En junio del 2020, en Barcelona, el Grupo de investigación en riesgos psicosociales, organización del trabajo y salud de la Universitat Autònoma de Barcelona (POWAH) y el Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS-CCOO) presentaron el informe sobre las Condiciones de trabajo, inseguridad y salud en el contexto del COVID-19: estudio de la población asalariada (1).

Es muy habitual, más de la cuenta, que este tipo de trabajos pasen muy desapercibidos en medio de polémicas y ruido mediático entorno a algunas noticias que no aportan nada de interés a la inmensa mayoría de la población. No ha sido esta vez del todo el caso y este estudio ha tenido cierta repercusión en los medios. Aun así, creo que bien merece la pena poder dedicar en Sin Permiso algunas valoraciones de los resultados más destacados.

La encuesta

Se trata de una encuesta realizada a personas asalariadas residentes en el Reino de España que a fecha de 14 de marzo tenían un empleo, incluyendo a aquellas que fueron afectadas por un ERTE o fueron despedidas. Participaron 20.328 personas. El trabajo de campo se realizó desde el 29 de abril hasta el 28 de mayo.

En su introducción se dice que:

“Miles de personas han sufrido importantes cambios en sus condiciones de empleo y de trabajo habituales, desde la imposición del teletrabajo por fuerza mayor (que puede afectar a cerca del 30% de la población asalariada) hasta la reducción de la jornada o la suspensión temporal del empleo (con 3,75 millones de personas afectadas), y varios miles más han perdido su empleo bien porque les han despedido o bien porque no les han renovado el contrato temporal (de marzo a mayo el desempleo aumentó en más de 280.000 personas, superando los 3,8 millones). Sin ninguna duda, las condiciones de empleo y de trabajo han sufrido un golpe muy duro, pero debemos reconocer que no lo conocemos en detalle. Estos cambios, han tenido, y van a tener, un profundo impacto en la salud de las personas trabajadoras, no solamente por la pandemia vírica, sino por el deterioro de las condiciones de trabajo.”

La encuesta realizada compara las características de la población asalariada participante en dicha encuesta con los de la población asalariada residente en el Reino de España de la EPA del 1er trimestre y hay un mayor porcentaje de participantes mujeres (57,8% frente al 48,2% de la EPA) y de mayores de 50 años (45% frente al 30,3% de la EPA). También hay participación mayor a la esperada en Aragón (8,9% frente a un 2,9%) y menor en Canarias o Cataluña. Pero estas diferencias no influyen en los resultados.

Ir a trabajar con síntomas

Entre la gente que participó y que declaran haber trabajado habitualmente durante el estado de alarma (un 37,8%), un 13,1% afirma haber ido en algún momento a trabajar con síntomas como fiebre, tos, dificultad respiratoria o malestar general. Entre quienes afirman que su salario les permite cubrir las necesidades del hogar como mucho “algunas veces” fueron al trabajo con síntomas un 18,2%, casi el doble de aquellos que su salario cubre las necesidades “siempre o muchas veces” que fue del 10,5%.

Según las ocupaciones seleccionadas, las sanitarias (pero no sólo) han sido las que más fueron a trabajar con síntomas. Auxiliar de enfermería es la más destacada con un 25,7%, le sigue auxiliar de geriatría con un 23,1% y personal de enfermería con un 23%. Pero también el personal de tiendas de alimentación, mercados y supermercados superan la media (del 13,1%) con un 17,2% y el personal de limpieza con un 16,4%.

Trabajar sin protección

Según la encuesta, un 71,2% de los participantes manifestó haber ido a trabajar a su empresa u organización en algún momento sin las medidas de protección adecuadas siendo las que trabajan de cara al público las que más con un 78,1%.

Las ocupaciones sanitarias de Celadora/Camillero fueron las más expuestas con un 87,5%, seguidas por auxiliar de enfermería (77,7%), enfermería (77,5), personal del sector de la alimentación con un 76,8%, limpieza (71,6%), repartidores a domicilio (mensajería, riders, etc.) con un 71,2%.

Teletrabajo

El teletrabajo como ya es conocido fue mucho más frecuente en ocupaciones no manuales como directores, gerentes, profesionales o técnicos que en ocupaciones manuales de la industria, la construcción o la hostelería. Así pues, en algunas como la de técnicos y profesionales científicos e intelectuales fue del 66,2% y en cambio en trabajadores de servicios de restauración fue del 7,8% o en personal de instalación de maquinaria y montaje del 7,4%.

