O hay una conspiración en marcha de todo el continente contra esta gran nación que es España o, al final, tendremos que admitir que nuestro augusto Tribunal Supremo, con sus inmaculadas puñetas y sus zainas togas, no ha dejado de mearse en la Justicia a cuenta del procés por algún problema de próstata no diagnosticado. Una cosa es que el Derecho sea una materia un tanto maleable y no una ciencia exacta, y otra asumir que el Código Penal tenga que ser una bayeta que se puede retorcer a conveniencia y sin límite alguno.

Desde aquí se ha venido dando cuenta de los despropósitos de este Altísimo Tribunal nuestro tan aplaudido y de cómo ha venido sobrepasando su función jurisdiccional para adentrarse en el terreno de la artimaña y la estratagema. Se ha configurado así una especie de autarquía jurídica que, en su delirio, ha llegado a impugnar actos que no se habían producido, ha jugado arteramente con las euroórdenes de detención, ha permitido que un magistrado se arrogue poderes excepcionales en su creencia de que era el último bastión contra los malvados independentistas y ha dictado resoluciones que han pasado por encima del ordenamiento jurídico y del propio sentido común.

Para combatir al que se entiende como el gran enemigo de nuestra democracia se ha puesto en solfa a la propia democracia, y se han visto cosas que no se creerían ni aquí ni más allá de Orión. La última, que ahora ha vuelto en forma de boomerang contra la cabeza del Supremo, fue dirigir una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia europeo en la que preguntaba si se debía considerar a Junqueras un preso preventivo más o un eurodiputado investido de la correspondiente inmunidad y, sin esperar siquiera la respuesta, dictar sentencia contra él.

Y lo hizo, probablemente, porque ya sabía cuál iba a ser dicha respuesta, tal y como reconoció en su día la propia Fiscalía al oponerse a que recogiera su acta con el argumento de que implicaría su puesta en libertad y paralizaría el juicio. Así que se prefirió privar al líder de ERC de su derecho de sufragio pasivo, que es un derecho fundamental, antes que seguir el cauce establecido de ponerle en libertad para que tomara posesión y solicitar a continuación el suplicatorio al Parlamento europeo para poder juzgarle.

El fallo de la Corte europea no deja lugar a dudas: Junqueras se convirtió en eurodiputado desde la proclamación de candidatos, porque dicha condición se deriva de su elección por sufragio universal y no del acto administrativo de recoger el acta. Y como él, lo hicieron Puigdemont y Comín, a los que veremos pronto sentados en la Eurocámara mientras el inefable juez Llarena se plantea si debe comerse las euroórdenes con patatas o con ensalada, que es siempre menos pesada a la hora de hacer la digestión.

Por mucho que se diga que el Tribunal de Luxemburgo no impone la excarcelación de Junqueras y que deja en manos del juzgador los efectos aparejados a su sentencia, lo normal sería que, tras los cinco días que ha dado de plazo a las partes para formular alegaciones, el Supremo anulara la sentencia y reiniciara el proceso de la manera correcta. Y, casi con toda seguridad, no lo hará porque no van a venir ahora unos tipos desde Luxemburgo a decirles a nuestros infalibles intérpretes de la Justicia cuáles son los límites a la hora de estrangular las normas. Y el caso volverá al Tribunal europeo, que pintará de nuevo al Supremo la cara de rojo. Y a sus señorías excelentísimas no les importará porque su capacidad para el ridículo no conoce fronteras y porque lo que de verdad ocurre es que existe un contubernio colosal contra nuestro impecable Estado de Derecho. Europa y, quizás el mundo entero, es independentista. Contra eso luchamos.