Fuente: Umoya num. 97 4º trimestre 2019                                                        Pablo Arconada Ledesma

Los pueblos de Etiopía han vivido tiempos agitados en los últimos años, especialmente durante el gobierno del Primer Ministro Hailemariam Desalegn que estuvo en el cargo entre 2012 y 2018. Las continuas protestas que se generalizaron entre los Amhara y los Oromo, pero que también tuvieron su repercusión en la capital y otras regiones, acabaron por poner contra las cuerdas al gobierno, llegando a declarar el Estado de emergencia y provocando, finalmente, la caída de Desalegn y la llegada al poder del recién galardonado con el Nobel de la paz por su papel en el proceso de paz con Eritrea Abiy Ahmed Ali.

Aunque pudiera parecer algo novedoso el hecho de que unas protestas ciudadanas en Etiopía obliguen a un cambio de gobierno, lo cierto es que el país ya ha vivido con anterioridad episodios de agitación social, incluso durante el reinado del Emperador Haile Selassie I. Ya en 1960, durante el golpe de Estado que se realizó contra el emperador, los estudiantes universitarios salieron a la calle para apoyar a los militares y exigir una apertura del régimen imperial. Precisamente, fue en torno a estos grupos de estudiantes a los que se va a generar un movimiento mucho  más masivo en los primeros años de la década de 1970. Junto a los estudiantes, los conductores y los campesinos iniciaron una serie de manifestaciones para derrocar al gobierno. Aunque finalmente la revolución de 1974 fue secuestrada por el Consejo Administrativo Militar Provisional, más conocido como Derg, es inevitable pensar que, sin la presión de las calles, el cambio político no hubiera tenido lugar.

Desde aquellos acontecimientos Etiopía no había vuelto a ser sacudida por protestas sociales de estas dimensiones. Aunque ambas etapas cuentan con un contexto totalmente diferente, lo cierto es que la aspiración a cambiar un sistema de gobierno injusto y la situación social conectan ambos ciclos de protestas. No podemos olvidar que los nuevos acontecimientos tienen también cierto carácter regional. La explosión social de 2016 fue protagonizada especialmente por dos pueblos, los oromo y los amhara, que consideraban que el gobierno central priorizaba los intereses de los tigriñas que ocupan, desde el cambio de régimen de 1995, las principales instancias de poder de Etiopía.
Estas primeras protestas fueron recibidas como una amenaza por el gobierno federal, que respondió con la restricción de internet y la represión, ocasionando más de 100 muertos. El balance de fallecidos y la dura represión no logró frenar las manifestaciones, lo que llevó al gobierno a declarar el estado de emergencia por primera vez desde la fundación de la República Democrática Federal de Etiopía. Las protestas vinieron a demostrar el malestar social con el modelo político instaurado en la década de 1990. Como consecuencia de la caótica situación y la incapacidad de controlar la explosión social, finalmente, el Primer Ministro Hailemariam Desalegn tuvo que renunciar a su cargo en abril de 2018, siendo sucedido por Abiy Ahmed Ali.
La llegada al poder de Ahmed Ali fue recibida con amplia expectación por parte de la ciudadanía etíope, especialmente por su origen, ya que se convirtió en el primer oromo en ocupar la jefatura de estado etíope, pero también por las reformas iniciadas. A la liberación de opositores y al inicio de negociaciones con grupos de oposición, se unió el proceso de paz con Eritrea y la promesa de una supuesta apertura democrática. Sin embargo, parece que el ciclo de protestas no ha terminado con el cambio de gobierno ya que, el pasado verano, se organizaron manifestaciones masivas en la Región de las Naciones, Nacionalidades y Pueblos del Sur (RNNPS).
Así, en julio, diferentes sectores sociales de la región iniciaron manifestaciones en favor de la creación de un nuevo estado regional dentro de Etiopía que permitiera al pueblo sidama aumentar su representación y su autogobierno al nivel de otros pueblos como los oromo, los amhara o los tigriña. La RNNPS representa la región más multiétnica de Etiopía y en ella los sidama son mayoritarios. Sin embargo, el resto de pueblos que conviven en la región ven con temor la creación de dicho estado federal. Las protestas del pasado verano estuvieron protagonizadas también por grupos de mujeres que marcharon en las calles de Awassa para protestar por la demora en la celebración de un referéndum. Se calcula que dichas manifestaciones se saldaron con al menos 40 muertos. Los últimos acontecimientos han venido a demostrar que, a pesar de la llegada al poder de Abiy Ahmed, la presión social sigue estando presente.
Aunque pudiera parecer que la protesta social se debe sobre todo a problemas regionales y al desencanto con el poder central, lo cierto es que las protestas en la última década han tenido causas bastante variadas. Así, en 2012, pocos meses después del ascenso de Desalegn, diferentes grupos musulmanes salieron a la calle en Addis Abeba para protestar de forma pacífica por considerar que estaban siendo marginados. Esta protesta fue duramente reprimida por el gobierno. Más recientemente, la pasada primavera, jóvenes doctores de la capital se organizaron para manifestarse contra los bajos salarios, las largas jornadas laborales y las malas condiciones de trabajo a las que se exponen. Las protestas no tardaron en extenderse a otras ciudades como Mekelle, Gondar, Dire Dawa o Adama. Todo ello puede explicar los recientes acontecimientos en los que, al malestar con el sistema implantado en 1990, se unen las tensiones con el gobierno central, las exigencias de libertad y de mejora de las condiciones de vida, especialmente en relación a las condiciones laborales.
Sin cambios profundos, parece que el efecto Abiy Ahmed no convencerá a la ciudadanía, que seguirá manteniendo el pulso en las calles.