Fuente: https://elsudamericano.wordpress.com/2021/07/16/entrevista-con-el-senador-colombiano-ivan-cepeda/ ENTREVISTA CON EL SENADOR COLOMBIANO IVÁN CEPEDA
“En Colombia hay un régimen que viola despiadadamente los DDHH”
por Rubén Darío Zapata
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Después de que el Comité Nacional de Paro se retirara de las negociaciones con el gobierno y anunciara la suspensión de las movilizaciones por un tiempo, muchos empezaron a dar por hecho que el paro se había terminado y que, por cierto, había fracasado. Hernando Gómez Buendía, por ejemplo, comparándonos con otros países de Latinoamérica, creía explicar ese supuesto fracaso en una gran debilidad organizativa, en que las pocas organizaciones que existen han estado permanentemente fragmentadas, y que eso ha implicado la ausencia de una causa común que mantuviera a la gente en la calle, lo cual se expresaba en una diversidad de exigencias no siempre compatibles entre sí.
A pesar de ese diagnóstico, aparentemente contundente, los jóvenes se han mantenido en la calle, los bloqueos han persistido y las movilizaciones, aunque más intermitentes, siguen sumando gente. Hablamos con el senador Iván Cepeda, uno de los promotores del Pacto Histórico, para entender este fenómeno y sus posibilidades.
Según el senador Cepeda, los pronunciamientos del Comité Nacional de Paro nunca se dirigieron a poner fin a la movilización, como erróneamente se ha interpretado en diversos sectores. Simplemente hizo un llamado para que las organizaciones que integran esa instancia, principalmente las centrales obreras, suspendieran las movilizaciones por un tiempo para retomarlas luego con más fuerza. “El asunto -explica el senador- es que hay una razón objetiva para la persistencia en estas movilizaciones en las principales ciudades del país, en las cuales ha hecho irrupción un movimiento social, que yo catalogo de nuevo tipo. En este tipo de movilizaciones el protagonismo principal lo tienen los jóvenes de las barriadas populares, que son quienes han mantenido la resistencia en las calles. Seguramente, como ha ocurrido ya en algunas partes, han cedido en cuanto a dejar los bloqueos y algunos de los puntos de resistencia, pero el movimiento se mantiene profundamente activo”.
Todo eso indica, para el senador Cepeda, que esto no es simplemente una expresión puntual, localizada y temporal de indignación, un estallido como se ha dicho. Esto es más bien un movimiento que tiene características mucho más profundas y raíces más hondas de lo que ha querido presentarse ante la opinión pública y despacharla así muy alegremente. “Este asunto presenta características que hay que analizar a fondo. Y ese análisis pasa por entender las razones y validaciones profundas que sostienen esta movilización, pero también las expresiones sociales o políticas a las que ha dado lugar. Aquí estamos ante una serie de nuevas estructuras organizativas que comienzan a tomar forma en el país y a actuar ya no solo de manera desorganizada y desarticulada, sino también a buscar una coordinación nacional. Es lo que está aconteciendo con los jóvenes en lo que se ha llamado la Primera Línea”.
Según Cepeda, es claro que el método de la violencia más brutal, de la violencia indiscriminada o focalizada y selectiva con la que ha respondido el uribismo a estas movilizaciones no ha tenido efecto en términos de detenerlas. Por el contrario, la movilización ha cobrado nuevas formas, y va a volver. “Ahora va a volver de forma organizada cuando el Comité Nacional del Paro decida llamar nuevamente a movilizaciones por parte de las organizaciones más antiguas y tradicionales, que son las que hoy están, muchas de ellas por lo menos, distantes”. El senador asegura que hoy estamos ante un movimiento que tiene diversos niveles y diversas formas de actuación. “Y este movimiento no se va a detener -y esto es lo que el gobierno no entiende o simula no entender- hasta que no haya verdaderos cambios. Es una convicción profunda que hay en muchos sectores de la ciudadanía hoy”.
