En medio de una lucha constante por la autodeterminación y descolonización del Sáhara Occidental, el Frente POLISARIO ha realizado una denuncia contundente en contra de los acuerdos ilegales entre la Unión Europea y Marruecos, que incluyen los territorios ocupados.

En este caso, el POLISARIO ha formulado una acusación directa hacia el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno de España, Luis Planas, con respecto a su actuación en el conflicto del Sáhara Occidental. 

Los saharauis denuncian que el ministro español habría mantenido reuniones secretas con los jueces del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), con el fin de influir en la decisión judicial relacionada con el acuerdo de pesca entre la UE y Marruecos que permite a empresas europeas  explotar ilegalmente los recursos del pueblos saharaui pagando por ello al reino alauita.

Esta denuncia ha provocado un revuelo en el ámbito político y judicial, ya que implica una posible interferencia en un proceso legal de relevancia internacional, que compete al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en un conflicto de larga data como el del Sáhara Occidental.

Diversos sectores han expresado su preocupación ante esta situación, temiendo que los comentarios del Ministro puedan ser interpretados como un intento de influir en el proceso judicial.

El Frente POLISARIO ha insistido en que la realidad del Sáhara Occidental es clara y ha sido respaldada por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Como territorio pendiente de descolonización según las resoluciones de las Naciones Unidas, el Sáhara Occidental debe tratarse con especial cuidado y respeto a los derechos del pueblo saharaui.

El POLISARIO ha reiterado que cualquier actividad económica que se realice en el Sáhara Occidental debe contar con el consentimiento del pueblo saharaui, expresado a través de su legítimo representante, el Frente POLISARIO. 

La denuncia directa del Frente POLISARIO al Ministro del Gobierno de España sobre su actuación en el conflicto del Sáhara Occidental ha generado inquietudes y cuestionamientos. La comunidad internacional observa atentamente esta situación, consciente de la importancia de una resolución justa y pacífica para el pueblo saharaui, y con la expectativa de que cualquier actuación gubernamental respete la independencia y autonomía del proceso judicial.