El Tribunal Penal Internacional fue creado por la Asamblea General de la ONU, con el apoyo de Estados Unidos, entre otros países. Pero luego no firmó el Estatuto de Roma de 1998, que define los crímenes de un engendro llamado “derecho internacional humanitario”. Lo mismo que Estados Unidos, Israel tampoco votó el Estatuto de Roma.

En el Estatuto las grandes potencias definen unos delitos que sólo afectan a los países parias, como los africanos, que son la víctima propiciatoria de este tipo de tinglados internacionales. Por definición, en los países civilizados no se cometen crímenes, como el genocidio y otros de “lesa humanidad”.

En el “derecho internacional humanitario” los sujetos no son Estados sino personas. Esto ha llevado a algunos a creer que pueden sentar a Benjamín Netanyahu en el banquillo, incluso aunque Israel no haya firmado el Estatuto de Roma.

En 20121 el Tribunal ya decidió que tenía jurisdicción para juzgar los crímenes de guerra cometidos por Israel en Cisjordania, Jerusalén Oriental y la Franja de Gaza. Pero con la jurisdicción no basta…

Turquía ya ha presentado una solicitud para procesar al Primer Ministro israelí por crímenes de guerra, al igual que Colombia, Argelia, Sudáfrica, Bangladesh, Yibouti, Comores y Bolivia.

160 ONG y 600 abogados también han interpuesto otra querella contra el carnicero israelí por cometer un crimen de genocidio en Gaza (*). El gobierno belga ha prometido al Tribunal el dinero necesario para investigar los crímenes cometidos contra los palestinos.

Pero Netanyahu no es Putin. Las querellas no tienen ninguna posibilidad de prosperar. El orden de la posguerra se ha montado sobre el principio del llamado “holocausto”: los judíos son las víctimas de un genocidio y no pueden ser responsables de un delito de esa naturaleza.

(*) https://ismfrance.org/wp-content/uploads/2023/11/231120-ICC-Complaint-Working-document-GD.pdf