Ante la barbarie estatal
Es cierto que los jóvenes en la calle no dan señales de agotamiento y parecen tener la voluntad de sostener la movilización por mucho tiempo. Pero tampoco el gobierno da señales de querer atender sus demandas e insiste en la militarización y criminalización de la protesta. De hecho, ya ha anunciado un proyecto de ley para tipificar como delitos el vandalismo y el bloqueo de vías, lo cual es muy peligroso si consideramos lo fácil que ha sido para el Estado estigmatizar bajo conceptos como terrorismo y ahora vandalismo muchas prácticas y manifestaciones de los movimientos sociales. En lo que va corrido del paro ya llevamos más de 70 manifestantes asesinados, muchos de ellos a manos directas de la fuerza pública, y hay centenas de heridos y desaparecidos. Y esta práctica se mantuvo antes, durante y después de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al país para comprobar en terreno la situación. Esto lleva a preguntarnos qué podría frenar al gobierno en su práctica de militarización y criminalización de la protesta, si al parecer no existe realmente una presión de la comunidad internacional en esta dirección.
El senador Cepeda, en cambio, cree que este paro y la actuación demencial del gobierno sí han tenido repercusiones muy considerables en el ámbito internacional. “El hecho de que la CIDH haya visitado a Colombia no es un asunto de poca monta. La Comisión no visita los países porque las cosas vayan a las mil maravillas. Por eso era tan importante para el gobierno evitar esa visita. Hoy Colombia ha pasado a ser en el mundo, creo que de una manera muy clara, un país en el cual lo que prima es la violencia en sus formas más atroces. Es un hecho que la imagen del gobierno en el mundo se ha debilitado de una manera muy sensible y ello es evidente por las manifestaciones no solo de algunos gobiernos, sino también de organismos multilaterales como la ONU y expresiones de sociedad civil solidarias con el pueblo colombiano”.
Aunque es cierto que el gobierno Biden parece expresar un respaldo incondicional al gobierno colombiano, la Cámara de Representantes, liderada por McGovern, acaba de aprobar un proyecto de ley para condicionar la entrega de los recursos a la Policía de Colombia -52 millones de dólares de los 461 que gestionó el gobierno Biden para entregar al gobierno colombiano el próximo año-. Antes de recibir estos recursos el gobierno colombiano debe mostrar las estrategias para garantizar el respeto a los derechos humanos y, sobre todo, los resultados de las investigaciones y los castigos a los uniformados involucrados en los asesinatos, heridas o desaparición de manifestantes en el marco de la actual protesta. Entre tanto, los policías investigados deben ser retirados de la institución.
Aunque el proyecto todavía tiene que ser aprobado por el senado, esto ya es un golpe duro para el gobierno y la élite colombiana, tan obsesionados con su imagen. Según explica el senador Cepeda, “Esa frenética campaña de la canciller para repetirle a todos los gobiernos del mundo que somos una democracia, que en esta lo que prima es la defensa de los derechos humanos, todo eso es percibido ya simplemente como una especie de representación teatral, porque lo que ya está claramente comprendido en muchas instancias es lo contrario: que en Colombia hay un régimen que viola despiadadamente los derechos humanos”.
Con todo y eso, es claro que la estrategia del gobierno para enfrentar las manifestaciones no ha cambiado y la brutalidad policial y su apoyo paramilitar siguen siendo el pan diario que reciben los manifestantes. El senador Cepeda incluso cree que la represión va a continuar y que, de hecho, estamos viendo una escalada que cada vez tiene formas más perversas. “No solamente por el uso de la violencia policial y paramilitar y por la llamada asistencia militar, sino porque hay también gobiernos locales que se van haciendo dúctiles a ese tipo de actitudes y comportamientos. Lo que hemos estado viendo en Bogotá en los últimos días, con la alcaldesa Claudia López acusando a la oposición de financiar actos de vandalismo, es precisamente eso. Nosotros hemos tenido que responder en los últimos días una veintena de tutelas formuladas en contra del Comité del Paro, de Fecode, de varios dirigentes de la oposición y congresistas buscando judicializarlos. Esto para poner uno de muchos ejemplos que podrían aquí explicarse”.
Entre esos otros muchos ejemplos, con toda seguridad se puede mencionar el nombramiento por parte del alcalde de Cali, como secretario de seguridad de la ciudad, a un militar retirado. El acto no parece para nada inocente si se considera que el funcionario ha asumido su cargo como si siguiera en las filas castrenses y asiste con su pistola al cinto a los puntos de resistencia donde la Policía pretende desalojar a la fuerza a los manifestantes.
