Aliados internacionales aplauden retiro de acusaciones falsas contra los cinco defensores del agua salvadoreños
“No hay delito que perseguir”: Organizaciones internacionales aplauden fallo de tribunal salvadoreño que declara inocentes a cinco defensores del agua salvadoreños de las acusaciones falsas en su contra
Los cinco destacados defensores del agua que enfrentaron cargos por motivos políticos son héroes de El Salvador y nunca deberían haber sido arrestados.
San Salvador y Washington, DC – El 18 de octubre, el tribunal que preside el juicio salvadoreño contra cinco destacados defensores del agua de El Salvador dictaminó que los cinco son completamente inocentes de los dos cargos falsos de asesinato y asociación ilícita que se presentaron contra ellos.
«Hacemos un llamado a la Fiscalía General de la Nación para que no apele esta decisión y garantice la libertad definitiva de nuestros compañeros lo antes posible», afirmó la Asociación de Desarrollo Económico y Social de Santa Marta (ADES), cuyos principales miembros se encuentran entre los procesados. «En lugar de insistir en prolongar más este proceso, la Fiscalía General de la Nación debe pedir disculpas a los cinco y a la comunidad y dedicarse a investigar los verdaderos crímenes de guerra, empezando por las masacres que se cometieron contra Santa Marta y otras comunidades». La ADES celebró una conferencia de prensa a las afueras del juzgado y emitirá un comunicado más detallado más tarde hoy.
En respuesta al veredicto, una coalición internacional de 14 grupos (enumerados al final) liderada por Aliados Internacionales contra la Minería en El Salvador publicó la siguiente declaración:
Los cinco líderes comunitarios destacados conocidos como los “5 de Santa Marta”, Miguel Ángel Gámez, Alejandro Laínez García, Pedro Antonio Rivas Laínez, Antonio Pacheco y Saúl Agustín Rivas Ortega, fueron fundamentales en la exitosa campaña para salvar los ríos de El Salvador de la amenaza de la minería de oro. Con una votación unánime en la Asamblea Nacional de El Salvador en marzo de 2017, El Salvador se convirtió en la primera nación del mundo en prohibir toda minería metálica .
Desde el arresto de los cinco defensores del agua en enero de 2023 por cargos con motivaciones políticas, destacadas organizaciones e individuos han liderado una campaña nacional e internacional que abarca 31 países exigiendo que se retiren los cargos falsos y denunciando las motivaciones políticas detrás de su detención dada la falta de pruebas presentadas por la Fiscalía General de El Salvador.
Más allá de la falta de pruebas, la persecución del caso por parte del Fiscal General de El Salvador ha asestado un duro golpe a la credibilidad del gobierno salvadoreño, desmintiendo su afirmación de que sigue siendo una democracia y de que no tiene presos políticos. La incesante y valiente presión de las organizaciones de base en El Salvador –en concierto con la solidaridad internacional– puede haber funcionado a favor de los Defensores del Agua hoy, pero cientos de oponentes políticos, dirigentes sindicales y defensores de los derechos humanos siguen encarcelados. El movimiento comunitario de defensores del agua sigue siendo fuerte frente a futuros intentos de socavar las protecciones de la tierra y el agua para las comunidades en El Salvador.
Nuestras organizaciones apoyan el llamado de grupos de la sociedad civil salvadoreña para que el Fiscal General de El Salvador pida disculpas a los cinco acusados, cuya salud ha sufrido mucho durante los últimos 21 meses en que han sido acusados y encarcelados por cargos falsos, y a la comunidad de Santa Marta, que sufrió auténticas atrocidades militares durante la Guerra Civil salvadoreña de 1980-1992.
Como se destaca en un informe crucial de investigación de enero de 2024 , las campañas nacionales e internacionales también han condenado la criminalización de los defensores del medio ambiente, la falta de derechos legales y el debido proceso bajo el actual “estado de excepción” impuesto por el gobierno salvadoreño, y han advertido sobre la intención del gobierno salvadoreño de revertir la histórica prohibición nacional de 2017 sobre la minería de metales.
Los cinco defensores del agua nunca debieron haber sido acusados, y la disposición del gobierno salvadoreño a seguir adelante con estas acusaciones a pesar de su clara inocencia indica una preocupante disposición a perseguir el movimiento que estos cinco defensores del agua representan. Hacemos un llamado al gobierno salvadoreño a que renuncie a futuros procesos judiciales simulados y defienda el estado de derecho democrático en la búsqueda futura de una verdadera justicia.
Una delegación internacional de observadores, integrada por académicos y abogados de Canadá, Estados Unidos y México, observó el juicio y advirtió varias transgresiones cometidas por los abogados del Procurador General de El Salvador durante el proceso. No sólo violaron la orden de secreto del tribunal, al revelar imprudentemente las identidades de testigos y observadores, sino que exhibieron un “comportamiento excesivamente agresivo” hacia los testigos.
El movimiento de solidaridad internacional apoya el llamado de la sociedad civil salvadoreña y de las organizaciones de derechos humanos para poner fin al actual «estado de excepción» en El Salvador, liberar a miles de personas que han sido injustamente encarceladas y garantizar que se mantenga vigente la histórica prohibición nacional de la minería metálica de 2017.
