La nueva investidura de Pedro Sánchez como Presidente del Gobierno habría encendido todas las alarmas en los despachos del establishment españolista, formado por las élites financiera-empresarial, política, judicial, militar, jerarquía católica, universitaria y mass media del Estado español, por lo que habrían preparado una trama para acabar con el Gobierno de Sánchez.

Así, la Fundación FAES (Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales) habría preparado en su laboratorio la llamada «Operación Felón», con el objetivo confeso de convocar nuevas elecciones en la creencia de que la nueva CEDA integrada por el Partido Popular (PP) y Vox lograrán una mayoría absoluta que implementaría posteriormente una democracia liberal.

El pistoletazo de salida de dicha asonada popular correspondió al vocero de la FAES, el ínclito Aznar y tuvo lugar en la inauguración del máster de Acción Política de la Universidad Francisco de Vitoria, desde donde pontificó: ‘todos los que puedan hablar, hablen, y todos los que puedan actuar, actúen».

Operación Felón

Dicha trama estaría ya en marcha y contaría con la aquiescencia de todos los estamentos del establishment. Así, para calentar motores, la mass media del establishment habría iniciado una feroz cruzada mediática para movilizar a todos los estamentos sociales contra la ley de amnistía consensuada entre el PSOE y el líder independentista catalán Carles Puigdemont, trama que se verá complementada con la nueva ofensiva del lobby tardofranquista judicial contra la esposa de Pedro Sánchez y con el intento de los grupos neonazis de provocar un nuevo Motín de Esquilache sirviéndose de la indignación de la ciudadanía valenciana por la nefasta gestión de la DANA destructiva.

La pata judicial

La misión del lobby tardofranquista judicial sería hacer inviable la entrada en vigor de la Ley de Amnistía que habrían consensuado Santos y Puigdemont como condición ineludible para lograr el apoyo de Junts en la investidura de Pedro Sánchez.Asimismo, la cruzada derechista para dilatar los plazos de aplicación de dicha Ley se plasmará en la presentacion de una cuestión prejudicial al TJUE , lo que dilataría «in eternis» la aplicación práctica de dicha Ley.

Así, en un increíble ejercicio de prestidigitación jurídica, los fiscales del TS defienden ahora que la aprobada Ley de Amnistía «no incluiría los delitos de malversación» por el desvío de fondos públicos para financiar el referéndum del 1 de octubre, doctrina que ha sido aceptada por el Tribunal Supremo al tiempo que el juez Llarena mantiene en vigor la orden de detención contra Puigdemont.

La ofensiva judicial del TS se complementaria con el lawfare judicial del juez Peinado tras imputar a Begoña Gómez.Así, la denuncia del sicofante tardofranquista,el seudo sindicato Manos Limpias contra la mujer de Sánchez por » presunto tráfico de influencias», y la posterior admisión a trámite por el juez Peinado, seria un lawfare judicial de manual que intentará prolongar in extremis la instrucción del caso para desestabilizar emocionalmente al Presidente Sanchez.

A pesar de que dicha querella no tendrá recorrido jurídico, se habría conseguido el objetivo pretendido por el anónimo pagador, pues «la honradez de la mujer del César habría quedado en entredicho», algo que sospechosamente coincidiría con la ofensiva mediática y parlamentaria del PP y Vox contra el Presidente Sánchez para acabar con sus días de vino y rosas en la Moncloa.

¿Busca la ultraderecha un nuevo motín de Esquilache?

La cobardía política y el negacionismo del cambio climático del Presidente Mazón al no decretar el cierre total de actividades en la Comunidad Valenciana a pesar de declarar la AEMET la alerta roja para la zona, habría provocado un reguero de más de 200 fallecidos y pérdidas multimillonarias y una población abandonada a su suerte por la negligencia manifiesta de Mazón a la hora de tomar las decisiones drásticas que exigía la gravedad de la situación.

Sin embargo, aprovechando el profundo malestar de la población afectada tras estar sumida durante tres días en un caos absoluto y un abandono vergonzante de los servicios de Protección Civil, la FAES habría cocinado la reedición del Motín de Esquilache.

Para ello, se serviría ahora de grupos de ultraderecha  como Revuelta, Desokupa o Frente Obrero que actuarán como punta de lanza y cuyo estreno fue la emboscada e intento de linchamiento contra Sánchez aprovechando su visita a la zona cero de la tragedia, Paiporta y que estuvo aderezada con una inofensiva lluvia de barro contra los Reyes para conseguir la foto de cercanía de los Monarcas al Pueblo sufridor.

Dicha estrategia tendrá su culminación en la Manifestación de Valencia del 9 de noviembre, convocada por partidos de la oposición valencianos y asociaciones cívicas para exigir la dimisión del responsable de la nefasta gestión de la tragedia, el President  de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón. Así, dichos grupos ultras han convocado a todos sus seguidores a acudir a dicha manifestación con el objetivo confeso de  reventarla y sembrar el caos en la capital levantina para reeditar un Motín de Esquilache en toda España contra el Gobierno de Pedro Sánchez y provocar la convocatoria de nuevas elecciones, en la creencia de que la nueva CEDA integrada por el Partido Popular (PP) y Vox lograrán una mayoría absoluta que implementaría posteriormente una democracia no liberal, siguiendo la estela de Orban.

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