Desde que el pasado 14 de febrero se destapara el ‘caso Mediador’ con la detención de varios implicados, incluido un exdiputado del Partido Socialista, España asiste al goteo de informaciones de una trama que se ha convertido en un escándalo nacional.

La investigación del caso, que implica a políticos y empresarios, ha puesto al descubierto extorsiones y mordidas a cambio de conseguir privilegios como contratos públicos o ayudas europeas, así como pagos de celebraciones entre los implicados en la trama con participación de prostitutas y drogas.

El caso recibe el nombre por el empresario Marco Antonio Navarro, el mediador de toda la trama, conseguidor y centro de las investigaciones que desarrolla un juzgado de Santa Cruz de Tenerife y que, de momento, se han saldado con 13 detenidos, uno de los cuales ya ha ingresado en prisión. De momento, la Fiscalía es la única acusación personada en el caso.

La mayoría de los partidos políticos piden una investigación en el seno del Congreso de los Diputados para determinar cuántos diputados socialistas habrían estado implicados, entre otras cuestiones, mientras que desde el PSOE, la formación socialista, se alega que se ha actuado con total diligencia suspendiendo de militancia al parlamentario arrestado, que, además, entregó su acta de diputado.

Un año de investigación

La investigación arrancó hace un año en el juzgado de las islas Canarias, territorio que estaría en el centro de la trama, y saltó a la luz pública el 14 de febrero, cuando se produjo la detención de varios implicados.

 

 

Los investigados son políticos, miembros de la Guardia Civil —cuerpo militar con labores policiales— y diversos empresarios, mayoritariamente del ámbito ganadero y alimentario.

Los delitos que se les imputan son los de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, falsificación de documentos y pertenencia a organización criminal. Las reuniones tuvieron lugar en lugares tan emblemáticos como el propio Congreso de los Diputados o la sede de la Guardia Civil en Madrid. Las celebraciones posteriores solían trasladarse a hoteles o clubs de alterne.

¿Qué cargos públicos están implicados?

Los cargos públicos implicados que han trascendido hasta ahora son tres: un diputado del Partido Socialista, el exdirector general de Ganadería del Gobierno regional de Canarias y un general retirado de la Guardia Civil.

Juan Bernardo Fuentes Curbelo fue director general de Ganadería del Gobierno de Canarias hasta que en 2020 se convirtió en diputado del Congreso por el Partido Socialista.

Presuntamente era el líder del ‘caso Mediador’ y recibía comisiones de empresarios a cambio de favores como la concesión de subvenciones o contratos públicos, evitar sanciones o inspecciones o agilizar licencias. Esos ingresos se depositaban en cuentas de la Asociación Deportiva Vega de Tetir, que Fuentes Curbelo presidía.

El mismo día que se destapó el escándalo, el Partido Socialista suspendió su militancia en la formación, mientras que el propio Fuentes Curbelo renunció a su acta de diputado. Tras dejar de estar aforado, la jueza ordenó su detención el lunes de la semana pasada, aunque acordó su puesta en libertad con cargos dos días después al no apreciar riesgo de fuga o de destrucción de pruebas. Está acusado de cohecho, falsedad, blanqueo, tráfico influencias y pertenencia a grupo criminal organizado.

Fuentes es el sobrino de Fuentes Curbelo y fue su sustituto en el cargo de director general de Ganadería cuando su tío abandonó el puesto para ser diputado. Taishet Fuentes fue destituido de su cargo en junio de 2022. Aunque entonces se alegó que no tenía la confianza del presidente autonómico, hace unas semanas fue proclamado candidato a la alcaldía de un municipio canario.

Su función consistiría en manipular expedientes y en ejercer influencia sobre empresarios para captarlos para la trama.

El general retirado de la Guardia Civil Francisco Javier Espinosa Navas es el único de la docena de investigados que hasta el momento ha ingresado en prisión, acusado de cohecho, tráfico de influencias y pertenencia a grupo criminal organizado. Se sospecha que habría amañado cuatro contratos públicos por valor de alrededor de 260.000 euros de fondos provenientes de las instituciones europeas.

Se cree que fue perceptor de sobornos provenientes de empresarios y que propiciaba las situaciones idóneas para extorsionar a varios del ámbito ganaderos, con prácticas como el envío de inspecciones para conseguir el pago de comisiones.

Además, habría intentado que los empresarios que pagaban las comisiones contrataran a su amante, a la que se refería como ‘chocho volador’, según los audios intervenidos.

Espinosa Navas ya fue investigado en 2010 por otro caso de corrupción en el ámbito canario, si bien entonces la causa contra él quedó archivada.