Despidos y no renovaciones de contrato

Un 5,7% de las personas que participaron han perdido su empleo desde el comienzo de la pandemia. La mayoría (3,8%) han sido despedidos y un 1,9% no han renovado contrato. Los jóvenes han sido los más perjudicados. Entre menores de 25 años la pérdida de empleo ha alcanzado el 17%, entre los 16 a 34 años han perdido el empleo el 10%, y para mayores de 50 ha sido del 3,2%. En puestos manuales el porcentaje es superior con un 5,1% frente a los no manuales del 2,4% (supervisión, directivos, técnicos…).

ERTES

Uno de cada cuatro participantes ha estado afectado de un ERTE durante el estado de alarma. La gran mayoría de suspensión (21,8%) y el resto de reducción de jornada (3,4%). De los ERTES de suspensión un 51,3% no fueron negociados. Y de los de reducción de jornada un 42,2%.

Inseguridad laboral

El 42,6% de las personas trabajadoras encuestadas están preocupadas por la posible pérdida de empleo y el 75,6% manifiestan preocupación por la dificultad de encontrar un nuevo empleo en caso de quedarse en paro. El 42,4% están preocupadas por un posible traslado contra su voluntad de centro de empleo, unidad, sección, departamento en el que trabajan. La posibilidad de disminución de salario preocupa al 69,7%. Por supuesto la preocupación es mayor entre aquellas personas cuyo salario no cubre las necesidades básicas de su hogar.

Alta tensión

En el informe se explica de forma muy pedagógica que:

“Robert Karasek formuló en 1979 el modelo Demanda–Control, que explica el estrés laboral en función del equilibrio entre las demandas psicológicas del trabajo y el nivel de control del trabajador sobre éstas. La situación más desfavorable en la que puede encontrarse un/a trabajador/a es la denominada ‘alta tensión’, aquella en que la persona está expuesta a altas exigencias, pero tiene bajo control. Se estima que el 5% de los casos de enfermedad cardiovascular en España, entre población trabajadora, podrían ser atribuidos a la alta tensión, así como prácticamente el 20% de los trastornos mentales. En la tercera Encuesta de Riesgos Psicosociales del año 2016 se estimó que un 22,3% de la población asalariada residente en España estaba en situación de alta tensión, mientras que en COTS este porcentaje prácticamente se duplica hasta el 44,3%.”

Se constatan algunas desigualdades de género y de clase ocupacional en la exposición a alta tensión que perjudican más a mujeres (47,8%) y a trabajadores manuales (51%) frente a hombres y no manuales, respectivamente.

Cambios en la salud general

Más de dos de cada cinco participantes en situación de no cubrir a menudo sus necesidades básicas con su salario declaran haber empeorado su estado de salud durante la pandemia. Entre las ocupaciones seleccionadas para este estudio los y las auxiliares de enfermería son las que más declaran empeorar su salud general, más de la mitad (51,8%), seguidas de las gerocultoras (46,6%), personal de enfermería (45,8%) y trabajadores del sector de la alimentación, supermercados, etc. (44,5%).

Problemas de sueño

Algo más de dos de cada cinco participantes (41,6%) manifestó haber dormido mal muchas veces a lo largo del último mes (durante el estado de alarma) y tres de cada diez (30,6%) algunas veces. Entre las mujeres son todavía peores pues la mitad (49,9%) manifiesta haber dormido mal muchas veces o siempre y también ligeramente más entre los jóvenes de menos de 35 años (44,8%).

En el caso de las personas que no tienen a menudo sus necesidades básicas cubiertas más de la mitad (51%) manifiesta haber tenido problemas de sueño siempre o muchas veces en el último mes. Por profesiones, auxiliares de geriatría (56,6%), enfermería (55,2%) y limpieza (52,4%) son la gente que más declaran problemas muchas veces o siempre.

Riesgo de mala salud mental

El 55,1% de las personas participantes mostró alto riesgo de mala salud mental. Hay que recordar que en la Encuesta de Riesgos Psicosociales de 2016 (ERP 2016), se midió de idéntica forma. El riesgo de mala salud mental fue notablemente superior en las mujeres que en hombres (63,8% vs 46,8%). Por edades el grupo más afectado fueron los jóvenes de 16 a 34 años con un 58%.

Las personas que no pueden cubrir sus necesidades básicas con su salario tienen un alto riesgo de padecer mala salud mental, esto es un 18,5% más respecto a quién si le alcanza.

