22/05/25

 

Abdoulie Bah, un joven africano, fue abatido a tiros por la policía tras un episodio de desorientación y angustia que, según testigos, no justificaba una ejecución. Nadie lo atendió. Nadie intentó contenerlo con humanidad o proporcionalidad. El cuerpo negro, nuevamente, se consideró peligroso por sí mismo. Aún hoy, con el vídeo de su muerte circulando, hay quien se permite justificar el asesinato.

A más de 2.000 kilómetros de allí, en pleno centro de Valencia, Layli Colorado, una mujer colombiana de 26 años, fue golpeada y detenida junto a su familia por cuestionar el trato policial hacia dos jóvenes. Estaba con su hijo pequeño, un niño con autismo. La respuesta de los agentes fue inmediata y desproporcionada: golpes, detenciones ilegales, amenazas. Su madre fue tirada al suelo y golpeada con una porra. Su padre, también agredido. El castigo por atreverse a cuestionar la actuación policial fue la violencia desmedida.

El patrón es criminalizar la negritud

La policía española no actúa con la misma contundencia ante todos los cuerpos. Cuando el sujeto es blanco y autóctono, incluso armado, la respuesta suele ser la contención. Cuando el sujeto es negro o migrante, basta un gesto, una palabra, una negativa a identificarse, para que se despliegue toda la maquinaria del castigo. Lo hemos visto en cientos de vídeos que circulan por las redes.

Las instituciones han normalizado una violencia diferenciada para la piel negra, que se convierte en sospechosa, en amenazante, en objeto de disciplinamiento. Y cuando nos defendemos o simplemente respiramos con dignidad, la respuesta es la porra, la bala o el calabozo.

En Canarias, Abdoulie Bah fue ejecutado como si su vida no tuviera valor. En Valencia, Layli y su familia fueron humillados, golpeados, detenidos más de 24 horas como si fueran criminales. No hay proporcionalidad, ni humanidad, ni justicia en estas actuaciones.

No es casual que ambos casos comparten la misma respuesta institucional: el blindaje a los cuerpos policiales, la deshumanización de las víctimas, el intento de criminalizarlas. El Estado protege a sus agentes aunque violen nuestros derechos. Son su brazo armado. Después los medios se encargarán de convertir a las víctimas de esta violencia en los responsables de su propia muerte, paliza o detención ilegal.

Tras la muerte de Abdoulie, lo que debió abrir un debate sobre el uso de la fuerza letal en intervenciones policiales se convirtió en un espectáculo mediático donde la víctima fue despojada de toda humanidad. Se le describió como “el joven del cuchillo”, sin nombre, sin historia, sin derecho a la compasión. Se insinuó que su muerte fue inevitable.

Lo mismo ocurrió en Valencia. El comunicado oficial se apresuró a presentar a las víctimas como agresores. Hablaron de “entorpecer una intervención”, de “amenazas”, de “atentado contra la autoridad”, pero no dijeron nada de la madre tirada al suelo, del hijo de tres años abandonado en plena calle mientras su madre era esposada, ni de los insultos y amenazas que sufrieron en comisaría. Tampoco se investigó por qué permanecieron más de 24 horas detenidos sin pruebas concluyentes.

Los medios, lejos de investigar las contradicciones entre las versiones oficiales y los vídeos grabados, repitieron los comunicados policiales como si fueran la verdad absoluta. No cuestionaron, no preguntaron, no dudaron. Se limitaron a reproducir una narrativa que protege a los agresores y silencia a las víctimas.

La salud mental no es delito

Desde Mujeres Africanas y Afrodescendientes en Canarias lo han señalado cristalinamente en un comunicado: “¿Tienen los cuerpos negros derecho a volverse locos sin perder la vida?”. Es una pregunta que Europa se niega a responder. En países donde la salud mental empieza, al menos en los discursos, a considerarse parte de la salud pública, las personas negras siguen siendo asesinadas o reducidas con extrema violencia cuando sufren una crisis.

Abdoulie Bah merecía atención, no plomo. Fue ejecutado. Si hubiese sido un joven blanco desorientado, lo más probable es que estuviese vivo.

Esta doble vara de medir no es una opinión. Está documentada. Estudios y organismos internacionales han señalado el uso desproporcionado de la fuerza contra personas racializadas. En España, casos como el de Samba Martine, el asesinato de Ilyas Tahiri en un centro de menores, o las palizas a manteros en Barcelona y Madrid, forman parte de un archivo inabarcable de violencia antinegra.

Layli y su familia también fueron despojados de todo derecho a indignarse. La policía no toleró que una mujer negra, migrante, les reprochara un abuso. Y decidió castigarla. Su hijo pequeño, con autismo, fue víctima colateral de ese castigo. La lógica de la represión se impuso sin freno.

Lo ocurrido en Valencia y Canarias son los golpes de un sistema racista que castiga la negritud y protege a quienes ejercen violencia desde el poder. La justicia no actúa como garante de derechos, sino como mecanismo de castigo cuando las personas racializadas deciden protestar. La reciente condena simbólica a dos policías por agredir a un hombre negro con un bebé en brazos —rebajada de cinco años a seis meses— deja claro que la impunidad es la norma.

Desde Afroféminas exigimos investigaciones independientes y reparación para las víctimas. Nos unimos al grito de Mujeres Africanas y Afrodescendientes en Canarias: “Nuestro dolor es importante. Frente al olvido: memoria. Abdoulie Bah, presente. Las vidas negras importan”. Acompañamos a Layli, a su familia y a todas las víctimas de la violencia policial. Porque nuestras vidas también tienen valor.

Y esto no puede seguir siendo normal. Esto no es normal.