Es evidente que las medidas de confinamiento derivadas del coronavirus han creado una crisis en el trabajo sin precedentes y que ésta debía ser abordada. También lo es, o al menos debería ser, que al enfrentarse a un problema de estas características alguien va a salir perjudicado porque es imposible una solución que beneficie a todos los partícipes. Por eso, no existen las medidas neutrales o puramente técnicas, es imprescindible tomar partido y ser consciente de que las decisiones van a tener un impacto. En el caso que abordamos en este artículo hay, simplificando mucho, tres participantes: las empresas, el Estado y los/as trabajadores/as. Dado que decíamos que el bien común entre actores antagónicos es inexistente, el Gobierno debía elegir quién iba a soportar el peso mayoritario de esta situación excepcional.

Y, lógicamente, no ha habido sorpresas: como siempre nos ha tocado a los/as de abajo. Todas las medidas en el ámbito laboral aprobadas hasta ahora, han tenido un denominador común: salvar a las empresas.

ERTE para todos, ¡yo invito!

La primera acción del Gobierno fue aprobar el RD 8-2020 el 18 de marzo. La medida más importante consistía en facilitar los ERTE, buscando que el coste se repartiera entre las arcas del Estado y los/as currantes: la Seguridad Social se hacía cargo de las cotizaciones de las empresas, nosotras dejábamos de percibir nuestro salario y el Servicio de Empleo nos pagaba un 70% de lo que veníamos recibiendo.

La medida, que era un calco a la que la patronal y CCOO y UGT habían solicitado en un documento conjunto unos días antes, se vendió como un logro puesto que otorgaba el derecho a cobrar el desempleo a las personas que no tuvieron cotizado lo suficiente y que el paro gastado no contara de cara a un futuro despido. Esto último, que se vendió como algo novedoso y como el fruto de un gobierno de izquierdas, ya se contempló en los primeros años de la crisis económica, cuando el Partido Popular buscaba que los trabajadores aceptaran sin rechistar los ERTE que maquillaran la cifra de despidos.

Otra medida que la vorágine de normas y noticias de estos días ha sepultado en muy poco tiempo era la posibilidad de reducir la jornada de trabajo hasta la totalidad de la jornada (y con ello el salario) para el cuidado de familiares. Se nos vendió como una medida muy beneficiosa y novedosa, pero ni lo uno ni lo otro. Ya existía, se llama excedencia y supone que dejamos de cobrar para poder realizar los cuidados que nuestras familias necesitan. Aquí la jugada es maestra: el Estado y las empresas no ponen un duro, el Gobierno se pone una medalla y nosotras (aquí es importante el uso del femenino) nos quedamos sin cobrar.

Se acabó el dinero, empieza el márketing

Desde el primer momento, las empresas, perfectamente conscientes de lo beneficioso que les eran las suspensiones de contrato se lanzaron en masa a realizar ERTE. En el momento de escribir estas líneas, a quince días del Real Decreto, entre dos y tres millones de personas han visto suspendido su contrato. Recordemos que esto supone un coste brutal en prestaciones de desempleo y de cotizaciones para el Estado, una reducción muy importante de los ingresos de los/as trabajadores y ningún coste para las empresas.

Por eso, las medidas aprobadas por el Gobierno la siguiente semana se enfocan desde otra perspectiva: dejar de asumir gastos, aprobar medidas grandilocuentes y seguir protegiendo a la patronal.

Lo decimos por la “prohibición de despido por COVID-19” o la “prórroga de los contratos temporales”, que siguen la misma línea que la “prohibición de despido de gente enferma” que se anunciaba hace un par de meses. Dado que la ministra de Trabajo Yolanda Díaz es abogada laboralista y que sabe de esto, solo podemos concluir que están tratando de vendernos la moto cuando publicitan estas medidas. No se ha prohibido el “despido por coronavirus”, a lo sumo se ha encarecido pasando de 20 a 33 días por año (eso dando por hecho que el trabajador demanda a la empresa, que si no, se queda sin un duro) y la tan anunciada “prórroga de los contratos” solo afecta a aquellos pocos que estén suspendidos por ERTE y solo por el tiempo que dure la suspensión.

La última gran medida ha sido el “permiso retribuido recuperable” que obliga, y no permite a pesar de su nombre, a no trabajar desde el 30 de marzo hasta el 9 de abril con la obligación de devolver esas horas cuando todo esto amaine. A pesar de ser algo completamente beneficioso para las empresas, puesto que no les supone gasto alguno, la patronal se ha visto en la necesidad de sobreactuar y criticarlo, más que por su contenido por la necesidad de hacer oposición al Gobierno y seguir el juego a la derecha.

Resumiendo: En esta crisis el Gobierno ha intentado capear el temporal tirando de recursos del Estado y reduciendo las rentas de los/as trabajadores/as con el fin de salvar a las empresas. Cuando se han dado cuenta de que esto iba a durar más de lo previsto y que la hucha estatal se vaciaba, han optado por la propaganda (gracias CCOO, UGT y medios de “izquierda”) para acallar las posibles críticas. Y mientras, la patronal se descojona.

PD: La patronal apesta y si por ellos fuera estaríamos todas contagiadas y currando por el bien de su economía, las medidas del PP y Ciudadanos  seguramente serían peores y las propuestas de Vox son propias de un psicópata. Lo sabemos y contamos con que nuestras lectoras también lo saben.

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