Ya que estamos, admitamos algo fundamental. El sistema fallaría, incluso con un presidente medianamente competente. El pequeño secreto, que pronto será una evidencia para todos, es que no hay un verdadero sistema de salud pública en los Estados Unidos.

La respuesta ad hoc, preparada específicamente el viernes pasado (13 de marzo) por los demócratas de la Cámara de Representantes y por la Casa Blanca podría ser útil, aunque sea muy parcial, como lo explicaré más abajo.

La epidemia de coronavirus en los Estados Unidos sigue la misma trayectoria siniestra de crecimiento exponencial que tuvo lugar en Wuhan (China) antes de que se adoptaran medidas drásticas para frenar su propagación en ese país, pero los Estados Unidos se dan cuenta de que prácticamente no tienen ninguna capacidad pública para hacerle frente.

En lugar de contar con un sistema de salud pública, tenemos un sistema privado con fines de lucro para los que tienen la posibilidad de pagarlo y un sistema de seguridad social deficiente para quienes tienen la suerte de tener un empleo a tiempo completo.

En el mejor de los casos, ambos sistemas satisfacen las necesidades de los individuos más que las necesidades de la población (pública) en su conjunto. En Estados Unidos, el término «público» -como en salud pública, educación pública o bienestar público- significa una suma total de necesidades individuales, no el bien común.

Esto contrasta con el sistema financiero estadounidense. La Reserva Federal se preocupa por la salud de los mercados financieros en su conjunto. A finales de la semana pasada la Reserva Federal puso un millón de millón de millones de dólares a disposición de los bancos, al menor indicio de dificultades para hacer negocios, sin que nadie se inmutara.

Cuando se trata de la salud de la población en su conjunto, esos fondos no están disponibles. Y no hay instituciones similares a la Reserva Federal que supervisen y gestionen la salud del público y que sean capaces de sacar una chequera gigante en un momento dado para evitar no una catástrofe financiera sino una catástrofe humana.

Incluso si se hubiera desarrollado y aprobado a tiempo un test para el Covid-19, no existe ninguna institución que pueda realizarlo de forma gratuita a decenas de millones de estadounidenses [como fue hecho en Corea del Sur]. Los servicios de salud estatales y locales se encuentran en una situación crítica, ya que han perdido casi una cuarta parte de su personal desde 2008, según la Asociación Nacional de responsables de Salud de los Condados [una división territorial más pequeña que un estado pero más grande que una ciudad] y las ciudades.

En los Estados Unidos, la atención sanitaria es brindada principalmente por empresas privadas con fines de lucro que, a diferencia de las instituciones financieras, no están obligadas a mantener una capacidad de reserva [base de capital, encaje, para un banco]. En consecuencia, la reserva nacional de respiradores artificiales dista mucho de ser suficiente para atender al número previsto de víctimas de coronavirus gravemente enfermas y con dificultades respiratorias serias. Las 45.000 camas existentes en las unidades de cuidados intensivos están lejos de satisfacer los 2,9 millones de camas probablemente necesarias.

La Reserva Federal puede cerrar los bancos, dictar una cuarentena en caso de crisis financiera, pero los EE.UU. no pueden cerrar los lugares de trabajo porque el sistema de seguridad social nacional depende de la gente que va a trabajar.

Aproximadamente el 30% de los trabajadores estadounidenses no tienen licencia por enfermedad pagada por su empleador, incluyendo el 70% de los trabajadores de bajos ingresos que ganan menos de 10,49 dólares por hora [la reivindicación de 15 dólares por hora se ha venido generalizando]. Muchos trabajadores autónomos no pueden permitirse tomar una licencia por enfermedad. El acuerdo alcanzado el viernes 13 de marzo entre los demócratas de la Cámara de Representantes y la Casa Blanca no tendrá mucho efecto porque exceptúa a los grandes empresarios y otorga derogaciones a los más pequeños.

La mayoría de los desempleados estadounidenses  no tienen derecho al seguro de desempleo porque no han trabajado tiempo suficiente en un trabajo estable y el acuerdo ad hoc [del 13 de marzo] no cambia en absoluto esa exigencia para los trabajadores en el paro. Por otra parte, más de 30 millones de estadounidenses no tienen seguro médico. Para poder beneficiar de la Medicaid, de cupones de alimentos y otras ayudas públicas es necesario tener un trabajo o justificar que se lo está buscando activamente.

Es difícil cerrar las escuelas públicas porque la mayoría de los padres que trabajan no pueden pagar el cuidado de los niños. Muchos niños pobres dependen de lo que comen en la escuela, a menudo la única verdadera comida del día. En Los Ángeles, alrededor del 80 por ciento de los estudiantes tienen derecho a comidas gratuitas o con descuento y unos 20.000 carecen de vivienda en un momento u otro del año escolar.

Para resumir, no existe un sistema de salud pública en los Estados Unidos porque el país más rico del mundo es incapaz de proteger al público en su conjunto, aparte del gasto en defensa nacional. Los remedios específicos como el acuerdo entre Demócratas de la Cámara de Representantes y la Casa Blanca, obtenidos el viernes pasado, son mejores que nada. Pero no van a llenar ese vacío sanitario en un futuro próximo.

Traducción para Correspondencia de Prensa: Rubén Navarro