Tras la publicación de la verdadera identidad de Juancar, que pasó dos años infiltrado en movimientos sociales de Madrid, uno de los componentes que compartió espacio con él en Distrito 14 ha recibido amenazas veladas de este funcionario. Según ha desvelado a través de unas capturas de una conversación privada en la red social Instagram, el agente Carlos P.M. le espetó que, como se lo cruzase se iba a “emparanoiar(sic), más como vaya con la navaja de mi abuelo”.  Además, añadió que “ya no entiendo de palabras, solo hablo en Askari”.

El agente, que reconoce así de forma implícita la veracidad de las informaciones publicadas y su identidad verdadera como funcionario del cuerpo de policía nacional, también reconoció su ideología ultra: “sigo siendo ultra”. Y acabó amenazando a este militante: “tú procura que no te encuentre”.

Comunicado conjunto de los grupos de apoyo: El espionaje es tortura

Grupos de apoyo a las personas afectadas por la infiltración policial han hecho público un comunicado conjunto tras el nuevo caso desvelado por El Salto, el octavo destapado desde que en junio de 2022 La Directa publicó un reportaje de investigación que exponía el caso de Ignacio J.E.. Los diferentes grupos han anunciado que se van a unir para tratar de buscar una reparación efectiva ante los daños causados por esta práctia policial.

Tras destaparse el primer caso de infiltración, que pasó años dentro del movimiento por el derecho a la vivienda y en la izquierda independentista en Barcelona, las personas que habían formado parte del entorno de este espionaje empezaron un proceso de reflexión colectiva sobre los efectos que esta práctica policial había dejado en ellas.  “Durante estos dos años, hemos descubierto que muchas de nosotras hemos compartido nuestra vida, relaciones sexo afectivas, cotidianidad, amistad, vivienda y militancia con agentes infiltrados del Cuerpo Nacional de Policía. Estos entraron en nuestras vidas mediante el engaño, la manipulación, la cosificación y la instrumentalización”, explican en el citado comunicado conjunto.

Denuncian que han sido convertidos en “objeto de estudio”  por el Cuerpo Nacional de Policía, el Ministerio de Interior y la Comisaría General de Información, y que se les ha “monitorizado información ilegalmente de nuestra vida y nuestros entornos”

Denuncian que han sido convertidos en “objeto de estudio”  por el Cuerpo Nacional de Policía, el Ministerio de Interior y la Comisaría General de Información. Y que se les ha “monitorizado información ilegalmente de nuestra vida y nuestros entornos”.

Espionaje que se ha dado en espacios militantes de diversas tendencias, como entornos y organizaciones independentistas, anarquistas, libertarias, ecologistas, antirrepresivas, feministas, antirracistas, antifascistas, casales, ateneos, centros sociales okupados, en definitiva, “movimientos sociales y otros espacios que luchamos por una vida digna”, aseguran.

Los grupos de apoyo a las víctimas del espionaje han decidido unirse, “para reparar parte del daño causado por las operaciones de espionaje de estado y para romper con la impunidad policial”

Los grupos de apoyo califican la infiltración policial como “práctica de espionaje ilegal, inhumana y falta de toda ética, perpetrada por un estado que ha traspasado todas las líneas rojas”. Y anuncian que han decidido unirse, “para reparar parte del daño causado por las operaciones de espionaje de Estado y, sobre todo, nos hemos organizado para romper con la impunidad policial”.

En el comunicado hacen hincapié en que este tipo de prácticas policiales son “torturas”, y lamentan que “el Ministerio de Interior y la Comisaría General de Información permanezcan en silencio delante de cada nuevo infiltrado descubierto”. En el comunicado recuerdan que el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, justificó estas prácticas como necesarias para mantener la seguridad nacional, negándose a proporcionar más información, acogiéndose a la ley franquista de Secretos Oficiales (Ley 9/1968).

OPINIÓNInfiltrados en la democracia

PABLO ELORDUY

Para las afectadas, “es evidente que estas operaciones no están avaladas por ninguna causa judicial, ni cumplen con los principios de legalidad y proporcionalidad. Son operaciones que tienen como única finalidad el control social, la represión y la vigilancia de los movimientos sociales”. Algo que supone, según señalan, un “atentando contra la democracia, la libertad de todas nosotras y, sobre todo, ponen en riesgo nuestra vida y salud mental”.

Recuerdan que algunas de estas víctimas de espionajes han presentado querellas contra los policías y sus mandos responsables, “pero observamos con rabia e impotencia como el poder judicial se mantiene impasible e inactivo”. Desde los grupos señalan que sus derechos fundamentales han sido “vulnerados, objetivizándonos sin ningún tipo de respeto por nuestra intimidad, integridad moral, libertad de expresión, reunión y protesta, ni por nuestra manera de relacionarnos sexo afectivamente”. Exponen que “esta acción coordinada por el Estado, el Ministerio de Interior y la Comisaría General de Información, ha causado un dolor irreparable y lucharemos hasta el final, para continuar desenmascarando la verdadera identidad de todos los policías infiltrados y condenar a todos sus responsables, tanto social como judicialmente”.

En el comunicado, los grupos apuntan que “sabemos quién son los culpables. ¿Cuántas infiltraciones más tienen que publicarse para que alguien dé respuestas?” Y conminan a que el silencio no sea una opción. “Tenemos que acabar con estos mecanismos de represión y vulneración de derechos”, sentencian.