La Unidad Nacional de Europol de la Policía Nacional, órgano de enlace entre Europol y el Ministerio del Interior español y que depende directamente al Director General de la Policía, ha incluido en sus aportes al informe anual sobre terrorismo de Europol a los movimientos de ambos territorios.

El informe de este año, en el que se incluyen las tradicionales referencias a la «extrema izquierda» y al «terrorismo anarquista», incluye por primera vez y de manera explícita a las organizaciones políticas y sociales de Euskadi y Cataluña como movimientos terroristas.

La oficina europea cataloga al independentismo catalán y vasco como «lo más activo y violento dentro de la escena separatista española». «En su relato se combinan el separatismo con puntos de vista extremistas de izquierda, centrándose en mensajes contra los españoles, el Estado y sus instituciones, así como frente a temas más amplios como el capitalismo.»

El lenguaje empleado es el que habitualmente se usa en los atestados policiales españoles, y particularmente en los informes que la Comisaría General de Información de la Policía Nacional recibe de los agentes infiltrados que actualmente pueblan numerosos movimientos sociales en España, de los cuáles varios de ellos han sido descubiertos en los últimos meses.

Las unidades orgánicas que procesan estos datos, las brigadas de información, son las que con más ahinco insisten en catalogar como terrorismo las actividades de estos movimientos sociales.

Si bien el informe no aporta nada nuevo en cuanto a la carga ideológica de sus autores, sí se percibe en el mismo un mayor énfasis en catalogar como problema de orden público la actividad política en Euskadi y Cataluña. Inclusive, se llega a «asociar» como acciones terroristas las protestas contra el apoyo de la Unión Europea al gobierno ucraniano de Volodomyr Zelenski.

Los informes de Europol, en lo que a Euskadi y Cataluña se refiere, forman parte del acervo argumentativo que los tribunales españoles suelen emplear en los procesos penales que se siguen en España contra militantes de organizaciones sociales, por lo que la inclusión, genérica, de estos movimientos no es para nada inocente.