La criminalidad en España se presenta cada año como un conjunto de cifras que parecen neutrales y objetivas. Sin embargo, cuando se analizan con mirada crítica desde el antirracismo y el feminismo negro, se descubre que los números esconden un patrón constante de racismo institucional. El caso del País Vasco en 2025 es ilustrativo. Esta comunidad ha sido la primera en publicar todos los datos desagregados por nacionalidad, revelando que más del 64% de las personas detenidas eran extranjeras, aunque la población migrante apenas alcanza el 14%. Esta sobrerrepresentación no puede explicarse únicamente por la realidad social, sino por prácticas de perfilado racial y por un sistema policial y judicial que criminaliza la extranjería.

El INE muestra que la tasa de condena de personas extranjeras es de 14,6 por cada mil habitantes, frente a 5,8 en el caso de nacionales. La diferencia es notable y se debe, en gran parte, a que en algunas comunidades las detenciones de extranjeros superen el 50% de los casos. Si extrapolamos el patrón vasco al conjunto del Estado, encontramos que en Baleares, con un 18% de población extranjera, las condenas esperadas serían del 27%, mientras las detenciones podrían alcanzar el 60%. En Madrid y Cataluña, con un 15% de población extranjera, las condenas esperadas rondarían el 25%, mientras las detenciones se dispararían hasta el 55%. En comunidades con menor presencia migrante, como Galicia o Aragón, el contraste es aún más evidente. Con un 7% y un 10% de población extranjera respectivamente, las condenas esperadas serían del 12% y 18%, mientras las detenciones podrían llegar al 30% y 40%. Estas cifras revelan un sesgo que no se sostiene en términos judiciales y que apunta directamente a la práctica sistemática de discriminación racial.

El informe SOS Racismo 2025 confirma esta realidad. De las denuncias recogidas, un 34% se refieren a racismo institucional y un 83% a racismo policial. El CEDRE añade que la percepción de discriminación en seguridad pública es una constante entre personas racializadas. Ambos informes coinciden en que la Ley de Extranjería y los CIE son espacios donde el racismo se normaliza y se legitima. La criminalización de la migración se convierte en un mecanismo de control social que afecta de manera desproporcionada a quienes somos percibidos como «otros».

Si observamos las tipologías delictivas, el sesgo se concentra en los delitos patrimoniales y sexuales. Los hurtos y robos, que representan más del 40% de la criminalidad convencional, son el terreno donde más se aplica el perfilado racial. Los delitos sexuales, que han aumentado un 5,3% en 2025, también muestran un patrón de sobrerrepresentación de extranjeros en detenciones, aunque las condenas no reflejan esa misma proporción. En cambio, en delitos como el cibercrimen, donde las estafas informáticas son predominantes, la brecha se reduce. Esto sugiere que el sesgo policial se activa en aquellos delitos más visibles en el espacio público, donde la apariencia y el origen se convierten en criterios de sospecha.

El racismo institucional es una estructura que atraviesa la vida cotidiana de las personas racializadas. La sobrerrepresentación en detenciones es una forma de violencia que refuerza estereotipos y legitima la exclusión. La mirada decolonial nos permite entender que el Estado utiliza la criminalización como herramienta de control, perpetuando desigualdades históricas. La criminalización de la extranjería se convierte en un dispositivo que alimenta discursos xenófobos y justifica políticas restrictivas.

El análisis de datos revela lagunas importantes. No existen estadísticas oficiales de detenciones por nacionalidad a nivel estatal, lo que impide un debate transparente. Esta ausencia no es casual. La opacidad en la información es una estrategia que dificulta la denuncia del racismo institucional. Por eso, el trabajo de organizaciones como SOS Racismo y CEDRE es fundamental. Sus informes aportan evidencia cualitativa que complementa los datos cuantitativos y permiten visibilizar lo que las cifras oficiales ocultan.

El sistema policial y judicial en España reproduce un patrón de discriminación que coloca a las personas extranjeras en el centro de la sospecha. Las detenciones sobrerrepresentadas, las condenas que no justifican esa diferencia y la falta de transparencia en los datos son señales de un racismo estructural que debe ser denunciado. La lucha antirracista exige acceso a la información, cuestionar las prácticas de perfilado racial y desmontar la narrativa que asocia extranjería con criminalidad. Avanzaremos hacia una sociedad que reconozca la dignidad de todas las personas cuando rompamos con la lógica colonial que aún persiste en nuestras instituciones.

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