En un hecho insólito, Padilla –primer latino en representar a California en el Senado federal– fue reducido, esposado y obligado a tirarse al suelo por agentes de seguridad tras intentar, de forma pacífica, formular una pregunta a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, durante una rueda de prensa. El senador buscaba interpelarla sobre la represión ejercida durante las masivas protestas en Los Ángeles, convocadas para rechazar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) y la ofensiva antinmigrante, que concluyeron con cientos de arrestos y réplicas del descontento en decenas de ciudades de EU.

El momento, captado en video, lo muestra gritando con claridad: Soy el senador Alex Padilla. Tengo preguntas para la secretaria, mientras era arrastrado fuera del recinto. Su intervención no fue violenta, ni disruptiva, ni amenazante. Fue, en realidad, el último recurso de un representante electo que se niega a guardar silencio mientras su pueblo –compuesto mayoritariamente por personas de origen mexicano y centroamericano– sufre las consecuencias de una política cada vez más despiadada.

El gesto de Padilla contrasta con el mutismo –y aún peor, con la complicidad– de los legisladores de origen cubano que hoy ocupan escaños en Washington. Lejos de alzar la voz por su gente o mediar en favor de quienes fueron invitados por el gobierno estadunidense a emigrar bajo el mecanismo de parole humanitario, estos congresistas han optado por alinearse con las estrategias más duras, represivas y crueles del trumpismo migratorio.

¿Qué han hecho los políticos anticubanos para detener la expulsión masiva de cubanos que llegaron a Estados Unidos con la promesa de una nueva vida?, se preguntaba recientemente el vicecanciller Carlos Fernández de Cossío. La respuesta es tan simple como alarmante: nada. Peor aún, han respaldado –explícita o implícitamente– la suspensión del Cuba, Haití, Nicaragua, Venezuela Parole Program (CHNV, por sus siglas en inglés), la criminalización de los migrantes y la inclusión de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo, medida que ha obstaculizado más las reunificaciones familiares.

El CHNV fue una iniciativa de la administración Biden, vigente entre enero de 2023 y 2025, que ofrecía una vía legal temporal de hasta dos años para ciudadanos de esos cuatro países que se encontraban fuera de EU. Intentó –y en parte logró– aliviar la presión sobre la frontera sur. El presidente Trump decretó su eliminación definitiva, dejando a más de 530 mil personas en situación irregular y expuestas a deportaciones.