Partido Socialista Centroamericano

Bajo el pretexto de que la Asamblea Legislativa apruebe un préstamo de $109 millones para el financiamiento de la fase tres del Plan Control Territorial, que es el programa central de combate contra las maras y pandillas, el presidente de Nayib Bukele convocó a una sesión plenaria extraordinaria de la misma para el día domingo 9 de enero en horas de la tarde. Los diputados de ARENA y del FMLN negaron la urgencia de tal convocatoria, y con ello se ha iniciado una nueva confrontación entre la presidencia de la republica y la Asamblea Legislativa.

Bukele pretende imponerse sobre la Asamblea Legislativa

Bukele ha fundamentado la convocatoria a sesión plenaria extraordinaria de la Asamblea Legislativa, con base al artículo 167 de la Constitución, el que establece que: “(…) Corresponde al Consejo de Ministros:… 7º.- Convocar extraordinariamente a la Asamblea Legislativa, cuando los intereses de la República lo demanden; (…)”

La negativa de los diputados a aceptar la convocatoria de Bukele, se debe a que consideran “…que los procesos de préstamos no constituyen una emergencia nacional por lo que no se puede aplicar una convocatoria extraordinaria…” (LPG. 08/02/20),

Bukele juega con la “insurrección popular”

Para forzar un desenlace, el presidente Bukele ha invocado el “derecho a la insurrección”, establecido en el artículo 87 de la Constitución, llamando a la movilización popular contra la resistencia de la Asamblea Legislativa.

La respuesta de Bukele ha sido militarizar el palacio legislativo, retirar a los agentes de la División de Protección a Personalidades Importantes (PPI) de Policía Nacional Civil (PNC) encargados de la seguridad de los Diputados, aunque pocas horas después dicho agentes fueron devueltos a sus posiciones.

Bukele pretende manejar a El Salvador como si fuera su propia empresa, y por ello ha amenazado con la insurrección popular: “si los diputados deciden no asistir y “si alguien rompe el orden constitucional, el pueblo tiene el artículo 87”.

Sin lugar a dudas, Bukele ha interpretado de manera antojadiza el artículo 87 de la Constitución, el que reconoce  el derecho a la insurrección, pero solo bajo ciertas condiciones: “(…) él solo objeto de reestablecer el orden constitucional alterado por la transgresión de las normas relativas a la forma de gobierno o sistema político establecidos, o por graves violaciones a los derechos consagrados en esta Constitución”.

Mientras tanto, el partido Nuevas Ideas no ha se ha quedado atrás y está ofreciendo la logística para canalizar el descontento de la población a su favor, especialmente contra el establishment representado por los partidos del FMLN y ARENA.

Este populismo reaccionario de derecha no es nuevo en la historia de El Salvador. Solo basta recordar que General Martínez, para llegar el poder, en 1932 utilizó un discurso similar a favor de las masas empobrecidas, en contra de los ricos, llamando también a la insurrección en contra de ellos, pero cuando los indígenas lo hicieron por sus propias motivaciones, fueron aplastados de manera inmisericorde.

Los peligros del bonapartismo de Bukele

El Salvador es una sociedad que desde hace varias décadas se hunde en la violencia, la miseria y la barbarie. Eso provoca constante flujo migratorio hacia Estados Unidos, donde vive mas de un tercio de la población. La crisis del Estado y la decadencia económica provocan decenas de miles de marginados, que son la base social de las maras y pandillas. El origen de estos males esta en la incapacidad de la economía capitalista de satisfacer las necesidades básicas de la población.

La violencia y la marginalización social son temas que preocupan a las masas populares. Bukele pretende solucionar el problema de la violencia apoyándose en el aparato militar, lo que inevitablemente conduce a un nuevo genocidio en varias etapas. Por ello concentra todos sus esfuerzos en aplastar a los sectores marginalizados, agrupados alrededor de las maras y pandillas.

