Un nuevo informe de Provivienda revela que el 99% de las agencias inmobiliarias aceptan cláusulas discriminatorias que excluyen a personas extranjeras del acceso a la vivienda
En el último informe presentado por Provivienda, titulado ¿Se alquila?Racismo y segregación en el alquiler de vivienda, se destapa una de las formas más normalizadas de discriminación racista en España: el acceso a la vivienda. Como ya nos imaginábamos, el informe revela que el 99% de las agencias inmobiliarias en Madrid y Barcelona están dispuestas a aceptar condiciones impuestas por propietarios que excluyen explícitamente a personas extranjeras, perpetuando así la segregación racial y el racismo estructural en el corazón de las ciudades.
Este dato representa un empeoramiento notable con respecto a 2020, cuando ese porcentaje era del 72,5%. Las barreras al acceso a la vivienda no son solo una cuestión económica: son, sobre todo, raciales. La vivienda, derecho reconocido y garantizado en teoría por las leyes, es en la práctica un bien negado sistemáticamente a las personas migrantes, especialmente a mujeres racializadas y madres solas.
Doble discriminación para mujeres migrantes
Uno de los puntos más alarmantes del informe es la existencia de una discriminación múltiple: las mujeres migrantes, especialmente si tienen hijos, son aún más penalizadas en el proceso de búsqueda de vivienda. Se enfrentan no solo al racismo, sino también al clasismo y al sexismo institucionalizado.
En Afroféminas lo sabemos de primera mano: muchas de nuestras compañeras, hermanas y madres han vivido en carne propia el calvario que supone buscar una vivienda digna y estable en las grandes ciudades españolas, solo para encontrarse con excusas encubiertas —“ya está alquilado”, “no cumplís el perfil”— que enmascaran un rechazo por su origen, su acento, su color de piel o el simple hecho de no tener pasaporte europeo.
Racismo inmobiliario como norma
Según la investigación, las inmobiliarias no solo aceptan cláusulas abiertamente racistas, sino que imponen requisitos adicionales que rara vez se piden a personas blancas autóctonas: contratos laborales indefinidos, avales, seguros de impago… todo con la excusa de “garantizar solvencia”, pero en realidad como barrera de entrada para quien no encaja en su imaginario de inquilino deseado.
Estos mecanismos refuerzan la segregación urbana, empujando a las personas migrantes a barrios periféricos, con menor inversión pública, peores servicios y mayor vulnerabilidad social. Así, la exclusión habitacional se convierte en exclusión social, y el mercado inmobiliario se erige como un instrumento más del racismo estructural.
¿Y el Estado?
Ante esta situación, 47 entidades sociales —entre ellas Provivienda— han impulsado una proposición no de ley que ya ha llegado al Congreso. El objetivo: regular los requisitos para alquilar o comprar vivienda, sancionar las prácticas discriminatorias y facilitar la denuncia por parte de las personas afectadas.
Desde Afroféminas celebramos que este debate por fin llegue a las instituciones, pero recordamos que no basta con buenas intenciones ni con recomendaciones. Se necesitan políticas públicas valientes, recursos específicos y, sobre todo, una vigilancia activa de los derechos de las personas migrantes, racializadas y pobres.
Sin vivienda no hay ciudadanía. Sin ciudadanía plena, no hay democracia.
El racismo inmobiliario es una práctica estructurada y aceptada, que reproduce la lógica colonial de decidir quién merece y quién no acceder a un derecho básico como es el techo. La vivienda no puede seguir siendo un privilegio reservado a quien se ajusta a un perfil blanco, europeo y acomodado.