El domingo Estados Unidos entra en quiebra. Las oficinas públicas cierran sus puertas porque no tienen dinero ni para encender las bombillas. Es ya toda una ceremonia. El tope de déficit se ha cubierto y no hay acuerdo parlamentario para aumentarlo. No para pagarlo, sino para poder asumir más deudas (hasta el infinito y más allá).

Promulgada en 1884, la Ley contra el Déficit prohíbe a las instituciones públicas gastar o contraer deudas sin la autorización previa del Congreso. La tensión se concentra en torno a la ayuda militar a Ucrania: si no hay dinero para encender las luces, ¿por qué seguir financiando la guerra en Europa oriental?

El cierre conduce a la parálisis de la administración pública. Casi dos millones de funcionarios se van a la calle a poco más de un año de las elecciones presidenciales. Durante las quiebras de 2013 y principios de 2018, alrededor de 850.000 de los 2,1 millones de funcionarios se quedaron en su casa.

O los funcionarios siguen trabajando sin cobrar, o se van a la calle. En el ámbito de la defensa, 1,3 millones de soldados en activo trabajarán por “puro patriotismo”, o sea, sin cobrar un céntimo. “Nuestras tropas […] siempre defenderán el país y garantizarán nuestros intereses de seguridad nacional en todo el mundo, pero no se les pagará por ello. Y eso significa que ellos y sus familias sufrirán”, dijo John Kirby, coordinador del Consejo de Seguridad Nacional.

Un cierre pondría en peligro la asistencia nutricional vital para casi 7 millones de mujeres y niños que dependen de WIC, un programa «que afecta a casi la mitad de los bebés nacidos en este país. Otro programa de ayuda alimentaria para familias pobres, el SNAP, también podría verse interrumpido si el cierre dura más de un mes.

La parálisis también corre el riesgo de perturbar gravemente el tráfico aéreo, ya que los controladores aéreos y los funcionarios de la Agencia de Seguridad del Transporte se verán afectados.

Durante el cierre de 2018-2019, las colas en los controles de seguridad fueron más largas debido a la ausencia de una parte del personal, lo que provocó el cierre de los mostradores de seguridad. Los vuelos incluso fueron interrumpidos temporalmente en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York debido a la ausencia de diez controladores aéreos, lo que provocó retrasos en los vuelos.

Cada semana de cierre presupuestario de la administración le costará a la economía estadounidense 6.000 millones de dólares. Los economistas de Goldman Sachs estiman que durante una semana el bloqueo podría costar 0,2 puntos de crecimiento al PIB estadounidense en el cuarto trimestre.

Es la segunda vez en unos meses que Estados Unidos se enfrenta al colapso económico. En junio ya evitó un impago tras largas negociaciones entre bastidores. El acuerdo permitió suspender durante dos años, es decir, hasta después de las elecciones presidenciales y legislativas de 2024, el importe máximo de la deuda de Estados Unidos, que actualmente es de 31.400 millones de dólares.

Si Estados Unidos no paga sus deudas podría provocar un pánico en los mercados mundiales, un colapso del dólar e inestabilidad económica general. Las consecuencias se sentirían a escala mundial y afectarían a los mercados bursátiles, los tipos de cambio y las inversiones.

El último cierre en diciembre de 2018 y enero de 2019 duró 35 días, lo que supuso un récord. Entonces los demócratas se negaron a votar a favor de la financiación del muro a lo largo de la frontera con México, que supuestamente frenaría la inmigración ilegal. Después de tres semanas de bloqueo, Trump se vio obligado a ceder.

El episodio anterior, en octubre de 2013, duró dieciséis días. El récord anterior se alcanzó en 1995-1996 con veintiún días, bajo la presidencia de Clinton. En total, desde 1976, Estados Unidos ha experimentado 21 cierres. Ronald Reagan ostenta el récord con ocho durante sus dos mandatos (1981-1989).