Bajo esta orientación, Bukele ha comenzado a atacar a las instituciones surgidas de la Constitución de 1983 y de los Acuerdos de Paz de 1992, las cuales ya son repudiadas por la mayoría de la población. El problema es que el régimen bonapartista que Bukele pretende imponer en los hechos, no es democrático, sino autoritario y crea las condiciones para que los militares retomen directamente el poder.

Debemos encontrar una solución democrática al problema de las maras y pandillas

Hasta el momento, todos los planes contra las maras y pandillas han fracasado porque han pretendido revolver enormes problemas sociales con represión, cárcel y balazos. Los gobiernos anteriores, tanto de ARENA como del FMLN, intentaron solucionar el problema de las maras con corruptas negociaciones con las dirigencias de las maras y pandillas. También fracasaron. Ahora Bukele intenta resolver el problema con más represión militar. También va a fracasar, porque la descomposición hace surgir de manera permanente nuevos miembros de maras y pandillas.

La única solución democrática posible es que se les brinde a los pandilleros la oportunidad de reinsertarse a la vida social, con oportunidades de trabajo y superación personal. Debemos rechazar que la táctica de presión militar de Bukele solo pretenda crear mejores condiciones de negociación secreta con las cupulas de las maras. Cualquier negociación debe ser publica y sometida a la aprobación del pueblo salvadoreño.

El conflicto entre Bukele y la Asamblea Legislativa se produce en momentos en que salen a la luz pública las negociaciones secretas de los gobiernos de ARENA y del FMLN, en la que están involucrados funcionarios del gobierno de  Bukele.

Todos los partidos políticos del régimen han sacado provecho de la violencia social, mientras en este conflicto armado de baja intensidad, al pueblo le ha tocado la peor parte.

Es hora de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente

Desde el Partido Socialista Centroamericano, (PSOCA) alertamos al pueblo salvadoreño que de Nayib Bukele está instaurando en los hechos un régimen bonapartista que puede terminar restableciendo un régimen dictatorial, como las dictaduras militares del siglo XX.

La Constitución de 1983 y los Acuerdos de Paz de 1992 establecieron una frágil democracia burguesa, que no ha podido solucionar los problemas sociales, y por ello está en crisis total.

Es hora que el pueblo decida como solucionar los problemas, sin el autoritarismo y el populismo barato de Bukele.

Llamamos a todas las organizaciones a aprovechar esta coyuntura para cerrar filas en la defensa de las libertades democráticas, movilizarnos y luchar con independencia respecto a Bukele, pero también en relación a los corruptos partidos políticos representados en Asamblea Legislativa. Si hay alguien contra los que debemos luchar es contra los ricos, y exigir mejores prestaciones económicas.

Los planes de seguridad deben ser financiados mediante impuestos cargados al gran empresariado y a las transnacionales.

Debemos avanzar en la democratización para ello debemos exigir la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, libre y soberana, que discuta como solucionar los problemas que carcomen a la sociedad salvadoreña.

Centroamérica, 9 de febrero del 2020

Secretariado Ejecutivo Centroamericano (SECA)

La encrucijada del presidente Nayib Bukele

José Alfredo Ramírez Fuentes

En la silla equivocada

Como el parlamento, a su criterio, estaba demorando más de la cuenta la aprobación del presupuesto para seguridad, el presidente salvadoreño declaró el asunto “emergencia nacional”. Luego convocó una asamblea extraordinaria, entró a la sede legislativa flanqueado por soldados y policías, y pretendió dirigir la sesión. Como no lo logró, rezó. Aunque el hecho, evidentemente, no pasó desapercibido, tampoco resultó extraño si se tienen en cuenta las características tradicionales del sistema político salvadoreño.

