El jueves de la semana pasada la policía antiterrorista británica asaltó la casa de Asa Winstanley, editor de The Electronic Intifada, uno de los mejores medios informativos del mundo sobre Palestina.

Alrededor de 10 policías llegaron a la vivienda en el norte de Londres y le entregaron al periodista órdenes judiciales y otros documentos que les autorizaban a registrar su casa y su vehículo en busca de dispositivos y documentos.

El policía que dirigió el asalto le informó que están investigando varios delitos incluidos de la ley antiterrorista de 2006 que definen como “fomento del terrorismo”. La investigación estaba vinculada a sus publicaciones en las redes sociales.

La policía británica encuadra el asalto a la vivienda dentro de la Operación Incesantness, lo que indica una campaña más amplia de represión política contra quienes critican las grandes matanzas de Israel, que cuentan con el apoyo pleno del gobierno laborista británico.

Aunque sus dispositivos fueron incautados, Winstanley no fue detenido ni acusado de ningún delito, aunque le confiscaron varios dispositivos electrónicos.

Winstanley escribe en varias redes sociales y tiene más de 100.000 seguidores en X/Twitter, donde frecuentemente comparte sus comentarios sobre los crímenes de Israel contra el pueblo palestino, el apoyo del gobierno británico a esos crímenes y la resistencia palestina a la ocupación israelí, el apartheid y el genocidio.

Human Rights Watch ha pedido al gobierno laborista de Londres que derogue las disposiciones represivas de la ley antiterrorista, señalando que “la definición del delito de complicidad con el terrorismo es demasiado amplia, lo que genera serias preocupaciones sobre un ataque injustificado a la libertad de expresión”.

En agosto la Fiscalía emitió una advertencia dirigida contra la población, instando a “pensar antes de publicar” y amenazando con procesar a cualquiera que encontrara culpable de lo que llama “violencia en línea”.

No se trata sólo de represión política, ni de la desaparición de la libertad de expresión, sino además del precedente establecido por España: escribir en las redes sociales es un delito de terrorismo, incluso aunque las opiniones se refieren a lugares remotos, como Oriente Medio.

Los países europeos consideran como cosa propia la defensa de Israel y no vacilan a la hora de silenciar sus matanzas en Gaza y Libano.

Desde 2019 el Partido Laborista ha lanzado varias amenazas contra Winstanley, en especial por uno de sus libros (“Weaponising Anti-Semitism”), escrito en 2022, en el que explica la manera en que los grupos de presión israelíés derribaron a Jeremy Corbyn al frente del laborismo.

Ahora que están al frente del gobierno, los laboristas tienen la oportunidad de utilizar la maquinaria del Estado contra Winstanley y aquellos a los que consideran sus adversarios políticos y los de Israel.

En diciembre Winstanley informó que la policía antiterrorista británica había arrestado a Mick Napier y Tony Greenstein, dos destacados militantes, por decir que apoyaban el derecho de los palestinos a resistir a Israel, un derecho consagrado en el derecho internacional.

Para concederle la libertad provisional con fianza, a Greenstein, que es colaborador de The Electronic Intifada, le ordenaron dejar de publicar en las redes sociales mensajes relacionados con la guerra en Gaza.

A mediados de agosto, el periodista británico Richard Medhurst fue detenido a su llegada al aeropuerto de Heathrow en Londres en aplicación de la ley antiterrorista. Le confiscaron su teléfono y los dispositivos de audio que utilizaba para sus actividades periodísticas.

“El arresto y detención de Richard Medhurst durante casi 24 horas en virtud de la legislación antiterrorista es profundamente preocupante y es probable que tenga un efecto paralizador en los periodistas de Reino Unido y de todo el mundo que temen ser arrestados por las autoridades británicas simplemente por hacer su trabajo”, dijeron Michelle Stanistreet, secretario general del Sindicato Nacional de Periodistas de Reino Unido, y Anthony Bellanger, secretario general de la Federación Internacional de Periodistas, en un comunicado de prensa conjunto.

La policía británica recurre de manera creciente a la legislación antiterrorista contra los periodistas, agregaron Stanistreet y Bellanger. Las facultades de la legislación antiterrorista no se deben usar contra periodistas “de una manera que inevitablemente sofoque la libertad de prensa”, añadieron.

A pesar de las protestas, la policía siguió a lo suyo. En agosto asaltaron la vivienda de Sarah Wilkinson, una solidaria con Palestina, por un mensaje que publicó en línea.

—http://www.presos.org.es/index.php/2024/10/22/el-periodismo-tambien-es-un-delito-muy-grave-de-terrorismo-en-reino-unido-por-juanma-olarieta/