La figura del ‘Mediador’

La figura del ‘Mediador’, que da nombre al caso, recae en Marco Antonio Navarro, un empresario que, al parecer, habría hecho de nexo de unión entre los empresarios y los cargos públicos. Según relatan los medios nacionales, ya había sido condenado con anterioridad por delitos relacionados con la estafa, falsedad documental o robos con fuerza y violencia.

Pese a ser uno de los implicados, habría sido su testimonio el que hizo aflorar el caso. Todo comenzó cuando el director de Deportes del Cabildo de Tenerife, Ángel Luis Pérez Peña, denunció en una comisaría que se habían realizado compras con su tarjeta bancaria sin su consentimiento en diciembre de 2021.

La investigación policial llevó hasta Navarro, que negó haber realizado esas compras, pero dijo tener pruebas contundentes de delitos de corrupción cometidos por políticos del ámbito canario. Por su parte, Pérez Peña se enfrenta a una acusación por denuncia falsa y perdió su cargo en el Cabildo.

 

Muchas de las evidencias en las que se basa el ‘caso Mediador’ fueron extraídas de los dos teléfonos móviles que facilitó Navarro. Entre los dos contenían 6.989 contactos, 2.296 documentos, 107.026 imágenes, 39.698 archivos de audio y 3.158 vídeos.

Sobre las fiestas que organizaba para celebrar estos ‘negocios’, Navarro ha llegado a declarar en la radio Cope Canarias: “Era como un catering, con servicio completo… en plena pandemia”. En la misma entrevista aseguró que en una de las cenas que organizó había 15 o 16 diputados socialistas.

Otras personas que están siendo investigadas son ganaderos y empresarios que habrían pagado las comisiones a la trama. La mayoría tiene sus intereses económicos en Canarias, pero algunos operaban en la península y querían comenzar a ejercer sus actividades en la Zona Especial de Canarias, sujeta a menores tipos impositivos.

El Congreso y clubs de alterne

Según el sumario, al que ha tenido acceso eldiario.es, las pruebas extraídas del celular de Navarro están integradas por documentos gráficos y audios enviados entre los empresarios y los políticos.

Esas pruebas revelan que se citaban en diferentes lugares, como el Congreso de los Diputados, bares, restaurantes, pisos, hoteles o locales nocturnos e, incluso, en la sede de la Guardia Civil en Madrid.

Así, en un primer momento, el ‘Mediador’ llevaba a los empresarios a la Cámara Baja, donde les hacía pagar una primera comisión de 5.000 euros que se ingresaba en la Asociación deportiva presidida por el ahora exdiputado Fuentes Curbelo.

Después el negocio se llevaba a cabo en fiestas pagadas por los empresarios, donde abundaban las prostitutas y las drogas.

Según Navarro, ese pago inicial lo habrían realizado al menos seis empresas de Canarias, entre las que figuraría una quesera, una granja de vacas, una ganadería, una empresa de drones y otra de placas solares.

Reacciones políticas

Las reacciones políticas no se han hecho esperar. El conservador Partido Popular (PP), principal formación de oposición, ha pedido explicaciones y ha presentado una batería de preguntas en sede parlamentarias, además de exigir la comparecencia de varios ministros.

“Lo que vamos conociendo abunda en la vergüenza: posibles mordidas a empresarios para obtener por la vía estrecha ayudas de la Unión Europea con fondo a los Next Generation, fiestas con prostitutas y con drogas…”, resumía el portavoz popular, Borja Semper, que anunció que su formación se estaba planteando presentar una iniciativa en el Congreso.

El resto de fuerzas políticas también han condenado el caso. Pablo Echenique, portavoz de Unidas Podemos, el socio en el Gobierno del Partido Socialista, tildó de “gravísimo” lo conocido hasta ahora y expresó su condena “más contundente”, si bien no anunció ninguna acción al respecto.

Por su parte, el partido de ultraderecha Vox anunció que se personará en sede judicial como acusación popular, según dijo su portavoz, Iván Espinosa de los Monteros. “El Gobierno más feminista de la historia tiene aquí al parecer presuntamente una quincena de diputados que acudían a esas fiestas con prostitutas después de votar las leyes más feministas de la historia“, ironizó Espinosa de los Monteros este martes.

Otras fuerzas minoritarias, como Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), además de mostrar su rechazo, han afirmado que apoyarán cualquier iniciativa que contribuya al esclarecimiento de este caso. Por su parte, el Partido Socialista de Canarias también ha anunciado que se personará como acusación popular en la causa.