Fuente: https://thetricontinental.org/es/newsletterissue/cop27-deforestacion/                                                                           NOVIEMBRE 24, 2022

Queridos amigos y amigas,

Saludos desde las oficinas del Instituto Tricontinental de Investigación Social.

El polvo se ha asentado en los complejos turísticos de Sharm el-Shaikh (Egipto), mientras las y los delegados de países y empresas abandonan la 27ª Conferencia de las Partes (COP) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. El único avance logrado en el acuerdo final fue la creación de un “fondo de pérdidas y daños” para los “países vulnerables”. Sin embargo, a pesar de ser aclamado como un gran avance, el acuerdo es poco más que la financiación de la Red de Pérdidas y Daños de Santiago acordada en la COP25 de 2019. Además, está por verse si esta nueva financiación se hará realidad. En acuerdos anteriores, como el Fondo Verde para el Clima establecido en la COP15 de 2009, los países desarrollados prometieron proporcionar a los países en desarrollo 100.000 millones de dólares anuales de financiación para 2020, pero no han cumplido sus objetivos declarados. Al término de la COP27, las Naciones Unidas expresaron su “enorme preocupación” por el hecho de que esas promesas pasadas “aún no se han cumplido”. Y lo que es más importante, el Plan de Implementación de Sharm el-Sheikh señala que “se espera que la transformación global hacia una economía baja en carbono requiera una inversión de al menos 4-6 billones de dólares al año”, un compromiso que no está a la vista. La Agencia Internacional de la Energía afirmó que, en 2022, la inversión mundial anual en energías limpias se mantendrá por debajo de los 1,5 billones de dólares. Se trata de un «gasto récord en energía limpia», anunciaron, y sin embargo, está muy por debajo de las cantidades que se requieren para la transición necesaria.

El Secretario General de la ONU, António Guterres, declaró al término de la cumbre de este año que “un fondo para pérdidas y daños es esencial, pero no es la respuesta si la crisis climática borra del mapa a un pequeño Estado insular o convierte en desierto a todo un país africano. El mundo sigue necesitando un gran salto en la ambición climática. (…) Las voces de quienes están en primera línea de la crisis climática deben ser escuchadas”.

Una de esas voces es la de los orangutanes, los grandes simios de los bosques de Borneo y Sumatra a los que los malayos llaman ‘la gente del bosque’ (en malayo, orang significa ‘persona’ y hutan ‘bosque’). Según la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, los orangutanes de Borneo, Sumatra y Tapanuli han experimentado un fuerte descenso de su población y ahora están clasificados como en peligro crítico, la fase que precede a la extinción en la naturaleza. Existen menos de 800 orangutanes de Tapanuli, y la población total se ha reducido casi a la mitad en el último siglo. Aun así, no se les da voz en nuestros debates sobre el clima.

 

En 2019, la ONU publicó un impactante informe que mostraba la casi extinción de un millón de los ocho millones de especies animales y vegetales del mundo, incluyendo la pérdida del 40% de las especies de anfibios y un tercio de todos los mamíferos marinos. Como parte de sus conclusiones sobre la biodiversidad y los ecosistemas, los autores escribieron que “las especies de gran tamaño, que crecen lentamente, que son especialistas en su hábitat o que son carnívoras —como los grandes simios, los árboles tropicales de madera dura, los tiburones y los grandes felinos— están desapareciendo de muchas zonas”. “La situación es sombría, a menos que se tomen medidas para reducir la intensidad de los factores que impulsan la pérdida de biodiversidad”, advirtieron.

¿A qué se debe esta pérdida de biodiversidad? El informe incluye una larga lista en la que una palabra aparece una y otra vez: deforestación. En una publicación histórica, El estado de los bosques del mundo 2020, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) señalaron que desde 1990 se ha perdido la asombrosa cifra de 420 millones de hectáreas de cubierta forestal, aunque el ritmo de deforestación ha disminuido de 16 millones de hectáreas al año en la década de 1990 a 10 millones de hectáreas al año entre 2015 y 2020. Los bosques cubren aproximadamente un tercio de la superficie terrestre mundial, más de cuatro mil millones de hectáreas. La mitad de los bosques están relativamente intactos, mientras que otros —sobre todo los bosques tropicales— están en peligro de ser destruidos.

 

 

Apenas unas semanas después de su reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, que asumirá el cargo de 39º presidente de Brasil en enero de 2023, volvió a la escena mundial en la COP27. Llegó junto a varios líderes y lideresas de las comunidades indígenas de Brasil, entre ellos la diputada federal por el estado de Roraima, Joênia Wapichana, y tres diputadas recién elegidas: Célia Xakriabá (diputada federal por el estado de Minas Gerais), Sônia Guajajara (a la que se ha propuesto encabezar un nuevo Ministerio de los Pueblos Indígenas) y Marina Silva (ex ministra de Medio Ambiente de Lula, que probablemente retome el cargo). En la cumbre, Lula reafirmó el acuerdo de Brasil con la República Democrática del Congo e Indonesia para crear una «OPEP de las selvas tropicales», logrado el año pasado en la COP26 de Glasgow. Más de la mitad de las selvas tropicales del mundo se encuentran en estos tres países ricos en recursos, que han sido explotados para beneficiar a las empresas multinacionales con un gran costo para el medio ambiente, pero que no han conseguido avanzar en los objetivos de desarrollo social de su propia ciudadanía. “Es importante que estos tres países refuercen su alianza estratégica para aumentar su influencia en las negociaciones sobre el cambio climático a nivel mundial”, declaró el ministro coordinador de Asuntos Marítimos e Inversiones de Indonesia, Luhut Binsar Pandjaitan (Indonesia ha intentado crear varias agrupaciones, incluida una con Canadá para tener un organismo de productores de níquel similar a la OPEP).

