Publicado en el diario.es                                                                                         Antonio M. Vélez

Compañías de beneficiarios de la amnistía como Almirall, Meliá, la petrolera de Cañete o un Borbón, en el ránking de mayores ayudas junto a sociedades de los Carceller, que reconocieron un fraude multimillonario, o del magnate Aristrain, pendiente de juicio

Empresas vinculadas a grandes defraudadores y beneficiarios de la amnistía fiscal de 2012 figuran entre las más subvencionadas de España. Así se desprende del análisis del listado de mayores ayudas públicas (de al menos 100.000 euros por sociedad mercantil) concedidas en 2023, que ha publicado el Ministerio de Hacienda en cumplimiento de la Ley de Transparencia. Los beneficiarios de la mayor amnistía fiscal conocida en España ocultan los sueldos de su cúpula directiva

En ese listado hay una decena de sociedades vinculadas a siete familias o empresas que se acogieron a la amnistía. También aparecen en ese documento otras trece empresas vinculadas a cinco personas o sociedades que han recibido condenas penales por delitos fiscales, incluyendo varios que llegaron a acuerdos de conformidad con la Fiscalía para evitar la prisión por hechos de este tipo.

Esas 23 empresas recibieron en 2023 casi 33 millones en subvenciones. Cerca de un tercio fueron ayudas del Plan de Recuperación.

También figuran en ese listado de Hacienda ayudas multimillonarias varias sociedades vinculadas al magnate del acero José María Aristrain, para el que el Tribunal Supremo acaba de ordenar repetir el juicio, tras la sentencia que le absolvió en enero de 2022 del mayor caso de fraude fiscal conocido en España.

De esos casi 33 millones, más de 12 millones corresponden a sociedades vinculadas a personas o empresas que se acogieron a la medida de gracia de Cristóbal Montoro. Esta cifra es una mera aproximación y es solo la punta del iceberg: apenas se conoce una mínima parte de los 30.000 agraciados por la amnistía del gobierno de Mariano Rajoy, declarada inconstitucional en 2017 sin consecuencias para sus beneficiarios.

De ese listado solo ha trascendido en torno a un centenar de nombres gracias a sentencias y procedimientos judiciales o investigaciones periodísticas. Uno de los últimos en aflorar ha sido un narcotraficante gallego. El 99% de los nombres permanece oculto y probablemente nunca salga a la luz.

La amnistía conocida más relevante por su importe son los 113 millones ocultos al Fisco mediante sociedades en Mónaco o Panamá que legalizaron los hermanos Gallardo, principales accionistas de la farmacéutica Almirall. Hoy jubilados y dueños del grupo de hospitales privados Vithas (uno de los mayores de España, y reprendido por su auditor por ocultar los sueldos de su cúpula directiva), la amnistía de estos empresarios la destapó en 2016 la investigación de Los Papeles de la Castellana.

El fabricante del Almax, empresa cotizada en Bolsa que llegó a formar parte del Ibex 35, figura entre los grandes perceptores de ayudas públicas de ese listado. Almirall está entre las 600 sociedades que más subvenciones recibieron en 2023: un total de 3.162.243,27 euros, de los que 561.146,46 euros son fondos europeos.

También ha formado parte del Ibex hasta este verano la hotelera Meliá, cuyos mayores accionistas, los Escarrer, también fueron a la amnistía. Entre ellos, el fundador, Gabriel Escarrer Juliá, ya casi nonagenario y jubilado, y condecorado en 2022 por Felipe VI con el Premio Reino de España a la Trayectoria Empresarial, un galardón que no se ha vuelto a conceder desde entonces. Lo entregaba el Círculo de Empresarios, uno de los lobbies empresariales más señeros de España.

Los Escarrer reconocieron en 2016 que acudieron a ese perdón fiscal tras destapar la investigación de Los Papeles de Panamá que tenían una red de firmas offshore con cuentas millonarias a través del despacho Mossack Fonseca. Cuatro sociedades participadas por su hotelera recibieron en 2023 casi ocho millones en subvenciones.

La mayor parte de esa cifra, 5,8 millones, correspondió a Meliá Zaragoza SL, de la que Meliá conserva el 7,5% y en la que tuvo el 50% hasta 2021. Otros 1,34 millones en fondos europeos recibió la Comunidad de Propietarios del Edificio Apartotel Meliá Castilla en Madrid, de la que la hotelera tiene cerca del 33%, según sus últimas cuentas. Otros 611.416 euros en ayudas recibió Nexprom SA, que tiene un 20% en manos de Meliá. Esta sociedad explota tres hoteles en Torremolinos (Málaga). Y otros 191.602 euros fueron en 2023 para Meliá Hotels International.