Durante el siglo XX, muchos países latinoamericanos han sufrido serias dificultades para mantener un equilibrio entre los órganos del Estado, se han hecho grandes esfuerzos para que el presidente no acumule demasiado poder, y es ahí donde vienen a la mente nombres como el de Fulgencio Batista, Perón, Stroessner, Porfirio Díaz, Pinochet o, en el caso de El Salvador, Maximiliano Hernández Martínez. Son personajes que, de una u otra forma, manejaron o manipularon a los otros poderes del Estado para mantenerse en la presidencia. De ninguna forma se está asegurando que Nayib Bukele sea un dictador, más bien se trata de no dejar pasar un evento significativo de nuestras tradiciones políticas.

Donde no lo llaman

El Salvador es un país con serios problemas de seguridad pública, aunque también padece de falta de fortalecimiento institucional, extrema pobreza y sistemas de salud y educación deficientes. Sin embargo, las primeras décadas del siglo XXI dan señales de mejoras sustanciales. La guerra civil (1972-1992) dejó un sistema democrático bipartidista, en el que la derecha neoliberal quedó representada por Alianza Republicana Nacionalista (Arena) y la ex guerrilla formó el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (Fmln). El primero gobernó por 20 años con cuatro presidentes distintos, y el Fmln logró la alternabilidad en 2009 y gobernó por ocho años.

En 2019 un joven empresario de ascendencia palestina apareció –luego de militar en el Fmln– como una opción fresca y nueva que ofrecía soluciones a los problemas del país. Este personaje aseguraba ser distinto a “los mismos de siempre”, como llamaba a los partidos tradicionales. El 1 de junio de 2019 Nayib Bukele llegó a la presidencia, aprovechando su política fresca y su simpatía construida en redes sociales, sin mayor oposición. No tuvo problema en ganarle al Fmln y Arena gracias a su campaña, pero también en gran medida gracias al desgaste de los partidos antes mencionados.

Aun con una victoria muy celebrada nacional e internacionalmente, la expectativa continúa a ocho meses de gobierno. La evaluación a 100 días de gobierno expuso las promesas incumplidas. Los medios de comunicación más críticos acusaron a Bukele de no lograr la extradición del expresidente Mauricio Funes de la vecina Nicaragua, quien es buscado por la justicia salvadoreña por enriquecimiento ilícito durante su mandato (2009-2014). Funes se nacionalizó nicaragüense para evitar ser extraditado.

Por otra parte, prometió perseguir la corrupción a través de una comisión, pero no la ha llevado a cabo. En ese sentido, sus antecesores dispusieron de una cantidad no especificada de dinero, para usarla a su criterio. Esa “partida secreta”, como se la denominó, fue muy criticada, y Bukele prometió desmantelar la estructura que promovía el clientelismo político. Pero hasta el momento no hay novedades. Su gestión, sin embargo, ha tenido una buena evaluación a nivel regional e internacional, porque se ha enfocado en la seguridad pública a través del combate a los homicidios en el país más peligroso y violento de América Latina, según cifras de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

Bukele lo ha logrado, al menos eso sostienen su gobierno y simpatizantes. En su primer mes lanzó un plan de seguridad de tres fases y logró bajar los asesinatos de 231 en junio a 87 en julio de 2019, según los estimados más altos. La primera fase del plan consistió en enfocar los esfuerzos de la policía en 12 localidades con altos niveles de violencia, así como atacar, en cierta medida, las redes de financiamiento de las pandillas. Además, se trasladó reos que dirigían operaciones ilícitas desde las cárceles y se interrumpió los servicios telefónicos en los centros penales. Con esto logró disminuirse la incidencia de los miembros de las pandillas, presos por sus crímenes. La segunda fase consistió en expandir el área de despliegue de la policía y el ejército a espacios concretos, como urbanizaciones y colonias que se veían afectadas por el accionar de las pandillas. Esta fase tuvo, al parecer, resultados favorables, aunque su alcance es aún materia de debate.