La escala y la velocidad a la que la selva tropical mundial está siendo saqueada es alarmante. En 2021, el mundo perdió 11,1 millones de hectáreas de selva tropical, aproximadamente el tamaño de la isla de Cuba. Para ponerlo en términos futbolísticos con el Mundial en marcha, el mundo perdió 10 canchas de fútbol de selva tropical por minuto. Brasil, bajo el mandato de Jair Bolsonaro, fue testigo de la mayor devastación de cualquier país el año pasado, con 1,5 millones de hectáreas perdidas. Estos antiguos bosques, densos en vegetación y animales, han desaparecido. “Vamos a librar una lucha muy fuerte contra la deforestación ilegal”, dijo Lula en la COP27.

 

Brasil, la República Democrática del Congo e Indonesia no están solos. La Alianza de Líderes por los Bosques y el Clima, presidida por Ghana y Estados Unidos e integrada por 53 países, ha hecho audaces promesas para acabar con la deforestación. En vísperas de la COP27, la ministra colombiana de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad, anunció la creación de un Bloque Amazónico formado por los nueve países que comparten la selva tropical de la región (Brasil, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Guyana, Surinam, Venezuela y la Guayana ocupada por Francia). Noruega, por su parte, ha dicho que tras la toma de posesión de Lula reanudará la entrega de fondos a Brasil para la protección de la selva tropical, que había sido suspendida durante la presidencia de Bolsonaro.

El enfoque Brasil-República Democrática del Congo-Indonesia está diseñado en el marco de la mitigación, la adaptación y la inversión, y no a través de la conversación vacía de la COP. El viceministro de Medio Ambiente y Gestión Forestal de Indonesia, Nani Hendriati, explicó cómo el país promoverá el ecoturismo en los manglares mediante un enfoque de “carbono azul” para garantizar que el turismo no destroce los manglares, tratando de detener la prolongada y desenfrenada deforestación del país (por ejemplo, el 40% del vasto sistema de manglares de Indonesia fue destruido solo entre 1980 y 2005). Las nuevas iniciativas del país, por ejemplo, promueven la cría de cangrejos en los manglares en lugar de permitir su destrucción. Con este espíritu, el presidente de Indonesia, Joko Widodo, llevó a las y los líderes mundiales a plantar semillas de mangle en el Parque Forestal Taman Hutan Raya Ngurah Rai durante la reunión del G20 en Bali (Indonesia), que tuvo lugar después de la COP27.

 

Este tipo de oportunidades fotográficas son importantes si realmente pretenden arrojar luz sobre el problema de la deforestación. Sin embargo, no se arrojó esa luz sobre las multinacionales mineras que han destruido las selvas tropicales de todo el mundo. Un estudio reciente publicado por la revista Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS) examinó el impacto de la minería industrial en la deforestación de las regiones tropicales. Al examinar una selección de 26 países, el equipo de investigación descubrió que la minería industrial en Indonesia fue responsable de un asombroso 58,2% de la deforestación total en estos países entre 2000 y 2019. Sin embargo, en una maniobra preocupante, el gobierno de Indonesia aprobó una nueva ley de minería en 2020 que permite ampliar los permisos para la minería con poca o ninguna regulación ambiental. “Cuando aumentan las concesiones mineras», dijo Pius Ginting, de la ONG Acción por la Ecología y la Emancipación de los Pueblos (AEER), «se impulsa la deforestación, se produce una pérdida de biodiversidad y se fragmenta el hábitat [de animales y personas]». Indonesia ha revocado este año unos dos mil permisos de minería, pero esta revocación se debe sobre todo a la regularización del sistema de permisos, no a una mayor regulación para la protección del medio ambiente. La presión de los movimientos populares en Indonesia, así como el impacto catastrófico de las catástrofes climáticas y medioambientales, han puesto en guardia al gobierno sobre su proximidad e intimidad con las multinacionales mineras.

 

Mientras tanto, la cuestión de los orangutanes sigue sin respuesta. Una revisión académica de los 1.000 millones de dólares gastados en la conservación de los orangutanes entre 2000 y 2019 concluyó que “la protección del hábitat, el patrullaje y la divulgación pública tuvieron el mayor retorno de la inversión para mantener las poblaciones de orangutanes”. Sin embargo, estos fondos no han logrado mucho. La cuestión clave para poner fin a la deforestación —incluyendo detener la expansión de las plantaciones de aceite de palma, madera para pasta y madera en Borneo y Sumatra— está fuera de discusión. ¿Qué atención se prestará a estos asuntos en la próxima Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica, que se celebrará en Montreal (Canadá) del 7 al 19 de diciembre? ¿Escuchará alguien la voz de los orangutanes?

En octubre, la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, dijo en una reunión de organizaciones de la sociedad civil en Washington DC que el FMI “está apoyando la biodiversidad. Por ejemplo, tenemos economistas capaces de medir el valor monetario de un elefante y el de una ballena”. Los comentarios de Georgieva se hacen eco de una observación hecha por Karl Marx en el primer volumen de El Capital (1867): “En Inglaterra, todavía se utilizan ocasionalmente las mujeres en lugar de los caballos para arrastrar los barcos del canal, porque el trabajo necesario para producir caballos y máquinas es una cantidad exactamente conocida, mientras que el necesario para mantener a las mujeres de la población excedente está por debajo de todo cálculo”.

¿Cuál es el valor monetario de un orangután, por no hablar de la supervivencia del planeta? La clase dirigente puede que sea capaz de calcular esos valores, pero está claro que no está dispuesta a pagar la factura para salvar el planeta.

Cordialmente,

Vijay