En esta etapa de cambio epocal y señales apocalípticas, cada año que pasa parece más intenso que el anterior. Pero 2019 fue, aún así, especial en América Latina.

El 23 de febrero de 2019 marca un hito en la historia regional: un grupo de Gobiernos se confabuló con Estados Unidos para iniciar ese día la invasión de un país hermano -Venezuela-  desde la frontera colombiana, usando como carne de cañón a la población civil.

Que la movida haya sido un fiasco, y que dejó en ridículo mundial a sus organizadores, no disminuye su impacto: hasta el día de hoy las relaciones entre Colombia y Venezuela sufren gravemente sus consecuencias, la Organización de Estados Americanos perdió la poca relevancia que tenía, y los presidentes de Chile, Sebastián Piñera, y de Colombia, Iván Duque, quedaron políticamente sepultados.

El antecedente inmediato de esta comedia trágica ocurre en Caracas, el 5 de enero de 2019, cuando el diputado Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, desconoce la victoria de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales, y en la via pública se autodesigna «Presidente encargado» del país.

Guaidó era un dirigente de poca monta de la agrupación derechista Voluntad Popular. Su ascenso fue consecuencia directa del fracaso estruendoso de las asonadas insurrecionales de 2017 en Venezuela, en que quedaron fuera de combate los líderes golpistas más relevantes, como Freddy Guevara (quien se fue a vivir a la embajada de Chile).

Pero la payasada de la autoproclamación, que en cualquier otro sitio hubiese generado burlas y la detención inmediata del «presidente», en Venezuela fue un asunto extremadamente serio, porque formaba parte de un plan mayor, que continúa hasta este día: el reconocimiento oficial de Guaidó como presidente ha sido el pretexto legal para el bloqueo total del país y el saqueo de más de 30 mil millones de dólares de activos venezolanos en el exterior.

Como uno de los principales articuladores del llamado Grupo de Lima, el gobierno de la expresidenta Michele Bachelet -hoy Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos- fue cómplice activo de los intentos golpistas de 2017 y del bloqueo impuesto al pueblo de Venezuela.

Hoy se sabe además, por las revelaciones del periodista argentino Horacio Verbitsky, que el Gobierno argentino del presidente Mauricio Macri, y el brasileño de Jair Bolsonaro, estaban involucrados el mismo año cristiano de 2019 en un plan de invasión militar contra Venezuela.

Sabotajes, golpes, estallidos

Tras el fracaso de la «invasión humanitaria» de febrero, ya en marzo de 2019 se implementó un Plan B: generar el caos en Venezuela mediante el sabotaje a la red eléctrica que dejó sin energía a prácticamente todo el país. No funcionó, porque la población no salió a las calles a saquear e incendiar, como al parecer esperaban los organizadores.

El 30 de abril del mismo año, Caracas «amaneció de golpe»: un grupo de militares se sublevó, y con Guaidó al frente intentó ocupar la base aérea de La Carlota, en el corazón de la capital venezolana, apostando a un apoyo desde el interior de la base, que no se produjo.

El líder opositor Leopoldo López, entonces en detención domiciliaria cumpliendo condena por incitar a homicidios en masa, se les unió, pero el «golpe» se redujo a ocupar un puente y un trozo de la autopista que flanquea la base militar, después de que algunos de los participantes los abandonaran, denunciando que habian sido movilizados con engaños.

Ese mismo año, en octubre, estalló en Chile una revuelta popular antineoliberal que tuvo por las cuerdas al Gobierno de Piñera, el que desató la represión, causando la muerte a cerca de 40 personas. Más de 400 personas, la mayoría jóvenes, perdieron la vista total o parcialmente o sufrieron mutilaciones oculares, en lo que ha sido un récord mundial que acompañará al desgastado Piñera hasta el fin de sus días.

En Bolivia, en noviembre del mismo año, se aplicó también el manual de las insurrecciones «no violentas», ejecutado con éxito en Ucrania en 2014: con apoyo policial y militar, bandas fascistas organizadas atacaron a los dirigentes y parlamentarios del Gobierno, incendiaron sus casas, amenazaron y sitiaron a sus familias, forzándolos a renunciar.

El golpismo contó con la colaboración activa de la OEA y en especial de su Secretario General, Luis Almagro, que denunció un fraude oficialista en las elecciones presidenciales, basado en los informes de la misión electoral de la OEA, la única que supervisó los comicios.

Poco después se comprobó que el informe y la denuncia eran parte del mismo plan golpista, plan que ese mismo año Almagro intentó ejecutar en la isla caribeña de Dominica, para impedir la reelección del Primer Ministro, Roosevelt Skerrit, un aliado de Venezuela.

Calcado de Bolivia, en Dominica se realizaron cortes de carreteras e incendios, en anticipación del «fraude» que iba a cometer el Partido Laborista de Skerrit.

