Es fácil imaginar el shock que ha causado en Cataluña. Se puede tener una u otra opinión sobre Quim Torra y su política, pero es inaceptable que un órgano administrativo del Estado, ya que ni siquiera ha sido un Tribunal, decida modificar lo que ha votado el pueblo y sus representantes. La indignación era bien evidente en las numerosas concentraciones que se desarrollaron en las plazas de pueblos y ciudades al conocerse la noticia, el viernes 3 de enero. El sábado se convocó una reunión urgente del Parlament que rechazó la inhabilitación de Torra por una mayoría aplastante de 74 votos (ERC, PDCat, CUP y Comunes) 4 en contra (PP) y 17 abstenciones (PSC). Ciudadanos no quiso votar. Y aún fue más mayoritaria la votación del punto 8 de la resolución en la que “se rechaza de nuevo la judicialización de un conflicto que solo puede resolverse por medios políticos y democráticos”. Fue votada por 90 votos a favor, ya que contó también con el apoyo de los socialistas. La portavoz socialista en el Congreso de Madrid, Adriana Lastra, expresó sus dudas de que la Junta Electoral tuviera capacidad para tomar esa decisión y lo mismo declaró el secretario del PSC, Miquel Iceta. De momento, el shock ha significado que los socialistas ya no pueden votar junto al PP y C,s y que los Comunes refuercen su posición democrática frente a los ataques antidemocráticos.

Es un nuevo enfrentamiento de consecuencias impredecibles. Se ha abierto un nuevo conflicto entre una institución del Estado y el Parlament y el president de la Generalitat, se agranda el abismo que existe entre el sentimiento mayoritario de la sociedad e instituciones elegidas a dedo (recordemos que fue un Tribunal quien se cepilló el Estatut aprobado por referéndum y sancionado por los Parlamentos catalán y español; recordemos que el Tribunal Supremo ha condenado a muchos años de cárcel a buena parte del anterior gobierno catalán, a la presidenta del Parlament y a dos líderes sociales y que una sentencia que el Tribunal europeo ha puesto en cuestión en relación a Junqueras, etc. etc.) No es difícil entender el sentimiento de cabreo generalizado contra un régimen que además pretende dar lecciones de democracia y constitucionalismo y el desapego mayoritario respecto a ese régimen y sus instituciones. Las movilizaciones continuarán y, muy probablemente, se desoirá la decisión de la Junta Electoral hasta que haya el pronunciamiento de un Tribunal.

El golpe ha sido tan fuerte que hasta los secretarios generales de los dos principales sindicatos en Cataluña, CCOO y UGT, han tenido que reaccionar. Javier Pacheco, secretario general de CCOO, emitió el siguiente tuit: “La JEC inhabilita @QuimTorraiPla una decisión que no le corresponde extralimitándose en sus funciones, pisoteando los instrumentos democráticos y las instituciones del país. @ccoocatalunya apelamos a la restitución inmediata de sus derechos”. Camil Ros, de UGT, tuiteó: “Por la defensa de los derechos democráticos, hemos de rechazar contundentemente la decisión de la JEC de inhabilitar @QuimTorraiPla i @junqueras La justicia ha de decidir si sigue siendo parte del problema o de las soluciones”.

Si los que en la Junta Electoral tomaron esa decisión para intentar boicotear la investidura del gobierno y darle otra vuelta de tuerca al movimiento de emancipación nacional catalán el tiro les ha salido por la culata. Han vuelto a dejar al desnudo el carácter de este régimen y sus aparatos del Estado y no les servirá para detener la movilización. Ya pasó al conocerse la sentencia contra los dirigentes del procés, la respuesta fue amplia y masiva, comparable o incluso superior a la de octubre de 2017, tanto en la calle como en los resultados de la última contienda electoral. De la misma manera, la respuesta a este shock debería poner encima de la mesa dos temas:

1) La necesidad de la más amplia alianza contra la represión exigiendo la amnistía de los presos, exiliados y detenidos, tanto a nivel de Cataluña como en el conjunto del Reino. Si se abre una etapa de diálogo y de que los problemas se resuelvan a través de la política, habría que empezar por ahí.

2) La decisión de la Junta Electoral es una más de las decisiones antidemocráticas de los últimos años. Lo que se necesita es abrir el debate y la acción sobre la alternativa política y social a este régimen, abrir una perspectiva republicana que conquiste los derechos reales de las clases trabajadoras y los pueblos y que sea una respuesta de futuro a la histeria de las derechas. No parece que pueda haber más perspectivas: o un paso adelante democrático y social o una vuelta atrás con la alianza entre las derechas. Podría, eso es lo que intenta el gobierno que si no hay sorpresas se formará el próximo martes, mantener el actual régimen con algunas medidas sociales, pero más parece que sirva para prolongar su agonía, aunque sea larga, que poner soluciones de futuro favorables a las clases trabajadoras y a los pueblos que conforman el actual territorio del Reino de España.