La narrativa de la transición alimentaria forma parte ya de todas las administraciones públicas españolas bajo el logo de la llamada Agenda 2030. Los grandes agronegocios y las ONG’s subvencionadas se posicionan como salvadores de la humanidad debido a sus muy promocionados planes de agricultura inteligente y producción «sostenible».

En esta narrativa, no hay espacio para ninguna mención del tipo de relaciones de poder que han dado forma al sistema alimentario prevaleciente y muchos de los problemas actuales. Y es en ese contexto en el que se han tomado las decisiones más escandalosas de las últimas semanas, tanto en materia ganadera como agrícola.

Desde el ingreso de España en la Unión Europea, la matriz económica del Estado fue modificada drásticamente. Los monopolios estatales administrados por el antiguo Instituto Nacional de Industria (INI) fueron vendidos al mejor postor, y el Estado mismo apadrinó una transición económica que orientaba al país hacia el sector servicios y la producción de alimentos.

La transición alimentaria se enmarca siempre en el lenguaje de la emergencia climática, la sostenibilidad o la «seguridad de los consumidores», donde los eslabones más débiles no son, como habitualmente se cree, las explotaciones «ecológicas», ya que éstas tienen un mercado consumidor con un alto poder adquisitivo.

La parte perjudicada de esta transición son los productores que proveen a las grandes cadenas, consumidores a su vez de los pesticidas y los piensos que se agregan a la alimentación de la gran mayoría. Elementos que por supuesto están fuera del debate sobre la sostenibilidad.

Después de 1945, la agroindustria corporativa, en gran medida respaldada por Estados Unidos, la Fundación Rockefeller e instituciones financieras, ha estado promoviendo e instituyendo un sistema de agricultura y ganadería industrial dependiente de productos químicos. Las comunidades rurales, los sistemas ecológicos, el medio ambiente, la salud humana y los sistemas locales de cultivo de alimentos han sido devastados en el proceso.

Empresas como Bayer o Syngenta trabajan en España codo con codo con colegios de veterinarios, organismos públicos agroalimentarios y consejerías, donde son elevadas a auténticas «eminencias» en lo que a seguridad alimentaria se refiere. No hay actuación «preventiva» en materia ganadera o agroalimentaria donde no haya una de estas empresas detrás. Por ejemplo esto ocurre con la tuberculosis bovina, cuya vacunación está prohibida y donde existen varios grupos de intereses partidarios de la derogación de esta norma, ya que llevan años desarrollando vacunas para esta enfermedad.

El problema agrícola y ganadero en España está floreciendo por sus aspectos más visibles: sacrificio de reses, restricciones a la producción o limitaciones al uso de acuíferos, pero no más allá. No se discuten los pesticidas, los «venenos» para plantas o los piensos compuestos, ni mucho menos a los titiriteros que hay tras el escenario de la «transición alimentaria».

La «transición alimentaria» implica profundizar la dependencia de agricultores y ganaderos en una economía explotadora, controlada por corporaciones, que extrae riqueza y satisface las necesidades del mercado de corporaciones globales y fondos de capital riesgo, protegidas por el Estado. Si no hay una ruptura total y radical con estas corporaciones, los agricultores se verán reducidos a empleados de estas grandes empresas, y lo que es peor, asumirán todos los riesgos.