Fuente: https://www.wsws.org/es/articles/2023/05/30/peru-m30.html?pk_campaign=newsletter&pk_kwd=wsws Bill Van Auken
El Comando Sur de EE.UU. (SOUTHCOM), el supervisor del Pentágono para América Latina y el Caribe, enviará cientos de marines y tropas de fuerzas especiales a Perú a partir de esta misma semana, para entrenar a unidades de fuerzas especiales militares y de la Policía Nacional de Perú. Estas mismas fuerzas han llevado a cabo masacres y ejecuciones extrajudiciales para reprimir las protestas masivas contra el régimen golpista de Dina Boluarte.
El Congreso de Perú, dominado por el partido ultraderechista Fuerza Popular y sus aliados, aprobó el despliegue estadounidense por un margen de dos a uno a principios de este mes. El Congreso se ha unido al régimen de Boluarte y al poder judicial en la consolidación de un Estado autoritario para reprimir a la clase trabajadora y a las masas oprimidas de Perú.
La represión de las revueltas de masas que comenzaron el pasado diciembre en respuesta a la destitución y detención del presidente Pedro Castillo se ha saldado con un balance oficial de casi 70 muertos, muchos de ellos por disparos de la policía y el ejército. Muchos cientos más han resultado gravemente heridos.
El envío de tropas de EE.UU. a Perú, aunque en gran medida ocultado por los medios de comunicación peruanos y estadounidenses, constituye una demostración inequívoca de apoyo por parte de la administración Biden y el Pentágono a esta sangrienta represión. También es un intento de explotar la crisis que afecta al país para fomentar el dominio imperialista estadounidense en la región, utilizando medios militares.
El fiscal superior de Perú ha citado a Boluarte a declarar la próxima semana en una investigación abierta a principios de este año sobre su presunto papel en la muerte de manifestantes asesinados en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad tras la destitución de Castillo. Ella, junto con altos ministros del gobierno, están siendo supuestamente investigados por presuntos delitos de ‘genocidio, homicidio agravado y lesiones graves’.
Sin embargo, un informe publicado la semana pasada por Amnistía Internacional sugiere claramente que esta investigación es una farsa. En él se afirma que la Fiscalía General de Perú aún no ha interrogado a un solo miembro de las fuerzas de seguridad peruanas implicado en los homicidios masivos, mientras que la ‘falta de recursos, expertos y fiscales asignados a estos casos, más una serie de medidas institucionales adoptadas por el Fiscal General… han socavado la investigación y la recopilación de pruebas clave’.
El informe de Amnistía afirma que el uso de munición real contra manifestantes desarmados en cuatro regiones distintas de Perú sugiere la ‘responsabilidad de los mandos más altos, al menos, del Partido Nacionalista Peruano y del Ejército Peruano’ en una ‘respuesta estatal deliberada y coordinada’ para ahogar en sangre las protestas sociales. Además, acusó a Boluarte y a sus ministros de trabajar para ‘estigmatizar’ a los asesinados. Hicieron ‘declaraciones infundadas que tachaban a los manifestantes de terroristas y elogiaban la actuación de las fuerzas de seguridad peruanas’.
Al examinar las víctimas mortales en las zonas de conflicto de Andahuaylas, Chincheros, Ayacucho y Juliaca, Amnistía identificó a varios de los fallecidos como jóvenes de 15 y 16 años. Hilaria Aime Gutiérrez, madre de Christopher Ramos, asesinado por los militares en Ayacucho, declaró al grupo de derechos humanos: ‘¿Cómo puede ser terrorista un niño de 15 años? ¿Cómo puede ser terrorista un niño que ahorraba dinero todos los días para salir adelante? (…) No se puede tratar así a un adolescente, era mi pequeño, mi hijo amado’.
Amnistía Internacional ha advertido de que, como consecuencia de las recientes leyes y enmiendas aprobadas por el Congreso de derechas, las fuerzas de seguridad de Perú gozan de un nivel de impunidad que permite a los ‘responsables de graves violaciones de derechos humanos eludir la justicia’.
Esta impunidad no ha hecho más que aumentar con la reciente sentencia del Tribunal Supremo de Perú, según la cual no existe de hecho derecho a la protesta en virtud de la Constitución peruana, impuesta por el régimen dictatorial de Alberto Fujimori en 1993. La sentencia se dictó al rechazar un recurso de cuatro personas condenadas por participar en el bloqueo de camiones en el proyecto minero Las Bambas, una forma habitual de protesta de las comunidades campesinas contra la devastación de sus tierras por las empresas mineras transnacionales.
El alto tribunal consideró que cualquier protesta que ‘pudiera’ atentar contra los derechos de cualquier persona o contra el funcionamiento del sistema económico capitalista peruano, aunque sea pacífica, constituye una actividad delictiva.
El informe de Amnistía sigue a otro emitido el mes pasado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la que Perú es miembro. En él también se declaraba a la policía y al ejército peruanos culpables de ‘uso excesivo, indiscriminado y letal de la fuerza’ en la represión de las protestas en el sur del país en diciembre y enero, tras la destitución de Castillo. También condenó al régimen de Boluarte por ‘la estigmatización’ de campesinos e indígenas con las falsas acusaciones de que eran ‘terroristas’, justificando así las masacres.