«Aplaudimos este veredicto como una señal de que la justicia debe prevalecer en El Salvador. Los cinco destacados defensores del agua que enfrentaron cargos por motivos políticos son héroes de El Salvador y nunca debieron haber sido arrestados en primer lugar», dijo John Cavanagh, asesor principal del Institute for Policy Studies. «Estos cargos tenían una motivación política clara y, a través de ellos, el fiscal general salvadoreño mostró una asombrosa falta de respeto por los derechos humanos y el medio ambiente en El Salvador. Pero la lucha no ha terminado: tenemos que asegurarnos de que la persecución de estos líderes comunitarios y del movimiento ambientalista no continúe y que ellos y otros puedan continuar con su importante trabajo de manera segura. El hecho de que este juicio se lleve a cabo desde el principio sigue siendo una señal de la voluntad del gobierno salvadoreño de revertir las protecciones garantizadas por la histórica prohibición minera de 2017».
“Agradecemos a los cientos de organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales que trabajaron incansablemente durante más de 20 meses para denunciar esta injusticia. Una sentencia condenatoria hubiera sido una sentencia de muerte para nuestros compañeros, ya que las condiciones inhumanas de las cárceles salvadoreñas se han convertido en una trampa mortal para personas de edad avanzada que padecen enfermedades crónicas”, dijo Vidalina Morales, presidenta de la Asociación de Desarrollo Económico y Social de Santa Marta (ADES). “Exhortamos a la Fiscalía General a no apelar esta decisión ante los tribunales superiores, pero estamos dispuestos a acudir al sistema internacional de derechos humanos si es necesario para defender su inocencia y su vida”.
“Como hemos dicho, la absolución de nuestros defensores ambientales era el único resultado legal y justo. Esta sentencia también defiende los intereses y el bienestar del país”, continuó Morales. “Reconocemos el profesionalismo, la independencia y la valentía de los jueces del Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque, quienes aplicaron correctamente la ley y no han cedido a las presiones e intereses extrajudiciales que conspiraron para inventar este caso”.
“Aplaudimos el veredicto. Es una victoria importante para la justicia ambiental y los derechos humanos”, dijo Viviana Herrera, Coordinadora del Programa de América Latina de MiningWatch Canadá. “Nos unimos a la sociedad civil salvadoreña, en particular a las organizaciones ambientales como ADES, que han trabajado arduamente en el caso, y esperamos que siente un precedente para cualquier caso futuro de defensores del agua que se enfrenten a un procesamiento por motivos políticos en El Salvador”.
“Con unidad, convicción y valentía, y con un apoyo internacional abrumador, el movimiento popular salvadoreño detuvo hoy una grave injusticia”, dijo Alexis Stoumbelis, director organizativo del Comité en Solidaridad con el Pueblo de El Salvador (CISPES). “No debió haber sido necesario veinte meses de una campaña nacional e internacional masiva para liberar a estos líderes comunitarios cuando no había evidencia de que hubiera ocurrido un crimen, y todo el mundo lo sabía. Es por eso que las organizaciones internacionales y los gobiernos también deben sumarse al llamado de libertad y justicia para las decenas de líderes sindicales, defensores de la tierra y líderes comunitarios que han denunciado ataques a sus derechos y a la democracia y ahora están en la cárcel, enfrentando cargos falsos, o en el exilio, y para las decenas de miles que han sido detenidos arbitrariamente bajo el estado de excepción. Sus vidas están en peligro cada día que permanecen en prisión”.
Esta declaración cuenta con el respaldo de las siguientes 14 organizaciones: Aliados Internacionales contra la Minería en El Salvador, Americas Policy Group/Groupe d’orientation politique pour les Amériques (APG-GOPA), la Alianza Centroamericana de Minería (ACAFREMIN), el Comité en Solidaridad con el Pueblo de El Salvador (CISPES), Fronteras Comunes, CoDevelopment Canada, el Institute for Policy Studies Trade and Mining Project, InterPares, MiningWatch Canada, Pax Christi Internacional, la Fundación SHARE, Hermanas de la Misericordia de las Américas – Equipo de Justicia, la Iglesia Unida de Canadá y la Washington Ethical Society.
Contactos de prensa:
- John Cavanagh, Instituto de Estudios Políticos: johnc@ips-dc.org , +1 (202) 297-4823
- Pedro Cabezas, Alianza Centroamericana Contra la Minería (ACAFREMIN) y Aliados Internacionales Contra la Minería en El Salvador: stopesmining@gmail.com , +503-7498-4423
- Olivia Alperstein, Instituto de Estudios Políticos: olivia@ips-dc.org , +1 (202) 704-9011
- Viviana Herrera, Vigilancia Minera Canadá: viviana@miningwatch.ca , +1 (438) 993-1264
- Christie Neufeldt, Iglesia Unida de Canadá: cneufeldt@united-church.ca , +1 (231) 7680 ext. 4078
- Profesor Jorge Cuéllar, Miembro de la Delegación Internacional Observadora del Juicio, jorge.cuellar@dartmouth.edu
- Profesor Bernie Hammond, miembro de la delegación internacional que observa el juicio, berniehammond@gmail.com
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https://mailchi.mp/6ab234cd2b0e/call-for-support-international-week-of-action-to-demand-the-release-of-the5-water-defenders-of-santa-marta-10131346?e=bf0fd83c52