Ante las recientes novedades producidas en torno a la situación procesal del ex-presidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, actualmente en prisión preventiva domiciliaria por un presunto delito de soborno y manipulación de testigos, dentro de una causa que lo relaciona a él y otros familiares directos con la creación, en una hacienda de su propiedad, de una facción del grupo terrorista Autodefensas Unidas de Colombia, el Frente Antiimperialista Internacionalista solicita la retirada del premio “A la Libertad, Cortes de Cádiz” en enero de 2009, siendo alcaldesa Teófila Martínez del Partido Popular.

Este galardón nació como parte de los actos del Bicentenario de la redacción de la Constitución liberal de 1812, para rendir homenaje a las personas o instituciones públicas o privadas que se hayan caracterizado por la profundización, difusión y extensión de la Libertad en el ámbito iberoamericano. Atendiendo a las palabras del jurado responsable del reconocimiento, este se hizo en virtud de:

“…sus esfuerzos en pro de la libertad y su abierta oposición a situaciones terroristas que la menosprecian, privando de su legítimo derecho a la misma a todas aquellas personas secuestradas por grupos, denominados terroristas, a las que han estado manteniendo prisioneras durante años privándolas de su libertad y de vivir con sus seres queridos…”

Como no podía ser de otra manera, en su momento la decisión —basada únicamente en filias políticas y obviando el siniestro historial del personaje y sus vinculaciones con el paramilitarismo, el narcotráfico, la corrupción y el terrorismo—, suscitó una gran polémica en la ciudad. Asociaciones y entidades nacionales e internacionales demandaron la inmediata retirada del
galardón, junto con grupos políticos municipales que presentaron oficialmente una moción en tal sentido, a la que se hizo caso omiso desde la mayoría derechista que presidía entonces el consistorio en aquellos tiempos.

Finalmente, el 29 de abril de 2009, en la embajada de Madrid —por presuntos problemas de agenda—, la alcaldesa de Cádiz hizo entrega del primer galardón “A la Libertad” dentro de los premios Cortes de Cádiz a Álvaro Uribe Vélez, en un acto en el que se encontraban presentes los actuales reyes de España, Felipe y Leticia.

Ya en 2013, el grupo municipal de Izquierda Unida volvió a presentar otra moción al pleno municipal, justo en el momento en el se hizo público que Uribe estaba siendo investigado por la Corte Penal Internacional por los crímenes cometidos contra los Derechos Humanos durante  su mandato (extendido desde 2002 a 2010) y las múltiples masacres acontecidas contra campesinos, a los que se disfrazaba como guerrilleros una vez asesinados, para cobrar las recompensas oficiales, una práctica que afectó a más de dos mil personas, impunemente asesinadas bajo el mandato del presidente.

El martes 4 de agosto de 2020, la Corte Suprema de Colombia ordenó la prisión preventiva de Uribe por un delito de soborno y manipulación de testigos, dentro de uno de los muchos casos judiciales que afectan a Uribe. Concretamente, uno de los testigos a los que posteriormente se compró, a cambio de ofrecer testimonios falsos en favor del actual senador, lo relacionaba en las fases preliminares del juicio con el nacimiento, en una hacienda ganadera de propiedad familiar, de un bloque de las Autodefensas Unidas de Colombia, llamada Los 12 Apóstoles, dirigido por su hermano Santiago Uribe (arrestado desde 2016). Las Autodefensas son un grupo terrorista que, globalmente, tiene en su haber el asesinato de miles de inocentes en toda la República, además de amenazas, secuestros (paradójico ¿verdad, Teófila?) y connivencia con las fuerzas de seguridad en su labor represiva y criminal contra líderes sociales e indígenas, ecologistas, sindicalistas, izquierdistas, etc.

Tras este decisivo hecho, diversas asociaciones ciudadanas, partidos políticos y ciudadanos se han pronunciado estos días en favor de la retirada del premio Cortes de Cádiz a una persona con claras vinculaciones con el terrorismo de estado. Es una deshonra que resta valor al galardón y dice bien poco de la ciudad de Cádiz y su proyección latinoamericana.

Independientemente del resultado final de este proceso judicial, Uribe enfrenta más de 186 procesos en la Comisión de Acusación colombiana. No se trata de negarle a nadie la presunción de inocencia, pero tampoco podemos obviar la cantidad de documentos que lo vinculan, desde los años 90 con el narcotráfico y el terrorismo. Por poner algún ejemplo, la NSA, una agencia de inteligencia de Estados Unidos, en documentos desclasificados en 2004, consideraba ya en 1991 a Uribe uno de los mayores narcotraficantes del mundo, amigo muy cercano de Pablo Escobar y miembro del Cártel de Medellín. Estos son los correligionarios de Teófila Martínez y los que llevan el nombre de Cádiz por el mundo a propuesta del Partido Popular, una verdadera vergüenza para la ciudad de Cádiz que no puede consentirse ni un minuto más.

Otro botón de muestra, un informe a la Asamblea General de la ONU de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, redactado en 2009, reconocía que, durante el segundo mandato de Uribe, 72 congresistas estaban vinculados a procesos judiciales, de los cuales 11 fueron condenados y otros 4 absueltos, dentro de un epígrafe que estudiaba la vinculación entre miembros del Congreso y organizaciones paramilitares. Buena parte de ellos eran de su propio partido, otros incluso compartían los apellidos del ex-mandatario y actual presidente en la sombra, por encima
de la figura nominal de Iván Duque.

No es el único reconocimiento que ha recibido de autoridades españolas, en 2005 Juan Carlos I, le otorgó la Orden de Isabel La Católica, como hizo el emérito con tantos y tantos dictadores de todo el orbe planetario. Y no entendemos la razón de los premios si, objetivamente, su gestión ha sido más que desastrosa. Tiene en su haber el aumentar enormemente la producción de coca del país, imponer la militarización de Colombia y de América Latina a cargo de tropas norteamericanas a través del Plan Colombia II; generar la mayor fosa común clandestina de la historia reciente de América Latina con miles de muertos inocentes. Cualquier cosa menos modélico y respetuoso de los derechos humanos.

Con la información que poseemos en la actualidad, disponible también desde hace bastantes años para cualquier persona con ganas de profundizar en la cuestión, es impensable cómo la ex-alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, usara una medalla por la libertad para blanquear a un reconocido criminal y asesino como Álvaro Uribe. Seguro que si la iniciativa hubiese partido de la izquierda política, se la habría tachado inmediatamente de cargos como enaltecimiento del terrorismo y apología del narcotráfico y el crimen organizado.

Va siendo hora de que los actuales regidores municipales tomen cartas en el asunto y deshagan un entuerto que ha erosionado enormemente la naturaleza del premio Cortes de Cádiz y a la propia ciudad, ligando su nombre al de un narcoparaterrorista y liberticida, responsable de miles de asesinatos y crímenes de lesa Humanidad como Álvaro Uribe.

14 de agosto de 2020

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