La nueva investidura de Pedro Sánchez como Presidente del Gobierno habría encendido todas las alarmas en los despachos del establishment españolista, formado por las élites financiera-empresarial, política, judicial, militar, jerarquía católica, universitaria y mass media del Estado español por lo que habrían decidido utilizar el filibusterismo político para dilatar in eternis o impedir la entrada en vigor de la llamada Ley de Amnistía que beneficiaría a cerca de 500 procesados por los sucesos del 1 de Octubre.

Dicha expresión procede del inglés «filibuster»y fue usada por primera vez en 1851. Inicialmente era «una técnica de obstruccionismo parlamentario encaminada a retrasar o bloquear la aprobación de una Ley o de un acto legislativo mediante discursos de larga duración», descollando en su uso Catón el Joven en la Roma de Julio César.

En la actualidad, el filibusterismo político sería «cualquier forma de obstruccionismo parlamentario o de interpretación interesada de los reglamentos y usos parlamentarios que resulten favorables a un partido», de lo que serían paradigmas el Congreso y el Senado de Estados Unidos, auténticos maestros en su utilización.

¿Filibusterismo político en España?

Tras la aprobación en el Congreso de la Ley de Amnistía, el PP recurrirá al filibusterismo político en un Senado en el que posee mayoría absoluta, para obstaculizar y dilatar en el tiempo la entrada en vigor de la Ley de Amnistía. Posteriormente, la estrategia sería impugnarla por inconstitucional ante el Tribunal Constitucional, (lo que podría suponer su suspensión cautelar aunque contará con escasas opciones de ser anulada por dicho Tribunal), y finalmente, impugnarla ante la Unión Europea, por atentar contra el principio de Estado de derecho con el objetivo confeso de dilatar lo máximo posible su entrada en vigor.

Asimismo, la cruzada derechista para dilatar los plazos de aplicación de dicha Ley contaría con la intervención del lobby judicial tardofranquista quienes procederán a presentar una cuestión prejudicial al TJUE , lo que dilataría «in eternis» la aplicación práctica de dicha Ley.

El lobby judicial tardofranquista habría fagocitado los principales estamentos judiciales del Estado español (CGPJ, Tribunal Supremo y Tribunal de Cuentas) y tendría al Tribunal Supremo como muro de contención de los decretos-leyes aprobados por el «rodillo progresista» del Congreso; a su Presidente Francisco Marín Castán como croupier en la ruleta de cargos y adjudicación de procesos judiciales, a los jueces Marchena y Llarena como sus estrellas mediáticas y a los fiscales del «Clan de los indomables» como sus abnegados peones.

Asimismo, el Tribunal Supremo estaría controlado por el llamado «clan de los políticos» en palabras del ex-Presidente de Sala del TS, Ramón Trillo, y habría devenido en «un verdadero lobby o grupo de presión de la derecha tardofranquista que mediante controvertidas decisiones judiciales se ha afanado en intentar paralizar o revertir las decisiones políticas o económicas del Gobierno Sánchez».

Por otra parte, dicha Ley deberá relatar simplemente los presuntos hechos delictivos susceptibles de ser amnistiados sin mencionar a las personas beneficiarias de dicha medida y la aplicación de dicha Ley a cada supuesto delictivo será individualizada y corresponderá a los jueces, siendo el ínclito Llarena el encargado de dilucidar la situación procesal de Puigdemont y vistos los precedentes, se antoja altamente improbable que Llarena conceda al ex Presidente catalán los beneficios de dicha medida legal.