Pero Skerrit fue más astuto que Evo Morales: aceptó la supervisión electoral de la OEA, pero invitó además a misiones de la Unión Europea, la Comunidad del Caribe, la Mancomunidad Británica y otras, que impideron el montaje de un «fraude» al estilo de Bolivia.

Cúcuta

En el escandaloso episodio de Cúcuta los presidentes Duque, Piñera y Mario Abdó (Paraguay), más Almagro (OEA) y Guaidó, vestidos con guayaberas blancas, literalmente tomaron palco, felices y sonrientes: iban a presenciar la invasión y caída de Maduro en vivo y en directo.

En los días previos habían llegado numerosos aviones militares de transporte norteamericanos cargados con «ayuda humanitaria». Piñera viajó también con un avión con cajas que entregó con grandes alardes, junto a su canciller, el excomunista Roberto Ampuero, hoy oculto en la embajada chilena en Madrid.

Para asegurar la carne de cañón, en la víspera el empresario inglés Ricard Brason (Virgin) organizó un megaconcierto «por la Paz» en la misma frontera, al que acudieron las principales figuras del pop latino del momento, que arengaron con mayor o menor entusiasmo a la multitud a participar en la cruzada del día siguiente.

Esperaban unas 300 mil personas, pero no llegaron más de 20 o 30 mil, y al día siguiente la «multitud» que iba a invadir no alcanzaba a las mil, divididas entre quienes acudieron a ver si podían agarrar algo de los camiones de «ayuda» y los que estaban reclutados como fuerza de choque, de entre las bandas delictuales venezolanas.

Como todo esto lo vimos y grabamos en persona, no son cuentos de segunda mano. También vimos y grabamos el incendio de tres camiones en el puente fronterizo de Santander, que Duque le atribuyó a Maduro.

Y vimos y grabamos la resistencia tenaz de los reducidos pelotones de policías desarmados que contuvieron el ataque en los puentes, apoyados por chavistas que se defendían con piedras.

Estuvimos en Cúcuta observando el tráfico militar aéreo y las disposiciones de emergencia en los hospitales y servicios públicos. Entrevistamos a un funcionario de la gobernación Departamental (provincia), espantado por la posibilidad de una guerra que se iba a sumar a la miseria y al dominio paramilitar de la zona.

Vimos y grabamos el tráfico de personas por parte de los grupos paramilitares, a ambos lados del fronterizo río Táchira. Vimos y grabamos el contrabando a gran escala organizado con la venia del Gobierno colombiano.

Vimos y grabamos la insólita apertura total de la frontera colombiana el 22 de febrero de 2019 para que pasaran sin trabas los venezolanos que -tras el «concierto por la Paz»- iban a ser la vanguardia de la operación que debía culminar con la toma de una cabeza de playa que permitiera la intervención militar extranjera.

No hubo tal invasión. Desde Venezuela no se disparó un solo tiro y la derrota de los conspiradores fue patente en las caras largas de los activistas y los «dignatarios» desde tempranas horas.

En esos espasmos de entusiasmo que suele tener el chileno Piñera, ofreció públicamente a Chile como destino para los venezolanos que quisieran irse de Venezuela. Era el tiempo en que se estimulaba activamente la emigración, con financiamiento de la Agencia de la ONU para refugiados y organizaciones no gubernamentales europeas y norteamericanas.

Gracias a las facilidades especiales que Piñera ofreció, los venezolanos maltratados y discriminados en Colombia, Ecuador y Perú comenzaron a viajar a Chile, y a entrar en masa. Se calculan hoy en más de 600 mil.

Tres años después, Piñera vive los últimos días de su Gobierno, enjuiciado por corrupción y violación de DD.HH., en el desprecio de su pueblo y de sus propios aliados. El colombiano Duque se prepara para una derrota electoral estrepitosa. Almagro y la OEA ya no son tomados en serio por nadie.

En Bolivia, el pueblo recuperó su soberanía y eligió al masista Luis Arce (ministro de Economía de Evo Morales) como presidente, quien retomó el impulso de desarrollo multifacético que había puesto a la vanguardia de la región.

Todo indica que Brasil será nuevamente gobernado por Luiz Inacio Lula da Silva, tras el desastre social, económico, ambiental y sanitario del fascista Bolsonaro. En Chile, una Convención democráticamente elegida y con mayoría de izquierda y movimientos sociales, redacta una nueva Constitución, para reemplazar la del dictador Pinochet.

De los cerca de 60 gobiernos que reconocieron a Guaidó en su día, hoy quedan 16, y sólo para seguir saqueando a Venezuela. El Grupo de Lima, para todos los efectos, dejó de existir por falta de miembros.

La economía venezolana, en tanto, se recupera rápidamente, retomó la producción y exportaciones de petróleo, y fortalece sus relaciones políticas, económicas y militares con China, Rusia e Irán, mientras en el terreno interno se estabilizó la situación política tras las elecciones parlamentarias y locales, en que participó activamente la oposición derechista.

Quién lo hubiera dicho, en la mañana del 23 de febrero de 2019.