Washington, DC – El 25 de octubre, el Tribunal de Sentencia del Quinto Circuito de San Salvador dictaminó que el ex Ministro de Seguridad Pública y Justicia Mauricio Landaverde, el ex Inspector General de Prisiones Ramón Roque y otros 17 ex funcionarios y empleados del gobierno son inocentes de todos los cargos de malversación de fondos, soborno y tergiversación presentados contra ellos por la Fiscalía General de la República.
Landaverde y Roque estuvieron en prisión preventiva durante casi tres años, excediendo el límite legal, luego de que el Estado ignoró múltiples órdenes judiciales para su liberación. Organizaciones de derechos humanos en El Salvador expresaron su preocupación por que este caso tuviera motivaciones políticas y denunciaron múltiples abusos al debido proceso .
En respuesta a la sentencia, el Comité de Familiares de Presos y Perseguidos Políticos (COFAPPES), que había abogado por su liberación, emitió el siguiente comunicado : “No hay duda de que hoy prevaleció la dignidad, la inocencia… y la lucha organizada”.
El caso comenzó en 2019, cuando el recién elegido presidente Nayib Bukele y el director de Prisiones, Osiris Luna, acusaron públicamente a Landaverde de malversar 14 millones de dólares de la Asociación ASOCAMBIO (Yo Cambio), que se había creado para administrar los fondos penitenciarios. Las investigaciones del fiscal general Raúl Melara no encontraron irregularidades, sino que apuntaron a corrupción por parte de Luna . El caso se estancó hasta que los legisladores de Bukele designaron ilegalmente a Rodolfo Delgado como nuevo fiscal general en 2021, quien presentó cargos formales alegando la malversación de 400.000 dólares.
Sin embargo, cuando finalmente se inició la audiencia en agosto de 2024, los propios testigos de la Fiscalía declararon que Landaverde y otros funcionarios nunca tuvieron acceso a los fondos de ASOCAMBIO. De igual modo, no había evidencia de transferencias desde cuentas de la prisión a las de Landaverde, Roque o los demás acusados. Por estas razones, COFAPPES había expresado optimismo sobre una “absoluta exoneración” antes del veredicto de hoy.
Sin embargo, la sentencia no fue absoluta. Si bien la mayoría de los acusados fueron absueltos de todos los cargos y algunos incluso recibieron una disculpa del tribunal por su terrible experiencia, siete, incluidos Landaverde y Roque, fueron condenados por mala conducta administrativa relacionada con la compra de tres vehículos y el alquiler de dos propiedades que siguen en posesión del sistema penitenciario. Para Landaverde y Roque, las sentencias equivalen a “tiempo cumplido” más tres meses de servicio comunitario.
En sus comentarios a los periodistas tras la sentencia, Landaverde explicó que a pesar de que en el juicio quedó claro que los fondos en cuestión se manejaron conforme a derecho, el tribunal se sintió presionado a emitir un veredicto de culpabilidad para justificar los casi tres años de prisión. Landaverde agregó a los periodistas: “Estoy satisfecho en el sentido de que he recuperado mi libertad y ha quedado claro que no hubo actos ilegales ni irregularidades en el uso de los recursos por parte de ASOCAMBIO durante este período. [La] condena por el delito de falta administrativa… se da en el marco de las presiones que recibió este tribunal. Es una victoria, considerando lo que he enfrentado, pero es claro que el fallo que emitieron no es independiente”.
Declaración del Comité en Solidaridad con el Pueblo de El Salvador:
“Elogiamos el trabajo incansable y valiente del Comité de Familiares de Presos y Perseguidos Políticos (COFAPPES), las familias de los acusados, los propios acusados para garantizar que la verdad prevaleciera en este caso. El resultado confirma lo que los acusados habían dicho desde el principio: que fueron víctimas de una campaña de desprestigio político y un intento del régimen de Bukele de desviar la atención del público de las revelaciones de una grave corrupción interna.
“Desafortunadamente, no están solos. Las detenciones por motivos políticos se han disparado bajo el gobierno de Bukele y la Fiscal General Delgado, y se han dirigido desproporcionadamente contra activistas y líderes comunitarios de la oposición de izquierda. Al igual que Landaverde, quien desarrolló enfermedades crónicas durante su prolongada prisión preventiva, otros líderes históricos del FMLN languidecen actualmente en prisión, a pesar de los graves riesgos para la salud y las órdenes de liberación.
“Este caso debe mostrar al mundo de una vez por todas que el régimen de Bukele está intentando manipular el sistema de justicia con fines políticos y enterrar la verdad. También demuestra con qué facilidad se puede detener a ciudadanos salvadoreños durante años sin pruebas. Esto ha sucedido a gran escala bajo el Estado de Excepción, que sigue vigente en violación de la Constitución. Nos hacemos eco del llamado de las organizaciones de derechos humanos en El Salvador para la liberación inmediata de las personas que han sido detenidas arbitrariamente, especialmente aquellas para quienes un juez ya ha emitido órdenes de liberación y aún así permanecen tras las rejas. Sus vidas están en peligro”.
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https://cispes.org/get-involved/education-for-liberation?language=es