El hombre presentó una denuncia contra los dos agentes que lo arrestaron y contra el inspector jefe de la Policía Local de Vilamarxant por los presuntos delitos de detención ilegal, denuncia falsa y falsificación de documentos públicos.

Sin embargo, la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Llíria acordó el sobreseimiento provisional de la causa al considerar que la grabación era «ilegal». El letrado del hombre ha recurrido el auto dictado el 20 de abril.

Los hechos que dieron lugar a la detención se remontan al 12 de abril de 2022, cuando el hombre mantuvo una discusión con una vecina de su rellano. La mujer se metió en su domicilio «rebuscando en los armarios de su dormitorio», según la denuncia.

El hombre cerró la puerta de su vivienda, impidiendo la salida de la vecina al considerar que se estaban produciendo los presuntos delitos de allanamiento de morada y hurto. En ese momento, llamó a la Policía Local de Vilamarxant.

El hombre puso a grabar su teléfono móvil «para dejar constancia del buen trato ofrecido a su vecina». «Este hecho, a priori irrelevante, salvó a mi representado de ser condenado por un delito de atentado, además de recoger hechos de extrema gravedad cometidos por agentes de la autoridad», señala la denuncia del abogado.

Según la denuncia, la actitud del hombre fue «obediente, tranquila y respetuosa», accediendo «sin resistencia a ser engrilletado y trasladado a la comisaría de la Policía Local de Vilamarxant, en cuyo calabozo permaneció durante más de tres horas y donde tuvo que ser asistido por personal médico por un fuerte ataque de ansiedad».

Los objetos personales del detenido, una bufanda, las llaves de su casa y el teléfono móvil con la grabadora en marcha, fueron requisados. Tras ser entregado al cuartel de la Guardia Civil de Llíria, le comunicaron que estaba detenido por un presunto delito de atentado contra la autoridad y fue puesto en libertad.

El hombre descubrió, al desbloquear el teléfono, que el móvil «había estado grabando ininterrumpidamente hasta su puesta en libertad», algo de lo que los agentes no se habían percatado. El teléfono había grabado las conversaciones que mantuvieron mientras el detenido permanecía en la celda.

«La acusación por atentado a la autoridad había sido consecuencia de un montaje orquestado por los agentes que le habían detenido y por el jefe de la comisaría», indica la denuncia.

El atestado policial reseña que durante la discusión con la vecina, el hombre se encontraba «agresivo y violento» y que cuando la agente «intenta tranquilizarlo», el vecino se gira «de forma violenta» y la empuja contra la pared.

Al escuchar los audios queda fuera de toda duda que los policías, una vez cayeron en el error que habían cometido, urdieron un plan para eximirse de toda responsabilidad respecto de la detención incorrecta.

Por tanto, el detenido, según la denuncia, «fue sometido injustamente a un proceso judicial por culpa del capricho, la negligencia y la total irresponsabilidad de unos agentes de la autoridad a los que no les tembló el pulso a la hora de fabricar una acusación falsa por un delito de no poca importancia contra un ciudadano inocente, con el único fin de cubrir sus espaldas ante una actuación ya de inicio negligente».