La decisión unánime del Tribunal Supremo del Reino Unido, que definió legalmente la palabra “mujer” únicamente con respecto al sexo biológico, constituye sin duda un fuerte revés para el progreso hacia la igualdad, no solo de las mujeres trans, sino de todas las minorías. Esta resolución se produjo como resultado de la demanda presentada por el grupo feminista tránsfobo For Women Scotland, que se dedica a excluir del feminismo a diferentes identidades de género en su lucha contra la transexualidad. De este modo, no solo se niega la existencia jurídica de las mujeres trans como mujeres con pleno derecho, sino que también se legitima una opinión que está tomando cuerpo en nuestros tiempos y que busca revertir las pequeñísimas conquistas de derechos que hemos conseguido las minorías. En realidad, estamos hablando de una quiebra democrática, ya que lo que define a nuestro sistema es la protección de los derechos de los más débiles.
Este tipo de decisiones no se queda en el papel de un código legislativo: tiene consecuencias muy reales, inmediatas y tremendamente crueles para la vida de las mujeres trans. A partir de ahora, las mujeres trans pueden ser legalmente excluidas de espacios concebidos para mujeres, como refugios para víctimas de violencia de género, vestuarios, baños públicos o prisiones. Incluso si han obtenido un Certificado de Reconocimiento de Género —el documento oficial que reconoce su identidad— seguirán siendo consideradas legalmente “hombres”. Esto significa que muchas serán enviadas a cárceles masculinas, con el riesgo que ello conlleva para su vida; obligadas a usar baños donde corren peligro de sufrir agresiones; o directamente vetadas de actividades que forman parte del derecho a una vida plena.
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Por otro lado, esta exclusión legal crea un precedente desde el cual se puede debilitar el acceso de las mujeres trans a políticas de igualdad: no podrán ser consideradas para cuotas de representación femenina, ni para programas de apoyo a mujeres vulnerables, ni como beneficiarias de medidas específicas contra la desigualdad. El mensaje que se envía es brutal: el tribunal británico, y por extensión el país, las ha borrado como mujeres. No importan los padecimientos históricos que haya sufrido este colectivo. Para la ley, estas mujeres no existen.
Y, como ocurre siempre, esta violencia legal golpeará de forma aún más brutal a quienes habitan los márgenes de los márgenes de la exclusión: mujeres trans negras, inmigrantes, con ingresos escasos, sin apoyo social. Son ellas las más vulnerables, las más desfavorecidas, las más ignoradas.
Este fallo judicial no es casual. Es una pieza más de un movimiento mundial de respuesta a los avances en derechos que hemos conquistado las minorías después de décadas de lucha. Lo sucedido en el Reino Unido se ha convertido también en política federal en los Estados Unidos de Donald Trump, que ha iniciado una ofensiva contra las personas trans y contra cualquier política de inclusión de minorías o grupos socialmente marginados. Bajo el pretexto de “salvar a los jóvenes”, se están limitando tratamientos de transición, impidiendo el uso de nombres elegidos, atacando a familias con hijos trans y eliminando los programas de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI) en instituciones educativas y empresas. En diversos estados se están retirando libros que tratan sobre racismo, sexualidad o género de las bibliotecas públicas. Se está suprimiendo el lenguaje, la memoria y la presencia de quienes no se alinean con su concepto de nación blanca, cristiana, binaria y heterosexual.
Lo más alarmante es que esta ofensiva cuenta con el apoyo de un sector del feminismo que ha decidido aliarse con la extrema derecha más recalcitrante. Ayer celebraban el fallo tanto Barbijaputa como HazteOír. Este llamado “feminismo crítico del género”, pese a su discurso aparentemente progresista, reproduce lógicas de exclusión y ha celebrado con enorme júbilo la pérdida de derechos de un colectivo minoritario y especialmente desamparado. Y, como suele suceder, quienes se atribuyen la representación de “todas las mujeres” lo hacen desde la blanquitud, desde el privilegio económico, desde la experiencia cisnormativa. La idea de “mujer”, bajo la influencia de estas voces, se transforma en un bien exclusivo, reservado para quienes ocupan un lugar desde el que otras no tienen derecho a estar. Lo sabemos bien las mujeres negras.
¿Pero cuál es la magnitud real del problema que estos sectores feministas tránsfobos aseguran que está acabando con los derechos de las mujeres? En el Reino Unido no existen datos fiables, pero en España, la Ley Trans —que entró en vigor el 2 de marzo de 2023 y permite a cualquier persona cambiar su sexo en el Registro Civil sin más requisitos que su deseo expreso— ha generado desde su implementación hasta finales de 2024 un total de 10.670 cambios de sexo. En 2023 se realizaron 5.139 cambios, y en 2024 la cifra aumentó a 5.531. Esto supone apenas el 0,0217 % de la población total de España.
Desde Afroféminas no podemos quedarnos calladas. Este no es solo un ataque a las personas trans: es un ataque a la idea misma de los derechos humanos como algo expansivo e inclusivo. Es un aviso de que lo que se nos dio con una mano, nos lo pueden arrebatar con la otra. Y que, si no nos defendemos entre nosotras —entre todas—, corremos el riesgo de que el feminismo se convierta en un instrumento de opresión para muchas mujeres que no encajan en los moldes del poder.
Porque no hay libertad sin libertad trans.
Porque la interseccionalidad no es una teoría para los libros: es una necesidad para nuestra vida.
Y porque lo que le hacen a las más vulnerables, tarde o temprano, se vuelve norma para el resto.