Finalmente, ha habido acuerdo, pero ha sido una vez más decepcionante. Aunque las cabeceras de diferentes medios de comunicación y los titulares de algunos artículos se hayan apresurado a vestirlo como un éxito o, en cualquier caso, como el único posible; aunque se traslade el mensaje de que el gobierno holandés ha cedido en su intransigente posición; aunque se ponga el énfasis en que los recursos movilizados a través del Mecanismo Europeo de Estabilidad no tendrán como contrapartida la exigencia de que los países receptores de sus créditos tengan que aplicar un plan de ajuste macroeconómico y estructural (visualizado a través de los célebres «hombres de negro»); aunque se haya decidido asignar los recursos con el único criterio de hacer frente a la enfermedad.

A pesar de todo eso, el acuerdo queda muy lejos y no responde a lo que necesitan con urgencia los gobiernos y la ciudadanía. Se puede vestir del derecho o del revés, pero, por enésima vez, la UE no ha sido valiente ni generosa.

El parón de la actividad económica y la implementación de los planes de emergencia van a elevar muchísimo -ya está sucediendo, de hecho- los niveles de déficit y deuda públicos. Es inevitable, es necesario y hay que contar con ello. En esta situación, la respuesta de la UE simplemente no puede pasar por intensificar el endeudamiento de los gobiernos, porque, como es evidente, las deudas deben reintegrarse, los préstamos deben amortizarse, con los correspondientes intereses. Ciertamente, ahora son muy bajos, pero la incertidumbre y la volatilidad de los mercados financieros puede modificar este panorama. La deuda, además, supone un lastre para la capacidad financiera de los gobiernos. Al respecto, no debemos olvidar -pues constituyó un verdadero golpe de estado- que la modificación del artículo 135 de nuestra constitución, realizada con nocturnidad y alevosía en 2011 por el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular- da prioridad al pago de las obligaciones derivadas de la deuda frente a cualquier otro gasto del Estado.

La única única puerta que se ha abierto es la de los préstamos, porque la de los coronabonos (esto es, la mutualización de la deuda) ha quedado cerrada a cal y canto. Los créditos y los avales, las dos herramientas del acuerdo firmado, sitúan a los grandes bancos y a las corporaciones en el centro de la asignación de los recursos, por supuesto, con el único criterio de la rentabilidad, pues así funcionan los mercados. No me sorprende, pues este ha sido el ADN de la construcción europea y recientemente quedó claramente de manifiesto en el debate sobre los presupuestos comunitarios, cuya cifra apenas supera el 1% del Producto Interior Bruto Europeo. Unos presupuestos raquíticos, con los que se lanza el mensaje de la centralidad de las finanzas privadas y la subordinación de lo público.

¿Acaso no quedaba otra alternativa? Por supuesto que sí, lo que no ha habido es voluntad política. Una enérgica intervención del Banco Central Europeo -que debería actuar como lo que dice ser y sin embargo no es, un verdadero banco central- adquiriendo deuda de los gobiernos, que pasaría a integrarse en su cartera, convirtiéndola en deuda perpetua a tipo de interés cero, que, por lo tanto, no tendría que reembolsarse. Actuando en esta dirección se alcanzaría un doble objetivo: proporcionar a los gobiernos la liquidez que precisan y reducir la deuda pública, ampliando de esta manera su capacidad financiera para enfrentar la lucha contra la enfermedad y la reconstrucción económica y social. La UE también podría haber mirado, y no lo ha hecho, aunque la situación de excepcionalidad lo hace imprescindible, a los privilegiados y aplicar un impuesto especial sobre las grandes fortunas y patrimonios, sobre las transacciones digitales y sobre el tramo de las operaciones financieras con un perfil más especulativo.

Pero, claro, estas propuestas están fuera de la agenda de la UE. Las instituciones y los dirigentes comunitarios han perdido una oportunidad -posiblemente, no tendrán otra parecida- y han dado un paso más hacia la irrelevancia y la desintegración. Si ahora más que nunca se trataba de reafirmar el compromiso con lo público y de aplicar políticas de solidaridad, las medidas adoptadas siguen el camino equivocado. Pesa mucho la inercia, cierto, también pesa lo suyo la ideología, es evidente, pero, sobre todo, el lastre más pesado está en los intereses de las elites económicas que marcan la hoja de ruta de las instituciones europeas.