El motivo fundamental para que el fuego acabe con una selva milenaria es abrir espacios a la agricultura comercial, en especial de soya para exportación, y a la ganadería extensiva. Muy distinto piensa el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Sugirió que detrás de los siniestros se escondían organizaciones no gubernamentales que llevan a cabo acciones criminales para atraer la atención en mi contra. En Naciones Unidas negó que la selva estuviera siendo devastada o en llamas. Después dijo no necesitar la ayuda extranjera de países, como Noruega y Francia. Al gobierno del primero le recomendó que el dinero que ofrecía para combatir los incendios se lo diera a la canciller Angela Merkel para reforestar Alemania. Tales desfiguros diplomáticos fueron rechazados hasta por los gobernadores de los estados de la Amazonia que recalcaron la importancia de la ayuda externa.

Durante su campaña electoral, Boslonaro dijo que, como Trump, sacaría a Brasil del Acuerdo de París, el cual busca atacar el cambio climático. Mas poco antes de las elecciones, dio marcha atrás, pero siempre y cuando la soberanía de Brasil en la Amazonia no se viera amenazada. Asunto que nadie cuestiona, pero sí que la extensa selva tropical sea devastada por los efectos adversos que tendría para el clima global y para quienes viven en ella. Y porque a mayor deforestación más posibilidades hay de incendios.

La culpa de lo que ocurre en Brasil es fundamentalmente de un gobierno que duda del cambio climático y concede al crecimiento económico mayor prioridad que al cuidado del ambiente, que actuó muy tarde para luchar contra las llamas y detener a menos de 100 personas que intencionalmente provocaron incendios, cuando fueron muchas más. Las multas por los daños a la naturaleza fueron ­irrisorias.

Otra prueba de la política destructiva del gobierno brasileño es el reciente proyecto de ley que abre las tierras de las comunidades indígenas a las actividades agropecuarias, mineras y de generación de energía. Esas comunidades no desean que los grandes intereses económicos locales y extranjeros implanten su modelo en la selva tropical más importante del mundo. Al enviar al Congreso el polémico proyecto, Bolsonaro dijo que era la culminación de un sueño que acabará con la minería ilegal.

Y al afirmar que en el Congreso brasileño va a tener presiones de los ambientalistas, afirmó que a esa gente ligada al medio ambiente, si un día pudiese los confinaría en la Amazonia. Confía en que el proyecto lo aprueben sus fieles congresistas y los voceros de los agronegocios. Y para presionar a las comunidades indígenas, nombró a Ricardo Lopes, antropólogo y misionero evangélico, al frente del organismo que se ocupa de los indios aislados y de contacto reciente. Estos tuvieron la protección del máximo organismo indígena del país, a fin de respetar un aislamiento cada vez más amenazado por las actividades madereras y agropecuarias. En el pasado, Lopes promovió la evangelización de los habitantes originarios de la Amazonia. La organización Survival International afirmó que confiarle a este sujeto la responsabilidad de los pueblos indios aislados era como meter a un zorro dentro del gallinero.

Los líderes indígenas calificaron el proyecto de ley como etnocida y ecocida. El pueblo de Brasil y todos los interesados en el futuro de la Tierra debemos protestar por este nuevo despropósito del presidente brasileño.