Fuente: La Jornada/Stella Calloni
Viernes 25 de septiembre de 2020, p. 24
Buenos Aires., El espionaje ilegal que realizó la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno del derechista Mauricio Macri contra dirigentes opositores, legisladores, periodistas y jueces alcanzó también a familiares de los 44 marinos del submarino Ara San Juan que desapareció en el Atlántico Sur a finales de 2017, al parecer debido a una explosión mientras se desarrollaban maniobras navales de Argentina, Estados Unidos, Gran Bretaña y Chile en esa zona cercana a las islas Malvinas.
Los deudos de las víctimas –cuyos cuerpos no fueron rescatados después del hallazgo de los restos del submarino en el fondo del mar por una empresa contratada gracias a la búsqueda dolorosa e incesante de las familias, a las cuales las autoridades mintieron durante meses, en especial el entonces ministro de Defensa Óscar Aguad y el propio Macri– calificaron de muy perverso
el hecho de haber sido espiados mientras se encontraban en semejantes circunstancias.
Incluso para ser escuchados en el frío de un invierno duro en junio de 2018 se encadenaron y acamparon afuera de la casa de gobierno, en condiciones inhumanas, declarando sentirse “abandonados por la autoridad nacional y la Armada… no nos vamos a mover hasta que el gobierno resuelva esta situación de buscar una empresa de cualquier país que sea viable para hallar al submarino y a sus tripulantes”.
Hasta ahora no se sabe qué pasó con el submarino encontrado después de meses de búsqueda de varios países a los que al parecer se les entregó información falsa del lugar donde navegaba.
La interventora de la AFI, Cristina Camaño, quien denunció las pruebas del espionaje ilegal, se presentó ante la justicia con las pruebas encontradas en la delegación de ese organismo en Mar del Plata sobre el seguimiento a los familiares de los 44 marinos.
Fallece nieto recuperado
Por otra parte, mientras se desarrollan los juicios contra responsables de delitos de lesa humanidad durante la pasada dictadura (1976-1983), que estuvieron paralizados durante el gobierno de Macri, la organización Abuelas de Plaza de Mayo está profundamente conmovida por la muerte del nieto recuperado Francisco Madariaga Quintela, de 43 años, quien fue restituido a su familia en febrero de 2010.
Este caso fue uno de los pocos en que el nieto recuperado pudo encontrarse con su padre, Abel Madariaga, quien estaba en la clandestinidad en el momento en que secuestraron a su esposa, Silvia Quintela, embarazada y llevada al centro clandestino de detención en Campo de Mayo. Al parecer tuvo a su hijo en el hospital militar donde fue apropiado por el oficial del ejército Víctor Alejandro Gallo, del siniestro batallón 601 de inteligencia. Silvia sigue desaparecida.
La infancia de Francisco fue tortuosa, sufrió violencia física y sicológica por parte de su apropiador, quien lo mantuvo cautivo como botín de guerra y a consecuencia de esos maltratos desde temprana edad, se le declaró una diabetes insulinodependiente con la que luchaba a diario
, escribieron las Abuelas.