La tercera fase se ha complicado. Presentada en agosto de 2019, buscó modernizar y tecnificar a la policía y el ejército con equipo de última generación para que sus acciones fueran más eficientes. Pero Bukele no ha dado detalles, y los diputados exigen información; hasta ahora se sabe que se busca adquirir helicópteros, un barco, armas, chalecos antibalas, cascos de visión nocturna y cámaras de video-vigilancia. Todo lo anterior con un presupuesto de 109 millones de dólares, por lo que el presidente urge la aprobación de la autorización para gestionar un préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica. Los parlamentarios le han dado largas a las discusiones, aprobando y retractándose de su decisión, y Bukele se desesperó. El domingo 9 de febrero utilizó el poder del Ejecutivo para que su Consejo de Ministros convocara una sesión extraordinaria de la Asamblea Legislativa, con la justificación de una emergencia nacional ante el prolongado período de discusión del presupuesto para seguridad. Las acciones del domingo por la tarde no favorecieron al presidente: los diputados de Arena y del Fmln –los políticos peor calificados por la población salvadoreña– se rehusaron a asistir a la Asamblea y sólo se presentaron 29 de los 84 legisladores.

El presidente, que realizó un evento político afuera del parlamento, terminó entrando al salón de la Asamblea, flanqueado por medio centenar de soldados y policías armados que se tomaron la sede legislativa, y se sentó en la silla del presidente de la Asamblea. Desde allí llamó a sesión parlamentaria y, al darse cuenta de que no había suficientes diputados, se dispuso a orar: aseguró que Dios le había dicho que tuviera paciencia. En El Salvador, donde la enorme mayoría de la población es católica y evangélica, las acciones de Bukele fueron una burla a la religión. Al abandonar la sede parlamentaria, Bukele siguió señalando a los diputados como corruptos e irresponsables por no aprobar el presupuesto para seguridad pública.

Entre el lunes 10 y el miércoles 12 de febrero, los formadores de opinión –desde los diarios y noticieros– acusaron a Bukele de irrespetar la Constitución, la institucionalidad democrática y de dar muestras de autoritarismo. Pero vale recordar que estos males son, lamentablemente, características tradicionales del sistema político salvadoreño. Si bien después de la guerra civil se realizaron reformas importantes para evitarlos, nuestra sociedad tiende a su tradicional caudillismo, que fácilmente degenera en autoritarismo o incluso en dictaduras.

Límites

Las consecuencias no paran ahí. La sala de lo constitucional del órgano judicial emitió cuatro medidas cautelares contra el presidente y sus ministros: le prohibieron hacer convocatorias a la Asamblea emitidas por el Consejo de Ministros, suspender cualquier acuerdo tomado en la sesión del 9 de febrero de 2020, que el presidente se abstenga de hacer uso del ejército y la policía, y al ejército y la policía no acatar órdenes fuera de sus labores constitucionales. Así los equilibrios de poder republicanos parecen restablecerse, pero el sistema aún falla y necesita fortalecerse. La democracia no es un destino, sino una construcción constante que debe ser vigilada.

Las lecciones para aprender de este episodio de la vida republicana salvadoreña son importantes. Siguiendo la tradición caudillista, Bukele aprovechó su carisma y capital político para llegar a la presidencia. Tanto la Asamblea Legislativa, que tiene una mala aceptación a nivel nacional, como el Ejecutivo, que goza de una relativa aceptación por parte de la población, se vieron muy mal al insultarse públicamente y dañar la frágil institucionalidad del país. Por último, conviene decir que la sociedad civil es la llamada a mediar y exigir una discusión real y consensuada de los planes de gobierno y de la aprobación de préstamos a organismos internacionales, y a evitar la injerencia de un órgano de Estado en otro. Además, quedó demostrado que la Asamblea y los partidos de oposición ahí representados tienen fuerza y apoyo de sus bases para asumir, junto con la sociedad civil, el debido control de los gobiernos democráticamente elegidos.

Brecha, 14 de febrero 2020