A una conclusión similar llegó Nyaletsossi Voule, relator especial de la ONU sobre los derechos de reunión pacífica y de asociación, en una declaración al término de una reciente visita oficial de 10 días a Perú: ‘El uso excesivo y desproporcionado de la fuerza provocó la muerte y lesiones de manifestantes y transeúntes durante las protestas que comenzaron en diciembre de 2022’. Insistió además en que ‘los responsables de violaciones de los derechos humanos durante las protestas rindan cuentas de manera efectiva.’ Nada de eso, por supuesto, ha tenido lugar.
Este es, pues, el régimen paria y sus fuerzas de seguridad al que el ejército estadounidense y la administración Biden se disponen a proporcionar ‘apoyo y asistencia’. Las tropas estadounidenses van a ser desplegadas en algunas de las mismas regiones donde las calles estaban inundadas de sangre y donde se están organizando y preparando nuevas huelgas y protestas. Se les envía para ayudar a apuntalar un régimen que es abrumadoramente odiado por las masas peruanas. El índice de aprobación más alto que ha recibido Boluarte en las últimas encuestas es del 16%, mientras que el del Congreso es aún más bajo.
Incluso mientras se preparan las tropas para su despliegue en Perú, el Comando Sur de EE.UU. anunció el 23 de mayo el nombramiento de un general peruano, el general de brigada Marco Marín, como general al mando adjunto de interoperabilidad del Ejército Sur de EE.UU., garantizando así la más estrecha colaboración entre el Pentágono y las represivas fuerzas de seguridad peruanas.
No se trata de un error de identidad. El régimen de Boluarte llegó al poder con la connivencia directa de Washington. La embajadora de Estados Unidos en Perú, Lisa Kenna, veterana de la CIA y ex alta asesora del secretario de Estado de Trump, Mike Pompeo, en la misma víspera del golpe parlamentario que derrocó a Castillo, organizó una reunión con el ministro de Defensa peruano, Gustavo Bobbias, para asegurarse de que los militares emitieran su voto decisivo a favor de derrocar al presidente peruano.
La expedición peruana del Comando Sur de EE.UU. expone la hipocresía de la incesante invocación de los ‘derechos humanos’ por parte de Washington para encubrir la persecución de sus intereses imperialistas, desde Ucrania hasta el Pacífico y la propia América Latina.
En Perú, estos intereses son evidentes. El país es el segundo productor mundial de cobre y se espera que extraiga 2,8 millones de toneladas este año. En la región meridional de Puno, cerca de la frontera con Bolivia, se han iniciado prospecciones de yacimientos de litio. Ambos metales son de importancia estratégica en la carrera por desarrollar vehículos eléctricos y energías ‘limpias’. Perú es también un importante productor de oro, zinc, plata y gas natural.
China ha eclipsado a Estados Unidos como principal socio comercial de Perú, al tiempo que realiza cuantiosas inversiones en minería, así como en el desarrollo de infraestructuras, incluido el único puerto gestionado por China en América Latina. Pekín y Lima tienen un acuerdo de libre comercio, y Perú ha pasado a formar parte de la iniciativa china ‘la Franja y la Ruta’. Según la embajada de China en Perú, el comercio entre ambos países superó los 37.000 millones de dólares en 2021, más del doble que entre Perú y Estados Unidos. Para América Latina en su conjunto, el comercio con China se ha disparado de $12 mil millones en 2000 a $495 mil millones en 2022.
El apoyo al régimen golpista y el despliegue de tropas en Perú forman parte de la estrategia de Washington en el hemisferio. Se basa en el militarismo y en el apoyo a las oligarquías contrarrevolucionarias de la región para compensar la dramática erosión de la hegemonía económica de Estados Unidos, al tiempo que pronuncia frases sobre ‘derechos humanos’ y ‘democracia’.
En Perú, donde seis presidentes han sido derrocados en cinco años y prácticamente todas las figuras políticas importantes están implicadas en escándalos de corrupción, Washington está tratando de fortalecer el ejército como instrumento para dominar el Estado y llevar a cabo la represión contrarrevolucionaria, al tiempo que sirve de contrapeso alineado con Estados Unidos a la influencia económica de China.
La determinación del imperialismo estadounidense de convertir América Latina en un campo de batalla en el camino hacia una tercera guerra mundial plantea inmensos peligros para las masas trabajadoras de la región. Estados Unidos está reviviendo sus trillados métodos de militarismo, golpes de Estado y dictadura en su intento de reafirmar la hegemonía en una región que durante mucho tiempo consideró despectivamente como su ‘patio trasero’.
La amarga experiencia ha demostrado que estas amenazas no pueden contrarrestarse confiando en políticos y partidos burgueses supuestamente de ‘izquierda’. Desde Castillo en Perú, pasando por el PT en Brasil, el gobierno de Boric en Chile y en otros lugares de la región, los gobiernos de la llamada ‘marea rosa’ sólo han allanado el camino al ascenso de las fuerzas más derechistas y a la intensificación de los ataques contra la clase obrera.
El mayor peligro al que se enfrenta la clase obrera latinoamericana es la ausencia de una dirección revolucionaria basada en un programa internacionalista y socialista. Esto debe ser respondido a través de la construcción de secciones del Comité Internacional de la Cuarta Internacional (CICI).
(Publicado originalmente en inglés el 28 de mayo de 2023)