El régimen marroquí destruye hogares saharauis, mata su ganado y se apodera de sus tierras.
Marruecos lleva a cabo una política de asentamientos en el Sáhara Occidental para cambiar la composición demográfica del territorio y perpetuar la ocupación.
“Un crimen de guerra y una grave escalada en la política de tierra quemada”. Así ha calificado el presidente de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) y secretario general del Frente POLISARIO, Brahim Gali, la demolición de viviendas de ciudadanos saharauis realizada en agosto por Marruecos en los territorios ocupados del Sáhara Occidental, especialmente en las afueras de su capital, El Aaiún.
Brahim Gali se ha dirigido al secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, y al embajador Michael Omran Kanu, representante de Sierra Leona ante las NNUU y presidente del Consejo de Seguridad de turno, a los que ha expuesto la situación de estas familias saharauis que se han visto obligadas a abandonar sus lugares de residencia.
El presidente saharaui denuncia la “política de tierra quemada” que lleva a cabo Marruecos con “la expropiación de las tierras de los saharauis, la destrucción de sus hogares, la quema de sus tiendas de campaña, socavando sus medios de subsistencia, matando su ganado y envenenando sus pozos”, y esto para desarraigarlos y asentar más colonos marroquíes y de otras nacionalidades “como parte de una política intensiva de asentamientos cuyo principal objetivo es cambiar la composición demográfica del Territorio y perpetuar la ocupación”.
Brahim Gali recuerda a NNUU que “las autoridades marroquíes ya realizaron una campaña “acelerada e intensiva” para confiscar grandes áreas de tierras saharauis, especialmente después de que Marruecos violara el alto el fuego el 13 de noviembre de 2020, cuando civiles saharauis fueron expulsados y desplazados de sus tierras de pastoreo y agrícolas y sus hogares destruidos en varias áreas alrededor de las principales ciudades saharauis.
Según el Comité para la Defensa del Derecho del Pueblo Saharaui a la Autodeterminación (CODAPSO), las demoliciones se han intensificado en agosto y han afectado a numerosas familias saharauis. A las viviendas destruidas hay que añadir los edificios que albergaban ganado y aves de corral, fuentes esenciales de su sustento. Además, chozas ubicadas junto al mar también han sido incendiadas y demolidas.
CODAPSO considera que con estas acciones se pretende intimidar a la población saharaui para que acepte la ocupación y la política de colonización de Marruecos. Asegura que no son un hecho aislado y que se inscriben en un contexto de represión contra la población saharaui que incluye ataques contra manifestantes pacíficos, suspensión arbitraria de salarios, prohibición de reuniones y severas restricciones a la libertad de movimiento.
El presidente saharaui ha pedido a Antonio Guterres y al Consejo de Seguridad que tomen las medidas para responsabilizar a la potencia ocupante marroquí de sus flagrantes y continuas violaciones del derecho internacional humanitario y que acelere el establecimiento de los mecanismos necesarios para proteger a los civiles saharauis en el Sáhara Occidental ocupado como Territorio descolonizado bajo los auspicios de las Naciones Unidas”.
El líder del POLISARIO afirma que Marruecos, ocupante del Sáhara Occidental, continua con sus prácticas agresivas para acallar las voces saharauis, “impidiendo a los activistas ejercer su derecho a la manifestación pacífica, reprimiéndolos y sometiéndolos a torturas físicas y psicológicas, así como a prácticas deplorables y degradantes”, a la vez que aplican una política de empobrecimiento, hambre, privaciones, exclusión, discriminación racial y perturbación de los medios de subsistencia contra los saharauis.
También llama la atención sobre los crímenes contra los presos políticos saharauis, “que viven en condiciones paupérrimas”, lo que les obliga a ponerse en huelga de hambre para protestar por la negación de sus derechos básicos; reclama al secretario general de la ONU “que tome todas las medidas necesarias para garantizar la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos saharauis.
Ante estos hechos, tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, que condenan lo que ocurres en otras partes del mundo, permanecen ajenos, sin tener en cuenta que España es la potencia administradora del Sáhara Occidental, un territorio no autónomo pendiente de descolonización según la ONU.
Es el silencio del Gobierno socialista con todo lo que ocurre en la excolonia que España abandonó y entregó a Marruecos, como es la situación de los reclusos saharauis, tal y como le recuerda todos los lunes, desde hace tres años y medio, el Movimiento por los Presos Políticos Saharauis (MPPS), ante la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores en la Plaza de la Provincia de Madrid.
A continuación, una reseña de hechos relacionados con los Derechos Humanos ocurridos en el Sáhara Occidental ocupado por Marruecos en agosto, mes en el que las autoridades marroquíes han continuado, en palabras del presidente Gali, con sus prácticas coloniales, basadas en la confiscación y el desplazamiento forzoso de saharauis de sus tierras para perpetuar la ocupación y la anexión ilegal del Sáhara Occidental, “convirtiendo a los saharauis en refugiados en sus tierras”.