Los Papeles de Panamá también revelaron la amnistía de otro veterano empresario del sector turístico, Josep María Caballé, dueño de Servigroup, con 18 hoteles en la costa mediterránea, 11.000 plazas y hasta 2.000 trabajadores en temporada alta. Conocido por ser el gran hotelero de Benidorm, uno de sus hoteles allí (el Torre Dorada, inaugurado en 1972 y con una panorámica privilegiada de la ciudad y la Playa de Poniente) lucía una llamativa iluminación con los colores de la bandera de España en el puente del pasado 12 de octubre.

Una de las sociedades de Servigroup, Hoteles Reina del Sol SL, dueña de un hotel de cuatro estrellas del grupo de Caballé en Mojácar (Almería), el Marina Mar, recibió 131.408,17 euros en ayudas públicas en 2023, según el listado de Hacienda.

Tras aparecer en Los Papeles de Panamá también se conoció la amnistía de la terrateniente Micaela Domecq, esposa del entonces ministro y a la postre comisario europeo Miguel Arias Cañete. 100.632,13 euros en subvenciones recibió en 2023 Petrolífera Dúcar, la empresa de bunkering (suministro de combustible a buques) en el estrecho de Gibraltar que presidió Cañete hasta que volvió a ser nombrado ministro con la llegada de Rajoy a Moncloa a finales de 2011.

Esta empresa ha colgado durante años de Havorad BV, una sociedad que la familia política del excomisario europeo tiene desde hace décadas en Países Bajos, calificada hace años de mera “pantalla” por la Agencia Tributaria.

Muy vinculado a lo más granado de la aristocracia está el ingeniero agrícola y experto cinegético Pedro de Borbón, jefe de la Casa Real de las Dos Sicilias, duque de Calabria y conde de Caserta. De Borbón se acogió a la amnistía junto a varios miembros de su familia, como revelaron Los Papeles de la Castellana. Sus empresas han cobrado numerosas subvenciones públicas en los últimos años. En 2023, el fabricante de piensos Thurma (del que es socio, consejero y asesor técnico) recibió 113.311,71 euros en ayudas, de las que 13.400 euros correspondieron a fondos del Plan de Recuperación.

Entre los empresarios anónimos cuya amnistía trascendió por pleitos judiciales con la Agencia Tributaria está el fabricante barcelonés de implantes dentales Microdent, que regularizó 1.338.710 euros. En 2023 recibió 567.438,35 euros en ayudas con fondos europeos. Otro ejemplo es la empresa familiar jiennense Mariscos Castellar, que el año pasado percibió 107.510,22 euros en subvenciones, según los datos de Hacienda.

Defraudadores con ayudas

En el apartado de defraudadores condenados por la justicia, destaca el presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT), Jorge Marichal, condenado en 2020 a dos años de prisión y a pagar una multa de 585.896 euros por fraude fiscal. Marichal es, según su perfil en LinkedIn, consejero delegado de Inversiones Marylanza, dueña de Hotel Atlantic El Tope SL, subvencionada con 1.469.829,25 euros en 2023. Otros 1.624.634,4 euros recibió Hotel Atlantic Hills SL, de la que Marylanza tiene el 26,89%, según el Registro Mercantil.

Cuando en 2021 trascendió su condena, Marichal puso su cargo a disposición de los asociados de CEHAT, que hoy sigue presidiendo, al igual que la Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro (Ashotel). La propia Ashotel, que acaba de reelegirle en ese cargo (lo ocupa desde 2011), recibió el año pasado 361.769,8 euros en subvenciones, según los datos de Hacienda.

También fueron condenados por fraude fiscal en 2016 los Carceller, dueños de una de las mayores empresas de España, la petrolera canaria Disa, de la que cuelgan también Rodilla o la cervecera Damm. El patriarca, Demetrio Carceller Coll, y su hijo, Demetrio Carceller Arcer, acordaron con la Fiscalía conmutar sendas condenas a prisión por una multa de 93 millones. Fue “uno de los casos de mayor importe de fraude fiscal cometidos en España”, como lo definió entonces el Ministerio Público.

