a las brutales operaciones de contrainsurgencia del Gobierno y a su intento autoimpuesto de poner fin a la guerra civil de 57 años con el Partido Comunista de Filipinas y el Nuevo Ejército del Pueblo de contribuir a las crecientes violaciones de derechos.

“La negativa de Marcos Jr. a abolir el NTF-ELCAC (Grupo de Trabajo Nacional para Poner Fin al Conflicto Armado Comunista Local, el mecanismo de contrainsurgencia del Gobierno), a pesar de la creciente evidencia de abusos, demuestra el compromiso del régimen con una arquitectura de seguridad que integra el activismo con la insurgencia”, declaró Kalikasan.

“La persecución de los defensores del medio ambiente durante el Gobierno de Marcos Jr. refleja un orden político que criminaliza severamente la resistencia ecológica”, concluyó Kalikasan.

“A medida que los proyectos extractivos se expanden y los espacios cívicos se reducen, los defensores del medio ambiente permanecen en la primera línea de la defensa ecológica y la resistencia democrática, soportando todo el peso de un Estado cada vez más represivo”, añadió el grupo.

Filipinas es reconocida como una de las naciones con mayor biodiversidad y riqueza de recursos del mundo, con inmensos bosques, fértiles tierras agrícolas, reservas minerales y ricos ecosistemas marinos.

Sin embargo, estas riquezas la convierten en blanco de la explotación agresiva por parte de grandes corporaciones, inversores extranjeros y políticos corruptos, cuyas actividades se combinan con la presencia militar y el asesinato de civiles.

“A medida que la minería destructiva, la recuperación de tierras, la expansión de los combustibles fósiles y los proyectos de infraestructura avanzan en el archipiélago, quienes defienden estos territorios amenazados —comunidades indígenas, campesinos, pescadores y defensores del medio ambiente— se enfrentan a una persecución sin precedentes por parte del Estado”, denunció Kalikasan.

Kodao

Traducción de Agencia Prensa Rural