Los suizos rechazaron el proyecto de identidad digital en un referéndum convocado en 2021, en plena pandemia, y ahora los medios anuncian a bombo y platillo su implementación.

En 2021 el proyecto fue rechazado por el 64 por cien de los votos a causa de la gestión privada y la centralización de datos. Para justificar la manipulación, los medios reinterpretan el significado de los votos: el rechazo se debía únicamente a que la tecnología de identidad digital la gestionaban empresas privadas, en lugar del propio Estado.

La manipulación fue anunciada en noviembre del año pasado por el Consejo Federal. Para tranquilizar la mala conciencia, Berna declaró que dicha identidad digital sería “gratuita, opcional, fácil de utilizar y enteramente en manos del Estado”.

Cualquier persona que tenga un documento de identidad o pasaporte suizo o un permiso de residencia para extranjeros puede solicitar un documento de identidad electrónico, en línea o a través del servicio de pasaportes. Posibilidad solicitada durante el procedimiento de consulta.

Será posible utilizarlo en Internet, por ejemplo, para solicitar un extracto de antecedentes penales, un permiso de conducción o un certificado de residencia. Pero también en el mundo físico a través de una aplicación de teléfono inteligente para demostrar la edad al comprar alcohol.

El Consejo Federal ha aprendido la lección de 2021, declaró a los medios de comunicación en Berna Elisabeth Baume-Schneider, consejera federal encargada de Justicia. “La ley ha sido repensada de la A a la Z, en particular en las cuestiones esenciales de seguridad y protección de datos”, añadió.

Pero, más allá del argumento del respeto a la intimidad y la seguridad de los datos, quienes se oponen a estos nuevos métodos de identificación también ven otros riesgos. La concentración de herramientas digitales en torno a la identificación electrónica es la clave para el establecimiento de una forma de vigilancia y gobierno mundial, que acabará con las libertades públicas.

El 30 de abril de este año se publicó en el Diario Oficial el reglamento europeo sobre identidad digital que “obliga a los Estados miembros a desarrollar al menos una aplicación móvil que permita a los ciudadanos europeos almacenar y utilizar datos vinculados a su identidad”.

Un primer intento de implementar un sistema de este tipo en Reino Unido se denominó “GOV.UK Verify”. Ante la falta de adopción por parte de los británicos y las numerosas críticas recibidas, el sistema fue finalmente abandonado en abril del año pasado. El gobierno relanzó inmediatamente un nuevo proyecto, esta vez llamado “One Login For Government”.