Auxiliares de geriatría (73%), enfermería (71,5%), sector de la alimentación, mercados, supermercados (68,3%) y sector de limpieza (66,9%) fueron las ocupaciones con mayor riesgo de padecer mala salud mental.

Consumo de fármacos

Más de uno de cada cinco participantes (21,5%) participantes han consumido tranquilizantes/sedantes o somníferos durante el último mes. De los cuales, más de la mitad (12%) son nuevos consumidores, mientras que de los que ya consumían antes del inicio de la pandemia, uno de cada tres aumentó la dosis a un fármaco más fuerte. El consumo total fue más fuerte en mujeres que en hombres (27,4% i 15,9%, respectivamente), así como el de nuevos consumidores (15,4% y 8,8%).

Por edades, si bien el consumo es superior entre la gente mayor de 49 años (un 25%), el mayor incremento se observa entre la gente joven (del 4,7% prepandemia a más del doble, el 11,9%).

Las personas cuyo salario no permite cubrir las necesidades del hogar consumen más tranquilizantes y somníferos que las que sí pueden cubrirlas.

En el caso de las profesiones de auxiliares de geriatría y limpieza, el consumo se ha duplicado (del 16,9% prepandemia al 34,7%), en el de auxiliares de enfermería y enfermería se ha casi triplicado (11,6% al 31,6%) y por lo que respecta a las médicas se ha quintuplicado (del 6,9% al 34,7%).

Incapacidades temporales

El 3,6% de los trabajadores han tenido una incapacidad temporal por ser caso confirmado o sospechoso de COVID19. Este porcentaje aumenta entre la gente trabajadora de sectores considerados esenciales (5,0%).

El 17% de las gerocultoras participantes afirman haber cogido una IT a causa de ser caso confirmado o sospechoso de COVID19. Esta cifra aumenta a una de cada cuatro si añadimos aquellas en que la incapacidad fue a causa de un contacto.

Algunas reflexiones

En este magnífico trabajo se han aportado muchos datos y observaciones muy valiosas para cualquier persona interesada en la salud, las condiciones laborales y la política en general. Por supuesto tendría también que serlo para quien se dedique profesionalmente o por mandato popular al ámbito de las políticas públicas.

Este material es una buena herramienta para entender y analizar cómo se distribuyen las desigualdades sociales y de salud entre la población trabajadora, por ocupaciones, por ingresos, por edad y por sexo.

Es evidente que los resultados son muy abrumadores y en algunos aspectos tienen mucha relevancia: ocupaciones con más riesgo de salud, precarias y mal pagadas, inseguridad laboral y preocupación por la posible pérdida de empleo, aumento del consumo de fármacos entre las ocupaciones más expuestas, problemas de sueño y de más consumo de fármacos entre la gente con las necesidades básicas no del todo cubiertas o con ocupaciones más expuestas, más alto riesgo de problemas de salud mental entre las mujeres por ocupar los puestos de trabajo precarios y mal pagados…

La pandemia de la COVID19 también está contribuyendo a la posibilidad de observar mejor cuáles son las ocupaciones más beneficiosas y necesarias para la población y a la vez redescubrir que son de las peor pagadas y precarias: gerocultoras, limpieza, alimentación, auxiliares de enfermería, etc.

En definitiva, más datos para poder actuar y hacer políticas para el bien de la mayoría de la población, para redistribuir la riqueza de una manera clara, para aumentar sustancialmente impuestos a la gente más rica o, como hemos insistido muchas veces, también para implantar una renta básica universal e incondicional.

Después de leer este informe ¿alguien puede albergar aún alguna duda que una renta básica dotaría a la gente trabajadora de una mayor seguridad económica y por ello proporcionaría una tranquilidad psicológica y vital, que redundaría en una menor tensión en el empleo, una mejor salud mental, así como un mejor sueño y un menor consumo de fármacos, menos incapacidades temporales como nos vienen confirmando muchos de los experimentos realizados en algunos lugares del mundo?

NOTA:

1. Salas-Nicás S, Llorens-Serrano C, Navarro A, Moncada S. Condiciones de trabajo, inseguridad y salud en el contexto del COViD-19: estudio de la población asalariada de la encuesta COTS. Barcelona: UAB, ISTAS-CCOO; 2020. Disponible en https://www.ccoo.es/5a2456b71be76180daaf0ffd563d62eb000001.pdf