La nueva investidura de Pedro Sánchez como Presidente del Gobierno habría encendido todas las alarmas en los despachos del establishment españolista, formado por las élites financiera-empresarial, política, judicial, militar, jerarquía católica, universitaria y mass media del Estado español por lo que habrían preparado una trama para impedir la entrada en vigor de la llamada Ley de Amnistía que beneficiaría a cerca de 500 procesados por los sucesos del 1 de Octubre.

El pistoletazo de salida de dicha asonada popular correspondió al vocero de la FAES, el ínclito Aznar y tuvo lugar en la inauguración del máster de Acción Política de la Universidad Francisco de Vitoria, desde donde pontificó: ‘todos los que puedan hablar, hablen, y todos los que puedan actuar, actúen».

Operación Toga del lobby judicial tardofranquista

El lobby judicial tardofranquista habría fagocitado los principales estamentos judiciales del Estado español (CGPJ, Tribunal Supremo y Tribunal de Cuentas) y tendría al Tribunal Supremo como muro de contención de los decretos-leyes aprobados por el «rodillo progresista» del Congreso; a su Presidente Francisco Marín Castán como croupier en la ruleta de cargos y adjudicación de procesos judiciales, a los jueces Marchena y Llarena como sus estrellas mediáticas y a los fiscales del «Clan de los indomables» como sus abnegados peones.

Asimismo, el Tribunal Supremo estaría controlado por el llamado «clan de los políticos» en palabras del ex-Presidente de Sala del TS, Ramón Trillo, y habría devenido en «un verdadero lobby o grupo de presión de la derecha tardofranquista que mediante controvertidas decisiones judiciales se ha afanado en intentar paralizar o revertir las decisiones políticas o económicas del anterior Gobierno de Sánchez.

Si misión actual sería hacer inviable la entrada en vigor del sucedáneo de la Ley de Amnistía que habrían consensuado Santos y Puigdemont como condición ineludible para lograr el apoyo de Junts en la reciente investidura de Pedro Sánchez como nuevo Presidente del Gobierno. Así, como aperitivo, asistimos a las declaraciones del Presidente interino del caducado CGPJ, Vicente Guilarte llamando a los jueces a» la rebelión si son citados a declarar sobre presuntos casos de lawfare judiciales».

Carrera de obstáculos de la Ley de Amnistía

La ley de amnistía será tramitada por el procedimiento de «lectura única» que permite simplificar los plazos pero debe contar con la aprobación del Senado y dado que el PP dispone de mayoría absoluta en la Cámara Alta, recurrirá al filibusterismo político para dilatar los plazos hasta el paroxismo.

Por otra parte, dicha Ley deberá relatar simplemente los presuntos hechos delictivos susceptibles de ser amnistiados sin mencionar a las personas beneficiarias de dicha medida y la aplicación de dicha Ley a cada supuesto delictivo será individualizada y corresponderá a los jueces, siendo el ínclito Llarena el encargado de dilucidar la situación procesal de Puigdemont y vistos los precedentes, se antoja altamente improbable que Llarena conceda al ex Presidente catalán los beneficios de dicha medida legal.Asimismo, en su campaña para dilatar los plazos de aplicación de dicho al Ley, los jueces tardofranquistas procederán a presentar una cuestión prejudicial al TJUE , lo que dilataría «in eternis» la aplicación práctica de dicha Ley.

El cisne negro de Puigdemont

La Teoría del Cisne Negro fue desarrollada por Nicholas Taleb en su libro El Cisne Negro (2010) en el que intenta explicar «los sesgos psicológicos que hacen a las personas individual y colectivamente ciegas a la incertidumbre e inconscientes al rol masivo del suceso extraño en los asuntos históricos».

El cisne negro de Puigdemont sería el Juez Llarena quien tras sucesivos fracasos en forma de Euro órdenes para conseguir la extradición de Puigdemont, sería el último bastión del Tardofranquismo judicial para impedir que Puigdemont sea amnistiado y pueda regresar del exilio belga como ciudadano libre y revestido de todos sus derechos políticos por lo que no cejará en su empeño de capturar a Puigdemont mediante una nueva  Euroorden.

La futura ley de amnistía que Junts impuso al Gobierno en funciones como condición «sine qua non» para apoyar la investidura de Pedro Sánchez, deberá relatar simplemente los presuntos hechos delictivos susceptibles de ser amnistiados sin mencionar a las personas beneficiarias de dicha medida. Asimismo, la aplicación de dicha Ley a cada supuesto delictivo será individualizada y corresponderá a los jueces, siendo el ínclito Llarena el encargado de dilucidar la situación procesal de Puigdemont y vistos los precedentes, se antoja altamente improbable que Llarena conceda al ex Presidente catalán los beneficios de dicha medida legal.

Así, Llarena decidió recientemente mantener en vigor su procesamiento por malversación agravada y en una conferencia en la Universidad de Burgos, el magistrado afirmó que «hay que ver si lo que este señor reclama se ajusta a los principios constitucionales», así como que «prometer un apoyo político para favorecer una investidura no parece que esa razón tenga fuerza bastante, ya que la Constitución ya recoge el procedimiento a seguir si un candidato no consigue los votos suficientes para ser investido presidente del Gobierno».

¿Hacía la repetición de elecciones?

La hipotética Ley de Amnistía sería tramitada por el procedimiento de «lectura única» que permite simplificar los plazos pero debe contar con la aprobación del Senado y  dado que el PP dispone de mayoría absoluta en la Cámara Alta, recurrirá al filibusterismo político para dilatar los plazos hasta el paroxismo, por lo que se antoja altamente improbable la entrada en vigor de dicha Ley antes del 2025.

En consecuencia, Puigdemont deberá optar entre confiar en la palabra del candidato Sánchez o provocar la repetición de elecciones anhelada por el PP de Feijóo. Dada la desconfianza de Puigdemont en las promesas de Sanchez estaría sopesando seriamente esta última opción, siendo previsible que la actual legislatura concluya en el 2024, tras negar su apoyo Junts a la aprobación de los Presupuestos del Gobierno Sánchez.

Así, la presencia de Junts en las Cortes españolas sería tan sólo el altavoz mediático para diferenciarse de ERC y conseguir el mayor número posible de prebendas por parte del Gobierno de Sánchez con el objetivo confeso de salir fortalecido en las Autonómicas catalanas. Así,  Puigdemont tendría la certeza de que dicha posición se verá refrendada con la victoria de Junts en dichas elecciones que se podrían adelantar  al otoño del 2024 al no contar el President Aragonés con los apoyos necesarios para sacar adelante sus Presupuestos.

Posteriormente, tras la celebración de nuevas elecciones en el Estado español, caso de conformarse  un Gobierno PP-Vox en el Estado español y ante la imposibilidad legal de celebrar un referéndum sobre la Independencia de Cataluña, el nuevo Govern catalán teledirigido por Puigdemont desde Waterloo, podría reeditar el pulso con el Estado central con la declaración de la DUI (Declaración Unilateral de Independencia) y esperar la posterior implementación por el Gobierno central del Artículo 155 que le haga aparecer ante los ojos del mundo como una víctima del Estado totalitario español.