La autonomía de los gobiernos locales ciertamente es un elemento indispensable para toda democracia que pretenda realmente ser tal. Y esa autonomía ha estado amenazada por el gobierno central no solo por las presiones que hace para controlar las protestas sociales militarmente, sino por todas las decisiones en el marco de la pandemia. Eso ha hecho, según explica el senador Cepeda, que algunos de estos gobiernos, ante tanta presión como la que han vivido en Bogotá, Cali, Medellín, Santa Marta, entre otros, reaccionen a veces de manera ambigua y hasta condescendiente. “Entendiendo eso -comenta el senador-, tampoco podemos dejar de ser críticos con ciertas decisiones. Nombrar en un cargo tan relevante como secretario de seguridad a una persona que estuvo vinculada, y no sabemos si todavía lo está, a las fuerzas militares, no puede ser avalado ni aceptado. Porque la lucha que estamos dando es precisamente para evitar la militarización de la sociedad y del Estado. Hay que deslindarse de las actitudes y comportamientos que, en este caso, son funcionales a la intención de Uribe de continuar la militarización y la concentración de poder en el presidente, a la conmoción interior y a la militarización de la ciudad”.
¿Cuál es el horizonte?
El senador Cepeda advierte que la represión brutal a la protesta no es una situación novedosa en el país, sino que ha sido la respuesta constante de los gobiernos a las movilizaciones populares desde hace ya muchos años. “Creo, sin embargo, que ahora el desgaste corre por cuenta del gobierno, pues es muy torpe pensar que en esta carrera lo que se va a imponer es una normalidad como si no hubiera pasado nada en el país después de estos dos meses”.
Con torpeza y todo, lo cierto es que el gobierno no quiere ceder en ninguna de las exigencias que está haciendo la gente en las calles. O cede, como lo explica Cepeda, de manera disimulada y oportunista, tal como siempre lo ha pregonado Uribe: con el garrote y la zanahoria. “Él habla de la violencia disuasiva, pero también de un paquete legislativo. Lo que va a hacer el uribismo apenas se reabran las sesiones del Congreso es someter lo mismo que hemos exigido nosotros y la movilización: una reforma tributaria en la cual van a borrar las exenciones de impuestos -al menos así lo anuncian- que habían promovido en 2019. De una manera disimulada van a conceder al menos una parte de lo que se estaba solicitando, sin reconocerlo como una conquista del paro sino como una concesión inteligente y bien intencionada del gobierno”.
Pero, con seguridad, esto no va a detener las movilizaciones, que continuarán probablemente en lo que queda del gobierno Duque, aunque quizá de forma intermitente. Y es que la gente ya está cansada de tanto abuso y, sobre todo, recargada con toda la represión infame y el cinismo de los que ha hecho gala este gobierno en esta coyuntura. Esto se refuerza con el hundimiento en el congreso de la matrícula cero y la renta básica.
Lo peor es que tampoco hay mucho en el horizonte que augure que dicha represión se va a detener, máxime cuando todos los organismos de control están cooptados por el Ejecutivo y no parecen dispuestos a investigarlo y sancionarlo por sus desmanes y fechorías, ni a los civiles que disparan en connivencia con la Policía. Por eso justamente la esperanza a veces terminamos poniéndola en el ámbito internacional. Pero esa esperanza también parece desvanecerse cuando uno ve que la visita de una organización tan importante como la CDIH no provoca ningún cambio significativo en la actuación del gobierno. El panorama así descrito no parece muy claro ni da para hacerse muchas ilusiones.
Sin embargo, el senador Cepeda tiene otra lectura. “Nadie pensó que esta visita de la CIDH iba a resolver nuestros problemas. Yo creo que los procesos de denuncia en las instancias internacionales son parte de una estrategia de defensa de derechos humanos, pero no son soluciones automáticas. Y no por ello hay que dejar de hacerlo, hay que perseverar en esos llamamientos a la comunidad internacional. Pero lo que yo creo es que más allá de cualquier acción internacional, nuestro deber hoy es acompañar a los movimientos sociales y populares en el terreno, buscar su protección, activar todos los mecanismos que haya para garantizar y proteger la vida”.
Frente a la cooptación de las instancias de control por parte del Ejecutivo, Cepeda asegura que esto evidencia la necesidad de una transformación política e institucional muy grande. “Y eso solamente es posible si trasformamos esta movilización, que seguramente va a continuar, en un proceso organizativo a largo plazo que, además de muchas otras cosas, tenga efectos electorales. Esa es una hoja de ruta que hay que trabajar a mediano plazo, con toda la serenidad y paciencia aún en medio de todas las dificultades”.