El establishment del Estado español estaría formado por las élites financiera-empresarial,política, judicial, militar, jerarquía católica,universitaria y mass media del Estado español, herederos naturales del legado del General Franco que habrían fagocitado todas las esferas de decisión (según se desprende de la lectura del libro «Oligarquía financiera y poder político en España» escrito por el ex-banquero Manuel Puerto Ducet).

Dichos lobbys de presión estarían interconectados mediante «una alianza inquieta basada en su comunidad de intereses económicos y amalgamada por la defensa a ultranza del Régimen del 78 y de la «unidad indisoluble de España» y su objetivo confeso sería implementar en España una «democracia no liberal» siguiendo la estela de la Hungría de Orbán.

Nueva «Operación Toga» contra Sanchez?

El lobby judicial tardofranquista habría fagocitado los principales estamentos judiciales del Estado español (CGPJ, Tribunal Supremo y Tribunal de Cuentas) y tendría al Tribunal Supremo como muro de contención de los decretos-leyes aprobados por el «rodillo progresista» del Congreso; a su Presidente Francisco Marín Castán como croupier en la ruleta de cargos y adjudicación de procesos judiciales, a los jueces Marchena y Llarena como sus estrellas mediáticas y a los fiscales del

«Clan de los indomables» como sus abnegados peones.

Asimismo, el Tribunal Supremo estaría controlado por el llamado «clan de los políticos» en palabras del ex-Presidente de Sala del TS, Ramón Trillo y habría devenido en «un verdadero lobby o grupo de presión de la derecha tardofranquista que mediante controvertidas decisiones judiciales se ha afanado en intentar paralizar o revertir las decisiones políticas o económicas del Gobierno Sánchez».

Así, tras el macrojuicio a los líderes del Procés y su posterior entrada en prisión, asistimos al intento de paralizar la concesión de indultos a los líderes del Procés mediante un informe del llamado «clan de los indomables» de la Fiscalía del Supremo en el que advertía al Gobierno que «la Constitución prohíbe los indultos generales».

Como colofón a la ofensiva judicial contra el Gobierno Sánchez, asistimos al penúltimo ejercicio de «dislate jurídico» del Tardofranquismo judicial, teniendo como protagonista a la Sala de lo Penal del TS al realizar la revisión de las condenas del juicio del procés para adaptarlas a la reforma reciente reforma del Código Penal consensuada entre ERC y el PSOE.

Dicha reforma eliminaba el delito de sedición con lo que sobre el líder de ERC Oriol Junqueras pesaba tan sólo el delito de desobediencia así como un nuevo tipo de malversación atenuada que el Gobierno y ERC esperaban que fuera aplicable a estos hechos (un supuesto de malversación sin ánimo de lucro con penas mucho más bajas).

Sin embargo, la Sala presidida por el juez Marchena siguiendo la doctrina del juez instructor, el inclíto Llarena, le mantuvo la pena íntegra de inhabilitación de 13 años, lo que supone que no podrá aspirar a ningún cargo público hasta 2031.Finalmente, fracasado el intento de Feijóo de ser investido Presidente, el lobby judicial se aplicará en evitar la entrada en vigor del sucedáneo de la Ley de Amnistía que estaría preparando el actual Gobierno en funciones de Pedro Sánchez como condición ineludible para lograr el apoyo de Junts y conseguir ser investido nuevo Presidente del Gobierno.

El cisne negro de Puigdemont

La Teoría del Cisne Negro fue desarrollada por Nicholas Taleb en su libro El Cisne Negro (2010) en el que intenta explicar “los sesgos psicológicos que hacen a las personas individual y colectivamente ciegas a la incertidumbre e inconscientes al rol masivo del suceso extraño en los asuntos históricos”.

El cisne negro de Puigdemont sería el Juez Llarena quien tras sucesivos fracasos en forma de Euro órdenes para conseguir la extradición de Puigdemont, sería el último bastión del Tardofranquismo judicial para impedir que Puigdemont sea amnistiado y pueda regresar del exilio belga como ciudadano libre y revestido de todos sus derechos políticos.

Así, la futura ley de amnistía que Junts impuso al Gobierno en funciones como condición «sine qua non» para apoyar la investidura de Pedro Sánchez, deberá relatar simplemente los presuntos hechos delictivos susceptibles de ser amnistiados sin mencionar a las personas beneficiarias de dicha medida. Asimismo, la aplicación de dicha Ley a cada supuesto delictivo será individualizada y corresponderá a los jueces, siendo el inclito Llarena el encargado de dilucidar la situación procesal de Puigdemont y vistos los precedentes, se antoja altamente improbable que Llarena conceda al ex Presidente catalán los beneficios de dicha medida legal.

Así, Llarena decidió recientemente mantener en vigor su procesamiento por malversación agravada y en una conferencia en la Universidad de Burgos, el magistrado afirmó que » hay que ver si lo que este señor reclama se ajusta a los principios constitucionales» así como que «prometer un apoyo político para favorecer una investidura no parece que esa razón tenga fuerza bastante, ya que la Constitución ya recoge el procedimiento a seguir si un candidato no consigue los votos suficientes para ser investido presidente del Gobierno».

¿Hacia la repetición de Elecciones?

La hipotética Ley de Amnistía sería tramitada por el procedimiento de «lectura única» que permite simplificar los plazos pero debe contar con la aprobación del Senado. Dado que el PP dispone de mayoría absoluta en la Cámara Alta, recurrirá al filibusterismo político para dilatar los plazos hasta el paroxismo, por lo que se antoja altamente improbable la entrada en vigor de dicha Ley antes de la hipotética investidura de Pedro Sánchez.

En consecuencia, Puigdemont deberá optar entre confiar en la palabra del candidato Sánchez o provocar la repetición de Elecciones anhelada por el PP de Feijóo y dada la desconfianza de Puigdemont en las promesas de Sanchez estaría sopesando seriamente esta última opcion.

Así, Puigdemont tendría la certeza de que dicha posición se verá refrendada con la victoria de Junts en las elecciones al Parlamento catalán que se adelantarían al 2024 tras la previsible conformación de un Gobierno PP-Vox en el Estado español tras una hipotética repetición de Elecciones Generales en enero del 2024.

Posteriormente, ante la imposibilidad legal de celebrar un referéndum sobre la Independencia de Cataluña, el nuevo Govern catalán teledirigido por Puigdemont desde Waterloo, podría reeditar el pulso con el Estado central con la declaración de la DUI (Declaración Unilateral de Independencia) y esperar la posterior implementación por el Gobierno central del Artículo 155 que le haga aparecer ante los ojos del mundo como una víctima del Estado totalitario español.