Colombia se encuentra en una coyuntura crítica de su historia militar y geopolítica, enfrentada a un sistema profundamente arraigado de exportación de mercenarios que tiene profundas implicaciones para la soberanía nacional y la seguridad regional.

El anuncio del presidente Gustavo Petro de prohibir las actividades de los mercenarios puso de relieve una compleja historia de dependencia militar, influencia externa y violencia sistémica que se remonta a décadas.

Los orígenes del fenómeno mercenario en Colombia se remontan a la década de 1960, cuando la influencia militar estadounidense comenzó a remodelar sistemáticamente el aparato de seguridad del país. La misión de 1962 dirigida por el general William Yarborough representa un punto decisivo, al recomendar estrategias de contrainsurgencia que incluían la formación de grupos paramilitares, una recomendación que alteraría fundamentalmente la trayectoria militar y geopolítica de Colombia.

Los casos documentados revelan una extensa red de exmilitares colombianos que participan en conflictos internacionales, transformando a la nación en un importante exportador de mano de obra militar. Desde las intervenciones centroamericanas en El Salvador y Nicaragua durante la década de 1980 hasta los compromisos posteriores al 11-S en Irak y Afganistán, el personal militar colombiano sigue formando parte integral de diversas maquinaciones geopolíticas.

Datos recientes subrayan la magnitud de este fenómeno. El Ministerio de Defensa ruso informó de que de los 13.387 mercenarios extranjeros en Ucrania desde 2022, 430 eran colombianos, de los cuales 217 murieron en combate. Esta estadística personifica el coste humano de un problema sistémico que va mucho más allá de las decisiones individuales.

La industria mercenaria representa un ecosistema económico complejo. La Superintendencia de Seguridad Privada informa de que este sector genera aproximadamente 1.660 millones de dólares anuales y emplea a casi medio millón de personas, en su mayoría antiguos militares. A escala mundial, los servicios militares representan un mercado multimillonario que puede superar los 100.000 millones de dólares.

Soberanía y transformación sistémica

La prohibición propuesta por Petro representa más que un cambio de política; señala una posible reimaginación fundamental de la doctrina militar colombiana. Las reformas propuestas son integrales y apuntan a:

1. Reforma de la educación militar

2. Desmantelamiento paramilitar

3. Control de la corrupción interna

4. Cooperación soberana regional

5. Independencia de la formación militar

6. Educación orientada a la paz

El fenómeno de los mercenarios no puede entenderse aislado de una dinámica geopolítica regional y global. Las tensiones actuales, como la fallida operación Gedeón contra el gobierno de Venezuela, una misión paramilitar gestada en Colombia y desde Miami contra el presidente venezolano Nicolás Maduro, así también la presunta implicación en el asesinato presidencial de Haití, ilustran las complejas redes transnacionales que sustentan estas prácticas.

La coyuntura actual presenta una oportunidad sin precedentes para una reforma integral dentro de la infraestructura militar y de seguridad de Colombia. Las propuestas del gobierno del Pacto Histórico representan un sofisticado plan para la reconstrucción institucional, que aborda los retos sistémicos fundamentales a través de un enfoque multidimensional.

Dimensiones estratégicas de la reforma

Las transformaciones propuestas abarcan una estrategia integral que aborda vulnerabilidades institucionales críticas:

1. Reforma de la formación militar: Reimaginar la formación militar a través de una lente centrada en los derechos humanos, desarrollando una fuerza pública con auténtica identidad popular. Este cambio de paradigma prioriza la protección de los ciudadanos por encima de servir a intereses de élite o externos.

2. Desmantelamiento paramilitar: Implementar políticas específicas para deconstruir sistemáticamente los grupos armados ilegales, impidiendo su potencial reciclaje dentro de los sistemas de seguridad o los sectores de seguridad privada.

3. Mecanismos internos de lucha contra la corrupción: Establecer marcos de supervisión sólidos para erradicar la corrupción, el tráfico de influencias y las infiltraciones en redes criminales. Para ello es necesario implementar auditorías externas independientes y crear unidades especializadas en ética y transparencia.

4. Cooperación soberana regional: Reforzar la integración a través de organizaciones regionales como CELAC y UNASUR para construir un modelo de seguridad autónomo, soberano e independiente de dinámicas de poder extranjero.

5. Independencia de la formación militar: Superar la subordinación a instituciones extranjeras como el Comando Sur y la OTAN, abogando por un modelo de formación militar con auténtica identidad latinoamericana.

6. Educación Orientada a la Paz: Promover programas educativos que cultiven una cultura de paz, justicia social y rechazo a la intervención, enfatizando la soberanía nacional y la autodeterminación regional.

Un imperativo colectivo latinoamericano

El fenómeno mercenario y la militarización territorial representan profundos recordatorios de los costes a largo plazo asociados a la perpetuación de dependencias militares impulsadas por intereses extranjeros.

Este momento crítico en el continente exige acciones concretas por parte de múltiples actores sociales -gobiernos, movimientos sociales, comunidades campesinas, grupos étnicos y ciudadanía- para transformar fundamentalmente el modelo de seguridad regional.

A medida que Colombia se enfrenta a este nefasto legado histórico como es el mercenarismo, a la vez, se encuentra en un momento determinante para reimaginar no sólo la seguridad nacional, sino la propia concepción del compromiso militar en América Latina.

Nota: El autor es docente investigador de la Universidad de San Buenaventura, en Medellín, y forma parte de la Red Interuniversitaria por la Paz REDIPAZ y Grupo Autónomo Kavilando.

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