La nueva investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno habría encendido todas las alarmas en los despachos del stablishment españolista, desde donde habrían preparado una trama judicial para retrasar in eternis la entrada en vigor de la Ley de Amnistía e imposibilitar que Carles Puigdemont pueda regresar del exilio belga como ciudadano libre y revestido de todos sus derechos políticos (Operación Pinza).

El lobby judicial tardofranquista habría fagocitado los principales estamentos judiciales del Estado español (Consejo General del Poder Judicial o CGPJ, Tribunal Supremo y Tribunal de Cuentas), y tendría al Tribunal Supremo como muro de contención de los decretos-leyes aprobados por el “rodillo progresista” del Congreso; a su presidente Francisco Marín Castán como croupier en la ruleta de cargos y adjudicación de procesos judiciales, a los jueces Manuel Marchena, Pablo Llarena y Manuel García Castellón como sus estrellas mediáticas y a los fiscales del “clan de los indomables” como sus abnegados peones.

Asimismo, el Tribunal Supremo estaría controlado por el llamado “clan de los políticos” en palabras del expresidente de Sala del TS, Ramón Trillo, y habría devenido “un verdadero lobby o grupo de presión de la derecha tardofranquista” y su misión actual sería retrasar in eternis la entrada en vigor de la futura Ley de Amnistía.

Puigdemont acusado de terrorismo

La nueva estrella mediática del tardofranquismo judicial, el juez de la Audiencia Nacional, García Castellón, habría imputado a Puigdemont y a Marta Rovira y al llamado “estado mayor del procés” por un presunto delito de terrorismo por su implicación en la puesta en marcha en 2019 de la plataforma “Tsunami Democrátic”, acusándole de ser responsable de organizar protestas masivas, desórdenes y atentados contra bienes públicos para protestar por las condenas del procés.

Sin embargo, a pesar del recurso de apelación presentado por la Fiscalía en el que sostiene que “no existe delito de terrorismo sino desórdenes públicos, por lo que la Audiencia Nacional no sería competente en este caso”, el juez Castellón derivó el asunto al Tribunal Supremo, que se ha declarado competente en el caso y ha abierto una causa penal contra Puigdemont y Ruben Wagensberg por “delito de terrorismo en el caso Tsunami”.

La otra pata de la Operación Pinza contra Puigdemont sería la reactivación por el titular del Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, del “caso Voloh” o trama rusa, quién ha prorrogado seis meses más la instrucción de dicho caso e insiste en el apoyo “económico y militar” de Rusia al expresidente catalán, al que podría acusar de “un delito de traición”.

Asimismo, en el supuesto de que dicha Ley de Amnistía fuera finalmente aprobada, los jueces tardofranquistas procederán a presentar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), lo que dilatará in eternis la aplicación práctica de dicha Ley e impedirá que Puigdemont sea de nuevo un ciudadano libre y revestido de todos sus derechos políticos.

Dicho momento sería aprovechado por los subalternos del juez Marchena para aplicarle el artículo 384 bis de la ley de enjuiciamiento criminal que supone la “inmediata inhabilitación para ostentar un cargo público a los procesados por un delito de terrorismo”, lo que impediría a Puigdemont presentarse como candidato a las elecciones europeas de junio del 2024. En dicho supuesto, Puigdemont perdería su condición de parlamentario y su inviolabilidad, momento en el entraría de nuevo en escena el juez Llarena para emitir una nueva euro orden que facilite su detención, extradición y posterior juicio, pues Puigdemont sería “la ballena blanca que Marchena y Llarena llevan años intentando apresar”.