Empresas vinculadas a los Carceller recibieron el año pasado más de 12 millones en ayudas públicas. Destacan los 6.052.491,47 euros en fondos europeos que obtuvo Disa Renovables. Otros 263.700 euros fueron para Disa Gestión Logística; 139.761 euros, para Explotación Estación de Servicio SA, también de Disa; y otros 1.691.228,7 euros, para Intercervera SLU, de la que Disa tiene el 72%, según sus cuentas de 2023, accesibles a través de Insight View.

Disa también tiene el 14,6% de Sacyr, una de las mayores constructoras de España. Su filial Sacyr Concesiones recibió casi 3 millones, y Sacyr SA, otros 223.676,25 euros en fondos europeos. En el listado de Hacienda constan asimismo sendas ayudas de 609.175,52 euros a Arotz Foods, filial de Ebro Foods, de la que Damm tiene un 11,686%.

Otra gran empresa (en este caso del Ibex) que aceptó una condena por delito fiscal es Indra, que en 2019 pactó abonar una multa de 171.000 euros tras un acuerdo en conformidad ante el Juzgado de lo Penal número 26 de Madrid que incluía la prohibición de recibir ayudas públicas durante nueve meses. La tecnológica, cuyo mayor accionista es el Estado (28%), recibió el año pasado 1.863.217,13 euros en subvenciones. El 95,8% eran fondos europeos.

Un acuerdo similar alcanzó en 2020 con la Fiscalía y la Abogacía del Estado el Real Zaragoza, por hechos que se remontaban a 2010. El club, que milita en 2ª División, recibió 1.157.727,56 euros en ayudas públicas en 2023.

También está ligado al fútbol el presidente del Villarreal y dueño de Pamesa, Fernando Roig, recientemente condenado a 11 meses y 28 días de prisión junto a otras diez personas por dos delitos de falsedad en documento mercantil contra la Hacienda Pública en las obras de reforma de la ciudad deportiva del club y del Estadio de la Cerámica durante 2004 y 2005, en una decisión que el Villareal ha anunciado que recurrirá. Roig es accionista minoritario y consejero de Mercadona. El año pasado la mayor cadena de supermercados de España recibió 1.692.993,85 euros en subvenciones.

Aristrain, caso aparte

Un caso aparte es el del magnate del acero Aristrain, la gran fortuna anónima del país y uno de los mayores accionistas de ArcelorMittal, de la que tiene en torno a un 2%. En 2011 fue acusado de defraudar 200 millones al fingir su residencia en Suiza y ocultar sus acciones en Luxemburgo, donde tiene una holding que la justicia de ese país declaró en quiebra hace un año, según el Registro de ese país. Aristrain ganó en primera instancia en una dura derrota para Hacienda, pero el Supremo acaba de ordenar a la Audiencia de Madrid que reabra el caso y se repita el juicio con un tribunal distinto.

ArcelorMittal, que tiene su sede en Luxemburgo y pertenece al Ibex, figura entre las mayores receptoras de subvenciones de España en 2023, con 106.530.203 euros a través de cinco filiales, de los que 4,28 millones son fondos europeos.

Además, el fabricante andaluz de materiales de cobre y aluminio Cunext, cuyo mayor accionista (42%) es una sociedad vinculada a Aristrain, Cartera Industrial del Cobre, ha recibido 17,58 millones en ayudas públicas a través de cuatro filiales.

Más de la mitad de esa cifra, 9.077.965,09 euros, son fondos europeos para su filial de logística, Next Logistics XXI. Otros 7.762.647,21 euros ha recibido Transformados Cunext Copper SLU. El presidente de Cunext y administrador único de Cartera Industrial del Cobre es el cordobés Dámaso Quintana, sobrino de Aristrain. Quintana se ha incorporado recientemente a la patronal cordobesa Cesur y el pasado octubre fue absuelto por la Audiencia Provincial de Madrid junto a su tío de un delito de frustración de la ejecución de un inmueble del magnate en el centro de Madrid.

Esta recopilación no tiene en cuenta procedimientos que han ido por la vía de lo contencioso-administrativo, en los que no se ha apreciado delito por factores como la inexistencia de dolo.

Por esa vía fue el caso Cemex, para la que el Tribunal Supremo confirmó hace unos meses una sanción récord de 455 millones por irregularidades fiscales en los ejercicios 2006 a 2009. Este caso hizo temblar los cimientos de la Agencia Tributaria y provocó una cadena de dimisiones en el organismo en tiempos de Montoro. La cementera mexicana es una de las multinacionales que figuran en ese listado de grandes receptores de ayudas, con 1,9 millones en 2023.

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